Actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados el Proyecto enviado por el Ejecutivo que “establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil”.
Al respecto, me parece importante precisar algunos temas fundamentales. En primer término, es necesario cambiar la mirada del proyecto, ya que no se trata de crear un “Sistema de Emergencias y Protección Civil”, sino poner el énfasis en que se debe implementar un sistema integral de prevención y atención de desastres y de recuperación de su impacto, con una visión de transformación y desarrollo.
El objetivo fundamental de una norma como ésta debe ser evitar las pérdidas de vida, bienes sociales, económicos y ambientales.
En segundo término, es altamente preocupante, que en el actual proyecto se haya dejado fuera a las instituciones de voluntariado que tienen una larga trayectoria de trabajo y una formación altamente valorada y rigurosa en la materia, invirtiendo de sus propios recursos para su capacitación, perfeccionamiento y profesionalización y ahora, frente a la coyuntura de crear una nueva institucionalidad en el tema de desastres, no se considera su opinión en este proyecto.
Y en tercer término y como contrapartida a lo anterior, surge la duda sobre el rol que se le asigna en el proyecto a las Fuerzas Armadas. No se sabe cómo se definió la competencia de éstas en las tareas humanitarias.
Aunque es elemental considerar que éstas tienen las capacidades logísticas de gestión militar para coordinar una respuesta nacional ante un conflicto, ello no necesariamente les otorga la experiencia para coordinar las respuestas más eficientes ante un gran desastre.
Esta actividad requiere de experiencia en el área específica de gestión del riesgo y reducción del riesgo de desastres, por lo cual, surgen las dudas sobre cómo se evaluaron estas competencias para las FFAA.
El delegar con carácter fundamental el rol de las FFAA, “en las tareas vinculadas a la prevención y preparación ante emergencias, así como las labores de respuesta y en la entrega de ayuda humanitaria a la población” , nos lleva a preguntarnos, qué concepto humanitario se está considerando y cómo se garantiza, a través de las Fuerzas Armadas, los estándares humanitarios internacionales, si éstas son garantes, por sobre todo, de la seguridad nacional, y no de la mirada preventiva y en caso necesario de una respuesta humanitaria que requiere la gestión del riesgo y la reducción del mismo ante un desastre.
En este sentido es necesario poner en evidencia que muchas funciones que se otorgan a las FFAA, deberían ser responsabilidad de otros ministerios o agencias, tanto públicas como privadas: Obras Públicas, organismos de socorro, entidades humanitarias y de primera respuesta, como Bomberos, Cruz Roja, Scouts, etc.
En el Decreto N° 737 de 1971 del ministerio de Interior se menciona que las entidades que se deben consultar en el caso de diseño de proyectos de esta envergadura, son las entidades del Estado y los organismos de voluntariado reconocidos. Entonces surge la duda del por qué no se consideró la opinión de éstos en la redacción del actual proyecto, y sin embargo, se le asignan esas responsabilidades a las FFAA.
Chile necesita con urgencia generar una “cultura de prevención”, para lo cual es fundamental trabajar en la implementación de una estrategia que incorpore el concepto de “gestión de riesgo y reducción del riesgo de desastres”, para que estos sean parte de un plan país de desarrollo sostenible.
Sin duda, son estos y otros temas los que estarán presentes en la discusión del mencionado proyecto, cuando éste ingrese a la consideración del Senado.