En los últimos meses hemos visto cómo se han buscado responsabilidades políticas en las acciones que siguieron al terremoto del 27F. Es que el sismo del 2010 no sólo provocó daños de infraestructura. También constató que muchos organismos públicos –como el ministerio de RREE- no estaban preparados para un desafío de tal envergadura, al menos, durante los primeros días de ocurrido este trágico hecho.
El desestimar a priori ofrecimientos de ayuda internacional fue un error que seguramente se produjo al no tener un diagnóstico completo de lo sucedido.
Afortunadamente, esta confusa decisión fue enmendada y se constituyó al interior de la Cancillería una Unidad de Asistencia Internacional dedicada exclusivamente a racionalizar la gestión de los ofrecimientos de donaciones internacionales efectuadas a través de nuestras misiones en el exterior o las acreditadas en Chile, provenientes tanto de Gobiernos amigos como de particulares.
Por otra parte, y derivado de la necesidad de verificar el estado en que se encontraba el citado edificio, instruyéndose a las Embajadas, Consulados y Misiones de Chile en el exterior abstenerse de comunicarse con Santiago, salvo en casos urgentes, dado que por razones de seguridad el edificio se mantendría cerrado por unos días. ¿Qué consecuencias provocó esta decisión?
En estricto rigor, no tengo un conocimiento cabal ni certeza sobre como reaccionó nuestra Cancillería en esos días.
En lo personal, recuerdo que fue imposible contactarme con Santiago como consecuencia del corte de las comunicaciones a nivel local y nacional, con el agravante que como Cónsul de Chile en Zagreb era consultado permanentemente por la comunidad de chilenos residentes en Croacia, quienes alarmados por los efectos del terremoto – transmitido en vivo por CNN, BBC y otros medios de comunicación, deseaban conocer el estado de salud de sus familiares y amigos.
En virtud de lo anterior, nuestro Consulado intentó vanamente comunicarse con la ONEMI, Carabineros de Chile e incluso pedimos ayuda a un grupo de radioaficionados croatas quienes gentilmente colaboraron con este cometido. Finalmente, una vez que se restablecieron las comunicaciones con nuestro país, estas inquietudes fueron remitidas y tramitadas por la Dirección de Asuntos Consulares y de Inmigración, lo que permitió dar tranquilidad y una respuesta uniforme a los interesados.
Hoy en día, y derivado de lo anterior, se ha constituido el denominado Comité de Crisis de la Cancillería, el cual tiene como propósito reunirse en casos de emergencia, siendo presidido por el propio ministro de Relaciones Exteriores y otras altas autoridades del Ministerio. Este Comité ha debido intervenir en casos como el rescate de chilenos de Egipto y Japón.
En este contexto, la Asociación de Diplomáticos de Carrera -Adica- propuso el año pasado al ministro Alfredo Moreno la conformación de una Unidad de Reacción Rápida, cuyo propósito sería precisamente atender, apoyar e intervenir en casos de emergencia y, en especial, cuando esté comprometida la integridad física de ciudadanos chilenos en el exterior. Esta Unidad estaría integrada por funcionarios especializados y estrechamente vinculada al ministerio de Defensa. Sin embargo, no hemos tenido respuesta hasta la fecha.
Al respecto, cabe recordar que una operación de auxilio, protección, rescate o evacuación de connacionales requiere además de la buena voluntad del ministerio de Relaciones, Exteriores, el concurso del ministerio de Defensa, quien sería el encargado de proveer de medios humanos y materiales competentes, en aquellos casos en que se amerite dicha colaboración, sin perjuicio que pueden utilizarse otras opciones, como en la práctica se ha hecho (contratación de medios de transporte privados).
En ese sentido, la Ley 20.297 en su art. 15 señala que el Presidente de la República podrá disponer la rápida e inmediata salida del territorio nacional de tropas cuando se trate de “proteger, rescatar o evacuar a personas no combatientes ni armadas de nacionalidad chilena que se encuentren en una zona de conflicto armado con peligro inminente para sus vidas”, en conformidad con el derecho internacional.
En virtud de lo anterior, las Fuerzas Armadas y en especial la Fuerza Aérea de Chile requieren disponer de helicópteros y aviones de transporte suficientes para tal cometido.
Por lo mismo, el sentido y alcance de la norma legal es claro y no amerita otras interpretaciones; al menos, en “el papel” está todo relativamente claro.
Sin embargo, la realidad nos recuerda que debemos superar una serie de obstáculos para transformarnos en una potencia media en el ámbito internacional y como demostración de esta afirmación, paso a exponer brevemente un ejemplo concreto.
Meses atrás, debido a una situación de emergencia que afectaba a un grupo de connacionales en el extranjero, se solicitó oficiosamente al ministerio de Defensa un avión Hércules para su inmediata evacuación.
Grande fue nuestra sorpresa al informársenos que la FACH sólo contaba con 3 aviones de este tipo, uno de los cuales estaba asignado a Punta Arenas y que por compromisos previos, no era posible utilizar los servicios de los dos restantes. En consecuencia, como se podrá deducir, no fue posible evacuar a los chilenos por esa vía, debiendo hacerlo, pasado un tiempo prudente, por sus propios medios y con ayuda del Consulado competente.
No obstante lo anterior, convendría destacar el interés que existe entre ambos Ministerios por mejorar sus canales de comunicación y coordinación.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores este tema no debiera ser banal, porque otorgar asistencia y protección consular a los chilenos en el exterior es uno de los intereses de la política exterior de Chile, la que a su vez es ejecutada por funcionarios diplomáticos, profesionales, técnicos- administrativos y auxiliares de esta Secretaría de Estado.
Finalmente, una reestructuración de la Cancillería debería tener presente este tipo de propuestas, las que en definitiva buscan una mayor eficiencia, eficacia y profesionalización de su recurso humano.
Estas reformas que Adica lleva años proponiendo e insistiendo van en directo beneficio de la sociedad chilena en general, y de los chilenos residentes en el extranjero, en particular.