En una democracia, los ciudadanos deben tener derecho a manifestarse en forma ordenada y sin violencia (sin cometer delitos) a favor o en contra de cualquier idea o de cualquier persona.
Entonces, en una lógica democrática, los partidarios del pinochetismo (entendiendo por tal la añoranza del régimen dirigido por Pinochet) pueden organizar el acto que quieran, difundir su ideario y congratularse por las obras de su dirigente máximo.
La democracia es una institucionalidad sólida, fuerte, que permite que los antidemocráticos puedan postular a cualquier cargo y difundir sus ideas, pues si acaso llegan a ganar deberán atenerse a las reglas del juego y no a sus idearios. Por ejemplo, lo que sucede en Francia.
En las democracias débiles, como lo fue Alemania después de la primera guerra europea del siglo XX o la Venezuela reciente, el triunfo de los que no creen en la democracia puede llevar a la instalación de dictaduras desde el poder mismo.
En ese marco, una democracia débil debe protegerse. Eso es lo que los teóricos chilenos de la derecha llamaron “democracia protegida”, entendiendo que debían proteger su modelo de la avidez comunista y los arrestos totalitarios de una cierta izquierda. Pero, en verdad, la democracia chilena anterior al golpe de Estado era fuerte y por ello los comunistas, cuyo modelo ideal distaba mucho de la institucionalidad chilena, se ajustaron a la legalidad vigente y fueron, de entre todos los partidos de la UP, los más apegados al sistema constitucional.
La “democracia protegida” que instalaron los partidarios del pinochetismo (o semi democracia como acostumbro a denominarla) es una institucionalidad débil, en cuanto no tiene lo mecanismos suficientes como para frenar ofensivas de quienes, desde el gobierno, los cuarteles o las guerrillas, quieran apoderarse de las instituciones.
Por ello, debe limitarse el acceso al poder de aquellos que tengan propuestas totalitarias o de quienes – sin expresar propuestas con la claridad suficiente – en el pasado han demostrado con su comportamiento una falta de respeto por las instituciones, por los derechos humanos, por la voluntad popular o por el Estado de Derecho.
Tales personas no son otras que los propios partidarios del general Pinochet quien demostró su falta de respeto por las instituciones y las mayorías populares al ejecutar el golpe militar en contra de la democracia vigente entonces; su falta de respeto por los derechos humanos mientras ejerció el poder y por el estado de Derecho según sus comportamientos reiterados aun después del fin de su propio gobierno (“boinazo”, por ejemplo).
Quienes ponen en peligro la democracia son entonces, estos pinochetistas que al hacer un acto de homenaje – en ejercicio de una libertad básica – ponen en entredicho la estabilidad democrática pues están haciendo apología de la violencia y dando vida a una organización que pone en peligro la convivencia nacional y amenaza la institucionalidad del Estado.
Desde este punto de vista y más allá de la libertad esencial a la que cualquiera tendría derecho, no es sano que ellos puedan hacer actos en los que junto con recordar a su líder promueven conductas anti democráticas y atentatorias al Estado de Derecho, pues ello constituye un delito que cualquier democracia, más aun una que requiere ser protegida, debe sancionar duramente.
Así como no podría permitirse actos públicos para denostar a las autoridades judiciales como tales, promover la comisión de delitos de narco tráfico u otros por el estilo o hacer apología del delito, tampoco debe permitirse actos en los que se difunden ideas que afectan la esencia de la democracia.
Entre la libertad y el límite, en casos como éste hay que escoger por el límite.