El Servicio de Impuestos Interno ha procedido a “perdonar” el pago de intereses y multas a la firma Johnson’s, hace poco adquirida por Cencosud, empresa de Hörst Paulmann y que tenía, hasta hace poco, como su Gerente General al actual Ministro Laurence Golborne.
Parece que la petición de perdón presidencial ha empezado a permear a otras autoridades del Estado.
El monto de este beneficio, a uno de los empresarios mas ricos del país, es del orden de los 120 millones de dólares (60 mil millones de pesos), equivalentes a los recursos necesarios para solucionar el problema de 120 mil familias, deudoras del crédito estudiantil CORFO, que el gobierno dice que no se puede solucionar precisamente, por falta de recursos.
Esta misma cifra, también, equivale a las obras de mitigación que Cencosud, del mismo Paulmann, debieran hacerse para minimizar los efectos negativos que tendrá el funcionamiento de su pretensión faraónica, el adefesio de Costanera Center.
Pero lo mas importante es preguntarse : ¿para quién gobiernan los ocupantes del Palacio de La Moneda?
Junto con pedir un perdón inespecífico, el Presidente Piñera anuncia un bono muy inferior a los otorgados por el gobierno de Bachelet, con un costo de alrededor de 160 millones de dólares, poco mas que el “bono Paulmann”, que favorece solo a su familia.
¿Es posible aceptar que los recursos del Estado se utilicen con tanta discrecionalidad, para favorecer a los mismos de siempre?
¿Puede cualquier ciudadano, sin el poder de Paulmann, optar a los mismos beneficios que el SII le otorga al empresario, con cargo a todos los chilenos?
¿Cómo es posible que el gobierno le traspase, a un solo empresario, el equivalente al 15% de lo que espera recaudar con su reforma tributaria, que debiera solucionar los problemas educacionales de mas de dos millones de estudiantes?
No parece razonable que, junto con tomar estas medidas tan arbitrarias, el gobierno se moleste por la opinión generalizada, que advierte que su preocupación es mayor por las condiciones de los empresarios que por la de la mayoría del país.
El SII y el ministro de Hacienda deberían transparentar a cuantos empresarios y por qué montos, se les ha aplicado la doctrina del “bono Paulmann”, a través de la actuación de la División de Grandes Contribuyentes, oficina especial donde se atiende “especialmente” a los que no deben hacer la fila.
Este hecho se suma a las denuncias de subsidios, incluso a empresas ligadas al primer mandatario, que estaban destinados a pequeños agricultores; a la forma en que el Estado compra la concesión de la “ruta de la madera” y a otras actuaciones de funcionarios públicos que solo abonan la idea generalizada que la colusión entre empresarios y funcionarios del Estado solo ha beneficiado a los primeros, en desmedro de los intereses de todos.
Ya lo sabemos desde siempre: “no se puede dejar al gato cuidando la carnicería”