Cada cierto tiempo nos sorprenden noticias de malos tratos que reciben niños y niñas que están bajo el cuidado de entidades cuya misión es protegerlos. El caso del Pequeño Cottolengo de Quintero vuelve a poner el tema en primer plano con imágenes impactantes.
Pero nuevamente es el periodismo el que se adelanta a las autoridades en descubrir lo que sucede en un lugar en que nuestra infancia debiese recibir los cuidados que merece.
Los niños y niñas son sujetos de derecho y quienes los maltratan no sólo deben tener el repudio de toda la sociedad, sino que también deben ser sancionados.
Como país hemos avanzado mucho en temas diversos, pero aún tenemos una deuda con el pleno respeto a los derechos de la infancia. Nuestra institucionalidad debe protegerlos para que no volvamos a ver imágenes de niños amarrados a sus camas o golpeados.
Las autoridades judiciales y del Sename han adoptado en los últimos días medidas para investigar lo que sucedía en el Cottolengo de Quintero, tras la difusión del reportaje televisivo. Pero las situaciones denunciadas pueden haber ocurrido durante un largo tiempo sin que nadie haya hecho nada.
Como Vicepresidente del Senado presenté hace un mes una moción para sancionar penalmente el trato degradante a niños, niñas y adolescentes, en especial cuando las víctimas son personas con capacidades distintas.
Se trata de que no sólo reciban una pena quienes lesionen a un menor, sino quienes les den un trato que los degrade. Según la doctrina, el trato degradante es considerado como el último eslabón en una escala de gravedad que incluye en segundo lugar el trato inhumano y culmina con la tortura.
He propuesto que se agregue al Código Penal una disposición que señala que “el que inflingiere a un menor de edad un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con presidio menor en su grado mínimo”, esto es, una sanción entre 61 días y 540 días.
La pena se aumentará en un grado cuando el que comete el delito fuese una “autoridad pública, ministro de un culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido”.
La misma sanción, es decir, hasta tres años de presidio, se aplicaría si el niño, niña o adolescente objeto del trato degradante fuese un discapacitado.
Asimismo, junto con el senador Patricio Walker, patrociné un proyecto de Ley para crear la Defensoría de la Infancia.
Creo que se trata de una necesidad urgente y así lo hacen ver organizaciones que trabajan en la protección de la infancia, con quienes hemos creado una alianza al alero del Senado para impulsar un sistema integral de protección de los niños y niñas de nuestro país.