Bastante limitada la evaluación y los anuncios presidenciales que hemos escuchado en esta nueva Cuenta Pública, pues en materia de fortalecimiento de los derechos humanos y profundización de la democracia son numerosos los desafíos que se deben enfrentar y harto más lo que se ofreció durante la campaña presidencial. De ahí que se esperaran señalamientos más concretos y plazos de cumplimiento, pues en curso el segundo año de mandato no hay tiempo para más demoras.
Se valora la disposición a instituir una Subsecretaría de Derechos Humanos y a reformar la Ley Antiterrorista pues se requiere delimitar su aplicación y garantizar el debido proceso; pero se lamenta la omisión a la pendiente reforma integral de la Justicia Militar y de anuncios claros para asegurar verdad, justicia y no impunidad.
El Presidente también omitió referirse a los compromisos adquiridos sobre igualdad y no discriminación, como haber anunciado el impulso a una legislación en la materia, ajustada a los estándares internacionales sobre prevención, eliminación, sanción y reparación de la discriminación. Inaceptable es que pretenda desentenderse de sus promesas de campaña y no se haya pronunciado respecto al necesario reconocimiento y protección del derecho de todas las personas a constituir familias con independencia de su orientación sexual.
En materia de derechos de las mujeres escuchamos a un Presidente involucrado en reformar la sociedad conyugal y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar pero se lamenta que nada se señalara para garantizar la participación política de las mujeres, el aborto terapéutico, los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía económica. La extensión del postnatal para algunas mujeres que se debate en el Parlamento no asegura la universalidad en la protección laboral ni permite avanzar en la desvinculación de los costos de la maternidad de la contratación de las mujeres, que es el principal obstáculo a su participación en el mercado del trabajo.
El declarado compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y la promesa de reconocimiento constitucional hasta ahora ha sido insuficiente. Se debe asegurar el respeto a sus derechos políticos y participatorios como es la necesaria consulta a estos pueblos sobre las medidas administrativas y legislativas que les afectan y no criminalizar su protesta social en legítimas reivindicaciones territoriales.
En el ámbito de las reformas políticas para mejorar la calidad de la democracia, preocupa que el Presidente eluda en su Cuenta Pública abordar desafíos tan relevantes como la reforma al sistema electoral que permita la participación y representación de todas las fuerzas políticas nacionales y el derecho a voto de los chilenos en el exterior sin condiciones ni discriminación alguna, así como explicar al país porqué se mantiene sin avances la agenda de profundización democrática comprometida por el Gobierno.
El Presidente se ha limitado a reiterar anuncios ya formulados anteriormente, como su apoyo a la Iniciativa Ciudadana de Ley, plebiscitos comunales, fideicomiso ciego y modificar las declaraciones patrimoniales, pero a los proyectos presentados ante el Congreso no les ha asignado urgencia y otras propuestas ni siquiera las ha ingresado como la reforma a la Ley de Partidos Políticos, las primarias y la elección directa de autoridades regionales que ya anunció el 21 de Mayo pasado.
En cambio omitió referirse a reformas sustantivas para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, implementar mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades a sus representados/as y medidas integrales sobre probidad y conflictos de interés.
Mayor atención se requiere a las demandas de la ciudadanía y más rigurosidad a la hora de evaluar el cumplimiento de compromisos pendientes, especialmente en materia de derechos humanos y profundización democrática. La defensa real de las instituciones democráticas que el Presidente busca así lo exige.
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