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El Informe Engel ha ayudado a la Presidenta a proponer al país un camino de recuperación de la confianza en sus instituciones, puesto que aborda los asuntos principales requeridos para ello.Reconoce la gravedad de la actual situación y llama a todos a asumirla plenamente, manifestando que quienes han incurrido en prácticas ilegales deben ser sancionados y que todas las faltas a la ética política y empresarial merecen ser repudiadas.
Sugiere que el país aborde sin demora el difícil proceso de alcanzar consensos mayoritarios respecto de una nueva Constitución, sin lo cual otras medidas específicas pueden perder legitimidad.
Propone democratizar el sistema de financiamiento electoral y partidos políticos y hacer más competitivo el funcionamiento de los mercados, para evitar los abusos derivados de la influencia desmedida que los grandes poderes económicos ejercen hoy sobre ambos. Para imponer estas normas, recomienda reforzar las capacidades del Estado y hacer más profesional e independiente el servicio público.
Las propuestas específicas del informe pueden servir como una base importante para que el Ejecutivo prepare los proyectos de ley que deberán abordar estas materias, aunque por cierto no tienen ni pueden tener la pretensión de constituirse en el articulado de los mismos.
La Presidenta de la República ha recibido el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, más conocido por el nombre del distinguido ingeniero Eduardo Engel, quien lo ha presidido con corrección y eficiencia. Las solemnes ceremonias republicanas de constitución del Consejo y presentación de sus resultados, así como el discurso de su presidente en esta ocasión, los pronunciados por la Presidenta de la República en ambas ceremonias y muy especialmente, su alocución al país el día 28 de abril, poseen la altura requerida para iniciar la superación de la crisis política en curso.
El informe se inicia con un diagnóstico que, en lenguaje reflexivo y sereno, reconoce la gravedad de la situación y llama a que ésta sea asumida plenamente por todos, expresando que quienes hayan incurrido en prácticas ilegales, tanto en el ámbito público como en el privado, deben ser investigados y sancionados de modo adecuado, y que todas las prácticas reñidas con la ética deben ser repudiadas. Esa es la condición previa e indispensable para la recuperación de la confianza en las instituciones.
El Consejo manifiesta seguidamente y de modo unánime, que el país debe iniciar sin demora el tránsito que le permita alcanzar un consenso mayoritario respecto de los contenidos de una nueva Constitución y, previamente, acerca las vías para lograrlo. Advierte que los desacuerdos que hoy prevalecen al respecto no pueden ser óbice para iniciar este proceso, puesto que el debate sobre el cambio constitucional es de un rango más elevado que los demás y si no se aborda debidamente, el resto de las medidas propuestas corren el riesgo de perder legitimidad.
A continuación, el informe propone democratizar significativamente el sistema de financiamiento de la actividad política, prohibiendo los aportes de empresas y limitando el monto de las donaciones privadas a partidos y campañas, las que propone sean públicas, a excepción quizás de aquellas de montos bajos, para estimular las cuales sugiere, en cambio, un aporte público complementario.
Como contrapartida, sugiere aumentar en forma importante el financiamiento público a los partidos, a los cuales exige, por otra parte, darse normas de funcionamiento interno que reconozcan derechos democráticos de sus militantes al menos similares a los que ellos gozan en su condición de ciudadanos.
En menor medida, aumenta también el financiamiento público de las campañas, cuyos límites de gasto por otra parte restringe, prohibiendo además sus formas más costosas y, particularmente, todo tipo de regalos de candidatos a sus electores, los que asimila a otras tantas formas de cohecho. Sugiere aumentar las sanciones a la violaciones de estas normas, llegando en los casos más graves hasta la pérdida de escaños parlamentarios y otros cargos de elección popular a nivel regional y municipal, así como del reconocimiento legal en el caso de los partidos.
Paralelamente y en un nivel de importancia equivalente al anterior, se proponen medidas que mejoren efectivamente la competitividad de los mercados y aumentar las penas a quienes las infrinjan. En conjunto con las propuestas de democratización del financiamiento de elecciones y partidos, estas sugerencias buscan limitar la posibilidad que grandes intereses económicos puedan continuar abusando de posiciones dominantes en uno y otro ámbito.
De modo consecuente con lo anterior, se sugiere reforzar significativamente las capacidades del Estado para fiscalizar e imponer el acatamiento de estas normas, en particular, las del Servicio Electoral y Tribunal de Elecciones y las instituciones que supervisan el comportamiento de empresas y personas en los mercados. En forma unánime, Consejo sugiere avanzar hacia un mayor profesionalismo e independencia del servicio público en general.
El informe contiene un cúmulo de propuestas específicas que apuntan en las direcciones señaladas, las cuales pueden servir como base importante para la elaboración de los proyectos de ley que aborden estas materias, desde luego, sin pretender que se transfieran directamente al articulado de las mismos.
Ello no correspondería, puesto que el Consejo no representa a la ciudadanía, como ha escrito una de sus miembros. Adicionalmente, el tiempo de elaboración ha sido breve y sus miembros no dominan este oficio específico, por lo cual inevitablemente sus sugerencias presentan niveles de detalle muy diverso en los variados ámbitos que abordan, y no ha sido posible verificar a fondo la consistencia del conjunto de ellas con el nivel de precisión indispensable para preparar un proyecto de ley.
Por un imperativo de transparencia, parece importante que el propio Consejo advierta acerca de los sesgos que puede tener su trabajo, derivados de su propia conformación. Predominó en ésta la experiencia académica, profesional y de organizaciones de la sociedad civil, desde las cuales se sigue la actividad política desde una cierta distancia, la que puede aumentar cuando dicha actividad está sometida a un fuerte cuestionamiento.
Todo ello hace posible que el sesgo aludido pudiese verse reflejado en la forma de determinadas propuestas. Por ejemplo, en el afán de profesionalizar y otorgar más independencia al servicio público para que fiscalice adecuadamente el cumplimiento de las normas democratizadoras de la política y los mercados que se están proponiendo, lo que por cierto es acertado y loable, algunas sugerencias del informe pudieran estar exagerando la autonomía de determinados servicios del Estado respecto del poder político democráticamente elegido, y encargando su dirección, en cambio, a consejos que, por la forma en que se designan, pudieran terminar reflejando una suerte de binominalismo, lo que ciertamente sería antidemocrático.
Hechas estas prevenciones, el contenido del Informe Engel ciertamente puede ayudar a trazar un camino para que la inmensa energía que está liberando la crisis política en curso se canalice en una dirección de progreso para la institucionalidad del país.
