01 feb 2016

En Educación,“exijo una explicación”

Sinceramente estoy muy desconcertado y apelo a la claridad de los lectores a ver si me ayudan.Hay clara unanimidad de que necesitamos mejorar la educación en Chile, pero hay decisiones tomadas que sinceramente no entiendo.

Primero, se parte legislando sobre la educación subvencionada. Sin desconocer que en este ámbito había grandes temas por resolver, el mayor problema de calidad está en los establecimientos Municipalizados y a la fecha sobre la desmunicipalización no se sabe nada.

Tampoco nada se habla de la Educación Media Técnico Profesional la cual requiere una profunda revisión para generar competencias reales que les permita alcanzar una mejor inserción laboral, cosa que hoy por lo general no ocurre. He realizado estudios al respecto y en éstos el sector empresarial se queja de que no están preparados para la función técnica que dicen conocer. Para que decir del absurdo de la no existencia de un claro sistema de continuidad de estudios bien estructurado y concatenado, entre Enseñanza Media Técnico Profesional y Enseñanza Técnica Superior.

Segundo, se legisla para generar una educación universitaria gratuita, por ahora, para los primeros 5 deciles. Sin embargo se envían dos señales muy contradictorias. La gratuidad se da en la educación universitaria y en la técnica solo becas que no cubren el 100% de los aranceles.

Cuando en el país hoy está egresando el mismo número de técnicos que profesionales y para nuestro desarrollo necesitamos al menos 6 técnicos por 1 profesional, esta decisión no tiene lógica alguna, porque al final se sigue incentivando la educación universitaria por sobre la técnica y muchos que querían estudiar una carrera técnica prefieren ingresar a una profesional porque le resulta gratuita y la otra no.

Por otra parte, los alumnos que provienen de la educación municipal generalmente optan por carreras técnicas, incluso algunas de continuidad con la que han seguido en la Enseñanza Media Técnico Profesional, por lo mismo es ahí donde se concentra el mayor número de personas correspondientes a los 5 quintiles más pobres. Es también muy sabido que dado los bajos resultados que obtiene este sector en la PSU, son las universidades privadas, las que por sus menores exigencias, acogen a un importante porcentaje de este quintil, muchas de las cuales hoy no tienen acceso a la gratuidad.

Tercero, se prefiere optar por el sistema de asignación de los recursos al oferente y no al demandante. Esta experiencia viene de vuelta en el mundo porque está probado que en definitiva se torna un manejo ineficiente de los recursos. Vale la pena estudiar el caso de Suecia. Si se hicieran serios estudios de la forma como se administran estos recursos en las universidades públicas, no cabe duda que se mostraría que no son todo lo eficiente que debieran ser. Al respecto hay variados indicadores que lo demuestran, pero que por extenso del análisis queda para otra reflexión.

Cuarto, el centro de todo este proceso es mejorar la educación en el país. Sin embargo poco o nada se han planteado los temas de fondo, cómo mejorar la calidad. Esto no se logra solo con un nuevo estatuto docente. Chile hoy debe explorar nuevas metodologías educativas que responda a las tecnologías del presente y a la necesaria formación de técnicos y profesionales con capacidad de innovar y emprender. Esto es un imperativo para el país porque sin una capacidad innovadora no estamos en condiciones de generar mayor valor a nuestra producción de bienes y servicios, cosa que es imperiosa si queremos dar el salto al desarrollo.

Naturalmente esto implica nuevas formas de educar, desde el pre básico hasta la educación superior. Nuestra acentuación está en la educación colectiva y no individual, cuando está demostrado que cada persona tiene tiempos y ritmos distintos de aprendizajes. Seguimos centrando gran parte de ésta en salas de clases y en la típica relación del profesor que enseña y el alumno que aprende.

Un ejemplo, de muchos existentes en el mundo a estudiar al respecto, es el de Salman Kahn, que creó “La Escuela al revés”, donde los niños deben aprender en sus casas, a través de videos que bajan de internet y en las aulas ejercitan, aplican y complementan los conocimientos adquiridos con el necesario apoyo del profesor.

¿Las nuevas tecnologías no nos dicen nada o muy poco?

¿La forma como el niño aprende hoy a manejar un celular desde pequeño no nos está mostrando caminos y lógicas diferentes de aprendizajes?

Quinto, en el ámbito técnico y universitario se requieren profundos cambios metodológicos que posibiliten formar un capital humano con capacidad innovadora. Es sabido que esto no se logra solo con conversar sobre el tema de la innovación o invitar a innovar, sino que hay que hacerlo una práctica permanente en todo el proceso de aprendizaje. Naturalmente que significa partir por los propios académicos que tienen que reformularse en su manera de enseñar. Por lo mismo es un proceso largo y complejo.

Mientras tanto, el país necesita con urgencia más técnicos que profesionales y todos con capacidad innovadora y lamentablemente no los tenemos. Si esto no se aborda con la urgencia necesaria, sinceramente estamos hipotecando nuestro desarrollo. Sin embargo en la reforma de la educación de esto poco o nada se habla.

Es imperioso lograr, en este campo, que el pragmatismo supere al ideologismo.Quizás son muchos en nuestro país, los que al igual que yo, exigen una explicación.

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01 feb 2016

Permitido meter la pata, pero no las manos

Hoy por hoy resulta verdaderamente gratificante para el espíritu ciudadano comprobar que dentro de la actual clase política chilena, todavía existen algunos, muy pocos, lamentablemente, que reúnen las cualidades de los buenos políticos de antaño: rectos en su proceder, consecuentes y responsables ante sus electores, como a lo largo de nuestra historia patria podemos encontrar, felizmente, abundantes ejemplos de verdaderos servidores públicos, de esos que podían correr el riesgo de “meter la pata”, pero nunca las manos en la cosa pública.

Lo dicho es lo que un buen lector puede experimentar luego de leer el último libro que ha publicado el senador independiente por la Región de Aysén Antonio Horvath. En efecto, en su reciente libro publicado nos entrega un profundo y esclarecedor estudio sobre las energías renovables no convencionales (ERNC) de que Chile dispone en abundancia y que lo constituyen en un país privilegiado, si se decidiera a explotarlas convenientemente, en lugar de recurrir a la importación de energías fósiles y a la destrucción de su ecología mediante la construcción de centrales hidroeléctricas innecesarias.

A todas luces, el senador Horvath hace un gran aporte a su región y al país entero mediante la publicación del mencionado libro. ¿No podrían otros parlamentarios realizar estudios de tal trascendencia en diferentes ámbitos de sus competencias? Eso sería digno de su alta investidura y suculentos ingresos. Así estarían “haciendo la pega”, que es lo mínimo que todos los ciudadanos esperamos de su parte.

El ministerio de Energía debería considerar muy seriamente el estudio realizado por el senador de la región de Aysén, pues en esa cartera deberían estar los profesionales más idóneos para apoyar o refutar las afirmaciones que plantea el senador Horvath, como, por ejemplo, que Chile está en condiciones de multiplicar varias veces su actual potencial energético, con el consecuente beneficio público y privado, incluso pudiendo exportar energía a otros países de la región y del mundo. El ministro Máximo Pacheco podría felicitar al senador y agradecerle su aporte o bien decirle caballerosa y fundadamente que está “metiendo la pata”, si ese fuere el caso.

No cabe duda de que los chilenos llevamos un largo tiempo sin sentirnos orgullosos de nuestra clase  política. Por desgracia, ya no destacan, como sucedía antaño, por sus brillantes planteamientos y aportes al mejoramiento de la sociedad. Hoy nos parecen seres lejanos que se mueven por ambiciones e intereses personales, incluso un grupo, de diferentes partidos, hace dudar de su verdadera capacidad intelectual. Ni hablar de lo ético.

Ante la proximidad de nuevas elecciones , resulta saludable examinar los aportes que cada parlamentario ha sido capaz de efectuar en beneficio de Chile. Si ha sido satisfactorio o bueno, que sea reelegido; de lo contrario, que se vaya para su casa y deje de profitar en su propio beneficio. No nos sirven los parásitos públicos. Chile necesita verdaderos servidores públicos, eficientes y probos. Todos los demás sobran y son un lastre.

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31 ene 2016

Paridad y Ley de partidos políticos

La directora de ONU Mujeres advirtió el 8 de marzo pasado que las mujeres del mundo “quieren que más de sus líderes sean mujeres. Y quieren que esas mujeres, junto a los hombres, se atrevan a cambiar los paradigmas económicos y políticos”. Cambiar el monopolio del poder político no solo implica abrirse a nuevos referentes, también significa consensuar nuevas reglas para la democracia, entre ellas, que más democracia es con más mujeres y otros grupos que han estado fuera del poder.

Las últimas semanas fuimos testigos en Chile precisamente de las tensiones en torno al monopolio del poder. Afloraron resistencias que, en el marco de la discusión sobre la Ley de partidos políticos y fortalecimiento de la democracia, algunos congresistas expusieron para rechazar o abstenerse de aprobar una medida como las “cuotas” en directivas y órganos colegiados de los partidos políticos.

La equidad entre hombres y mujeres, ha sido parte de la agenda de los procesos de transición en América Latina, sin embargo la igualdad efectiva aún es lejana. Sin duda las cuotas han favorecido que la representación de mujeres aumente a 30% en promedio en los parlamentos de países que las han implementado, pero es insuficiente. En las elecciones parlamentarias de 2017 recién se estrenará en Chile este mecanismo esperando aumentar el 15% de mujeres en el Congreso.

El Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción recomendó el principio de paridad de género como parte de los nuevos estándares para la democracia interna de los partidos. El espíritu original del proyecto de ley de partidos políticos, que logró mantenerse finalmente, busca asegurar que ninguno de los sexos supere el 60% en la integración de los órganos colegiados y directivas.

Revolución Democrática ha dado esa discusión desde sus inicios hace 4 años. Hoy en pleno proceso de conformación de partido sus estatutos garantizan participación equilibrada 40-60% donde ningún sexo debe superar al otro en conformación de listas a directiva nacional y a su consejo político. Y esto funciona: la directiva nacional está compuesta por tres mujeres y dos hombres, y de 7 consejeros nacionales, 4 mujeres han sido elegidas recientemente.

Es de esperar que la discusión sobre la Ley de Partidos no solo permee a las cúpulas partidarias.Además, que las bases políticas tomen plena conciencia que abrir la democracia significa, entre otros temas, actuar para que los grupos discriminados históricamente tengan representación efectiva. Esto es parte de lo que esperamos, por ejemplo, en las instancias de participación del proceso constituyente y en la definición de mínimos programáticos para las próximas elecciones municipales.

Gabriela Mistral lo decía claramente en el periódico “La voz de Elqui” el 8 de marzo de 1906: “Honor a los representantes del pueblo que en sus programas de trabajos por el incluya la instrucción de la mujer; a ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento ¡éxito y victoria!”.  Las mujeres no solo queremos votar en las próximas elecciones, queremos construir los programas y decidir el país que habitamos.

La paridad parece una quimera a estas alturas. Que deje de serlo, depende no solo de las acciones que promuevan mujeres políticas y organizadas en la sociedad civil, también de quienes conducen procesos políticos de entender que una democracia fortalecida también es con todas.

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31 ene 2016

La continuidad de la Nueva Mayoría

A juzgar por las agrias polémicas de las recientes semanas, el horizonte del bloque de gobierno, la Nueva Mayoría, no se ve promisorio. En efecto, las disputas escalaron a tal grado que oscurecen su perspectiva.

Hay que sobreponerse a este nefasto escenario de disgregación, pugnas, recriminaciones o simple división. Se debe retomar esa antigua y no superada máxima del principio de sumar fuerzas, tan simple y certera como poner lo que une por encima de lo que separa, lo que nos convoca como lo primordial.

En tal sentido, hay que rememorar la historia y volver nuevamente a aquilatar los hechos que motivaron el acuerdo político programático que hizo posible la configuración del actual ordenamiento de fuerzas en el país.

La efervescencia social que remeció el gobierno anterior, aquella soberbia administración autodefinida como de “excelencia”, atrapada en sus propios conjuros como prometer una “revolución educacional” que jamás estuvo en sus planes, se presentaron energías sociales inesperadas, que fueron más allá de una mirada crítica a la gestión piñerista y se asociaron con dilemas muy profundos del país; en particular, un rechazo a la permanencia de un sistema de enseñanza segregador y excluyente.

Desde la Educación, en la ciudadanía se evolucionó rápidamente al desafío de la lucha contra la desigualdad que, desde hace años, señalamos como la causa estimulante del malestar o del descontento, muchas veces difuso, en amplios sectores ciudadanos.

Como es lógico en democracia había otras opiniones, también fundadas en diversos ingredientes del acontecer nacional, como que el problema central estaba en las llamadas “formas de hacer política” que en algún tiempo se enfatizaron muy intensamente como lo fundamental, sobretodo en sectores liberales de la entonces Concertación; o los temas del medio ambiente, que en una franja transversal de intelectuales apareció como primordial.

Sea como hayan ocurrido los procesos, el hecho es que el tema de la desigualdad se instaló como no se había instalado antes y el Programa presidencial lo adoptó como el factor primordial y orientador de las reformas estructurales a realizar en el segundo gobierno de Bachelet.

Las formaciones políticas de la Nueva Mayoría se unieron para dar respuesta a ese gran anhelo nacional. Este convencimiento se entronca con la ya dilatada brega que por la justicia social vienen librando los Partidos históricos de este bloque por los cambios, desde el más que centenario Partido Radical, incorporando al Partido Comunista, el Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD; en su génesis todas son fuerzas cuya contribución a Chile, va más allá de cualquier diferencia en la contingencia.

En su conjunto han impulsado  el progreso social en el país, el propio desarrollo del Estado Nacional, su necesaria separación con la Iglesia, la industrialización desde la CORFO, el sistema de Educación Pública, la reforma agraria y la modernización de la agricultura, la recuperación del cobre y de las riquezas básicas, la extensión de la infraestructura y las obras públicas; así como, impulsaron los derechos de los trabajadores, del campesinado, la mujer y la juventud.

Asimismo, se comprometieron con la libertad de culto, el respeto de las minorías discriminadas y por los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando fue la hora más difícil, dieron lo mejor de cada una de ellas para recuperar la libertad perdida bajo la dictadura.O sea, hicieron todo lo que les fue posible por Chile.

Entonces, en la mirada larga se pone de relieve el aporte histórico que a esas organizaciones políticas les ha dado vigencia, raíces y sentido nacional. Ante ello, no hay que perderse y trabajar mirando al futuro, que no debiese tener otro objetivo, que no sea echar las bases de un acuerdo político que de continuidad a las fuerzas de la Nueva Mayoría, con vistas a que el proceso de reformas traspase los límites de un solo gobierno y pueda dar un nuevo paso adelante con la coherencia, el realismo y la capacidad de cambios que hoy Chile necesita.

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31 ene 2016

La arremetida privatizadora de Andrés Zhari

Un intenso debate sobre “lo público” se despliega en nuestro país hace algunos años. Un cuestionamiento que abarca tanto el uso de los recursos “de todos los chilenos”, así como el actuar de los individuos a quienes les concierne decidir sobre estos recursos, sean representantes electos por votación popular o bien funcionarios públicos.

Por esto, resulta evidente que no da lo mismo que exista una comuna –me refiero a Ñuñoa- donde se han destinado 15 mil millones de pesos de las arcas municipales a la construcción de un edificio que aún no entra en funcionamiento y que, más aún, su futuro es totalmente incierto.

La mal llamada “Clínica de Ñuñoa” es un proyecto mal concebido desde su origen hace siete años. Una inversión de tal envergadura es insostenible para un municipio y, por consiguiente, la solución más cómoda es licitar al sector privado, que es la idea original del renunciado Alcalde Pedro Sabat. Y es ahí donde surge motivo del reparo mayor.

¿Es concebible que un municipio gaste tal cantidad de dinero en construir un recinto para que, finalmente, éste se licite a un privado que lucrará con la salud de la comunidad? Mi respuesta es no.

El también llamado “elefante blanco de Ñuñoa”, incluso sin estar operativo, requiere anualmente de más de mil millones de pesos para su mantención. Por esta razón hoy se pone en duda el traslado del servicio de Urgencia Comunal  más el Cesfam Salvador Bustos a los dos primeros pisos del edificio. La situación se agrava si pensamos en la gran crisis económica en que dejó Pedro Sabat al Municipio, y que operar estos servicios costaría cuatro veces más de su costo actual.

El déficit en las arcas municipales tiene de manos atadas al actual Alcalde Andrés Zarhi, quien en la sesión de Concejo Municipal del pasado martes 12 de enero, propuso licitar la administración de este recinto, considerando pedir un trato preferencial para los habitantes de la comuna, como parte de las bases de adjudicación. Es una salida desesperada e inconcebible. No es posible apoyar el lucro a costa de la comunidad de Ñuñoa, pues los fondos públicos deben utilizarse para beneficio de sus habitantes.

Es urgente explorar otras alternativas, como reevaluar con el ministerio de Salud la incorporación del edificio a la red del Servicio Metropolitano Oriente, algo que se intentó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, pero que fue rechazado por el entonces titular del Minsal, Sergio Mañalich. Sería una muy buena opción para descomprimir la gran demanda que tiene hoy el Hospital del Salvador, donde se atiende una parte importante de población ñuñoína usuaria de la red pública de salud.

El convenio con universidades públicas y acreditadas es otra posibilidad, aportando a la formación de especialistas y beneficiando, al mismo tiempo, a la comunidad de Ñuñoa al abrir una opción para contar con más de estos profesionales. Cualquiera sea la solución, porque pueden haber otras, es imprescindible que sea discutida por los concejales, que son los representantes electos por la comunidad. La salida no puede significar la pérdida de la inversión ya realizada, teniendo que pagar los vecinos y vecinas el costo de una irracional decisión.

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31 ene 2016

SalfaCorp debe pagar lo que debe

La constructora Tecsa, de la cual el autor de esta columna tenía una óptima opinión mientras sus dueños controladores eran la familia Binder, fue adquirida en enero de 2011 por el gigante de la construcción SalfaCorp, la que se quedó con todas las filiales y empresas relacionadas de Tecsa, empresa ésta de vasta experiencia por más de 60 años a nivel país en el ámbito industrial, inmobiliario, minería, infraestructura y energía.

Según la prensa de negocios, el propósito de la transacción era continuar con el potenciamiento de las operaciones de ingeniería y construcción de SalfaCorp como también consolidar nuevas líneas de negocios de la compañía, como lo son la de grandes movimientos de tierra y construcción de túneles en roca para minería e industrias, ello según lo señalado a través de un hecho esencial enviado por su gerente general a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Con este potenciamiento, el constructor SalfaCorp ha ampliado su presencia en el lucrativo mercado inmobiliario y desde que se tomó conocimiento de la compra, sus acciones tuvieron una considerable alza lo que significó una alerta en la SVS, institución fiscalizadora que analizó las operaciones velando por el correcto funcionamiento de los mercados accionarios.

Pero, y siempre  hay un pero, teniéndose presente que SalfaCorp se presenta públicamente como el “mayor grupo empresarial del sector de la construcción en Chile, con un indiscutible liderazgo que ha cultivado durante sus 85 años de historia” (sic), nos vemos en la obligación de informar que SalfaCorp pasó por encima de un pequeño contratista que le arrendó una correa transportadora que se utilizó en la construcción de una torre de oficinas de 21 pisos que enfrenta las avenidas Isidora Goyenechea y El Bosque Norte, del barrio El Golf de la comuna de Las Condes.

Dicha moderna torre, todavía no terminada, era inicialmente del Banco Santander, la que le fue vendida meses atrás en la suma de US$ 107 millones al poderoso grupo Angelini.

Pues bien, SalfaCorp vía su delegada Tecsa, a fines del año 2014, contrataron a la pequeña pero muy competente empresa Cintas Transportadoras Limitada, para que le arrendara por un corto período de tiempo una cinta especial que se ocupó en las obras de la torre antes indicada, operación comercial que generó una factura por una suma del orden de los $ 3 millones. Vencido el plazo de arrendamiento SalfaCorp devolvió al arrendador la correa, negándose sin razones válidas a pagar el contrato y como las innumerables gestiones de cobranza desarrolladas por la Pyme mencionada no produjeron efecto, fue necesario que el engañado interpusiera un recurso en los tribunales de justicia.

Después de muchos dimes y diretes en la tramitación del juicio en el 12º Juzgado Civil de Santiago (C-2567-2015) la jueza sustanciadora el 21 de septiembre de 2015 ordenó a la morosa atender que tiene “la obligación de pagar la suma consignada en la factura que motiva el libelo enderezado”, condenando en costas a la parte ejecutada.

Pero, los letrados del Estudio Ossandón Abogados, cuyo socio principal y fundador es Roberto Ossandón Irarrázabal, defensores de la sociedad incumplidora de sus compromisos, han insistido en la postura de la empresa por ellos representada, a pesar de la existencia de ese fallo condenatorio.

Llama la atención que el abogado Ossandón sea presidente del think tank de derecha Instituto Libertad, institución que funciona en las mismas oficinas de Renovación Nacional. Asimismo suponemos que el senador Manuel José Ossandón, hermano del anterior, cuando conozca este episodio, se molestará por la situación, porque en un Estado de Derecho las deudas se pagan aunque sea extemporáneamente.

En síntesis, hay que terminar con estos episodios protagonizados por todos aquellos que tienen el poder económico y para ello lo más efectivo  es que la gente esté informada.

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30 ene 2016

Invertir en prevención por la salud de los trabajadores es buen negocio

Cuando un trabajador sufre un accidente laboral o una enfermedad profesional, los perjuicios y efectos negativos que se generan no recaen sólo en la persona que, lamentablemente, se vio afectada. Está la familia, que muchas veces tiene que readecuar la forma en que opera normalmente, y también los compañeros de labores, que van a tener que seguir cumpliendo funciones con un integrante menos hasta que se encuentre un reemplazante o hasta que la persona se recupere.

Invariablemente se deben realizar cambios que no siempre son bien ejecutados.

Y eso sin considerar  los efectos psicológicos que se producen en el entorno laboral, pues si a un compañero le ocurrió significa que el accidente o enfermedad le puede pasar a cualquiera. Así, los trabajadores inevitablemente estarán más temerosos, se reduce su confianza y productividad, su satisfacción con lo que hacen y su motivación por hacer bien el trabajo que se les encomienda. Si nada se hace para salvar estas situaciones, se puede incluso producir una fuga de trabajadores eficientes y talentosos, que decidan buscar un lugar donde sí se sientan seguros y protegidos.

Es fácil darse cuenta de esto, por ejemplo, cuando se ausenta un obrero de la construcción o un trabajador en una línea de ensamblaje o centro de distribución. Además del dolor y sufrimiento del afectado y de su familia, el trabajo que antes él hacía, ya no se hace de la misma manera. Y ahí es cuando queda más que claro que todas las personas cuentan. Cada una de ellas, en todos los rangos y posiciones.

Esto es especialmente relevante en las microempresas y las Pymes. De todas las empresas protegidas por el seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, más del 90% corresponde a este grupo (hasta 100 trabajadores), que tienen menores recursos para enfrentar y contrarrestar estos problemas. Cuando un trabajador se ausenta, vaya que se nota.

Bien se sabe, además, que son ellas las que mayor empleo le brindan al país. El problema, sin embargo, es que de ocurrir un incidente que se traduzca en días perdidos, no sólo habrá consecuencias psicológicas para todos, sino también económicas, pues evidentemente la productividad se ve fuertemente afectada. Y en este tipo de empresas el golpe es mucho más fuerte, más aún cuando es común que las personas realicen más de una función y la interdependencia sea más estrecha.

Al analizar estas variables, se atisba de forma inmediata lo crucial que es tener un plan de contingencia, pero sobre todo, lo crucial que son los planes y medidas de prevención que las empresas adopten e implementen. Los beneficios que esto conlleva alcanzan las más variadas aristas de una empresa que, sumadas, le darán una ventaja competitiva a quienes las apliquen y relegarán a quienes no lo hagan. No sólo porque trae efectos positivos dentro de la empresa, sino también fuera de ella: proveedores, clientes, ONGs o reparticiones estatales, aprecian este tipo de iniciativas.

En algunas empresas aún no se deciden por invertir en prevención. Presuponen que los accidentes son inevitables, que simplemente ocurren por “mala suerte”, por el azar, o hasta por la propia irresponsabilidad o inexperiencia del mismo trabajador.

En otras empresas, que sí han realizado estos planes, al tiempo los abandonan, porque con o sin plan de prevención, “los accidentes ocurren igual”. Pero eso no es cierto: todos los accidentes se pueden prevenir. Tal vez los beneficios de invertir en prevención no se vislumbren de un día para otro, pero esa es la peor razón para dejar de implementarlos.

Si se quieren obtener mejoras, primero hay que cambiar la cultura dentro de la empresa.Una donde cada trabajador se preocupa de su salud y seguridad, pero también en la de los compañeros. Plasmar este tipo de cambios lleva tiempo, y dejarlos de lado en la mitad del camino sólo puede traer más inseguridad e incertidumbre.

Cuantificar los beneficios económicos de invertir en seguridad y salud en el trabajo (SST) puede resultar compleja y, un tanto fría y calculadora. Esto es razonable, por cuanto un microempresario o una Pyme no pueden estar invirtiendo recursos si cree que esta inversión no traerá ningún rédito.

Como fuere, más allá de las preconcepciones y prejuicios, una infinidad de estudios internacionales realizados por la OIT o la National Safety Council, de Estados Unidos, han demostrado que invertir dinero en seguridad y salud, y específicamente en prevención, es buen negocio, dado que una buena gestión de la SST en una empresa va asociada a mejoras en el rendimiento y la rentabilidad.

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30 ene 2016

Legislación sobre aborto, un año de frustraciones

Hace un año, personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres estábamos celebrando la presentación del proyecto de ley que regula el aborto en tres causales. Ahora, un año después de su presentación, creo que para la mayoría de nosotras y de la población en general, la sensación es de una enorme frustración. Un año después, el proyecto de ley ni siquiera ha terminado su primer trámite constitucional.

Las mujeres de Chile no hemos esperado un año para tener una legislación. Nuestra impaciencia viene ya desde 1989, cuando se derogó el aborto terapéutico en el país, dejando a todas las mujeres desprotegidas en casos gravísimos. Hemos tenido múltiples frustraciones con proyectos de ley que han pasado por el Congreso sin siquiera discutirse o, como sucedió en 2012, que se rechazó la idea de legislar y ni siquiera fue posible discutir el contenido.

Múltiples comités de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos (que Chile ha ratificado y se encuentra obligado a respetar), han recomendado a Chile modificar su legislación sobre aborto y permitir la decisión de la mujer al menos en caso de riesgo de vida o salud, inviabilidad fetal y violación, considerando que la criminalización total viola los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, su derecho a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ciudadanía también ve esta necesidad y exige sus derechos: todas las encuestas recientes sobre la materia muestran al menos un 70% de apoyo a la despenalización en las tres causales.

Por eso nos alegramos con la presentación del proyecto: el gobierno estaba escuchando, haciéndose eco de esta necesidad de las mujeres. Era primera vez desde la derogación en 1989 que el ejecutivo presentaba un proyecto de ley para terminar con la criminalización total del aborto. Aunque el proyecto es limitado, se abría al fin la discusión y la posibilidad de contar con una legislación que sí diera protección a las mujeres, a lo menos en estas tres causales gravísimas.

Ahora son los parlamentarios y parlamentarias quienes parecen no estar escuchando.La discusión sigue avanzando lentamente. El debate se pierde en estereotipos y caricaturas, como si quienes apoyamos la necesidad de despenalizar estuviéramos promoviendo el aborto como solución a todos los problemas o fuéramos asesinas sin corazón, como si las mujeres embarazadas fueran santas abnegadas dispuestas a sacrificarse hasta morir o unas perversas que no tienen ningún sentimiento por el que está por nacer.

Pareciera que en el Congreso, en lugar de escuchar a la ciudadanía que exige sus derechos garantizados en tratados internacionales de derechos humanos, prefiere legislar en base a sus propias convicciones. No les estamos pidiendo que renuncien a sus convicciones. Les estamos pidiendo que no impongan esas convicciones a todas las mujeres de Chile.

Porque mientras debaten, siguen habiendo miles de abortos en el país cada año.Siguen habiendo mujeres y niñas violadas que quedan embarazadas y que están obligadas a convertirse en madres; mujeres con embarazos deseados, pero que resultan inviables y deben esperar 8 meses para parir al hijo que esperaban, muerto; mujeres que saben que la gestación pone en riesgo su vida, pero que deben esperar hasta estar al borde de la muerte para que los médicos decidan salvarla interrumpiendo el embarazo.

Ellas deben poder decidir por sí mismas si continúan o no sus embarazos, de acuerdo a sus propias convicciones y vivencias. Para esas mujeres, llevar adelante un embarazo contra su voluntad, es equivalente a tortura.

Pero por ahora, vemos con frustración que no tienen alternativa, y seguirán no teniendo alternativa mientras los parlamentarios y parlamentarias se resistan a escuchar.

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30 ene 2016

Espectáculo DC

En los últimos meses la DC ha dado un espectáculo, aunque no precisamente edificante. A través de declaraciones, páginas editoriales, cartas al director, declaraciones radiales e intervenciones varias, se ha ido mostrando un conjunto de diferencias que van desde temas de orden de ética interna hasta la política de alianzas.

Las opiniones son en general, respetuosas, pero muchas de ellas  parecen olvidar que la comunidad partidaria, exige la colaboración elemental en el trabajo político y que ello se hace eficiente en la medida que se respetan los acuerdos y las instancias para cambiarlos.  Las juntas nacionales de antes duraban dos días, a lo menos, y hablaban cientos de destacados líderes locales y nacionales. Esa es la asamblea natural donde debemos escucharnos.

La DC celebró un Congreso Ideológico y Programático que culminó el año 2007 y que no fue respetado por todos de buena fe y que, además, fue leído muchas veces en forma interesada.Dicho congreso, que rige los pasos del partido hasta hoy, fue un trabajo inédito, donde a lo menos participaron 5.000 personas en su proceso y unas 800 el día de la deliberación y aprobación final de sus conclusiones.

Los acuerdos allí establecidos fueron la base del programa del actual gobierno, especialmente en educación, reforma política y constitucional, fin de sistema binominal, reforma tributaria y reforma laboral, entre otras muchas materias. Esa nutriente es la base del programa del actual gobierno, más allá de buenas  o malas interpretaciones sobre sus puntos de detalle.

En el curso de este gobierno no se ha puesto en ejecución ninguna idea extrema que provenga, por ejemplo, del partido comunista, que ha propuesto nacionalizar recursos naturales, cosa que ni ahora sostiene en relación a las pesquerías.

Por lo tanto, constituye un exceso interesado sostener que dicho partido ejerce una influencia determinante en la conducción del gobierno, ya que ni siquiera tiene un miembro en el Comité Político. Llama la atención que dicho partido responda las críticas con injurias completamente destempladas y fuera de lugar, que expresadas al boleo afectan a toda la comunidad del partido.

La DC sólo debe apegarse a su doctrina, y debe aclarar en su próxima junta nacional, que el programa reformista es en su mayoría una buena expresión de los acuerdos de su último congreso.

Si eso hace en materias educativas, aborto terapéutico y en lo laboral, coloca en la balanza los intereses generales del mundo del trabajo y de la comunidad nacional, tan bien expresados en su congreso, y así podremos verla caminar tranquila, sin necesidad de hacerse eco de grupos interesados que han vaticinado y han actuado, desde la derecha y la izquierda para su extinción.No somos ni seremos un botín político para derechas ni izquierdas.

Una derecha entusiasmada en extremo con las ideas neoliberales y un socialismo liberal, hacen necesaria más que nunca, la expresión moderadora de un partido, que si bien se ha empequeñecido por generosidad excesiva y falsas modas, necesita dar expresión a un mundo cristiano, humanista y sereno que es en la práctica el que define los grandes momentos eleccionarios.

Hay que cuidar a la DC, especialmente sus militantes.

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29 ene 2016

Ahora vamos por la agenda larga en seguridad pública

En el Congreso se discute la “agenda corta anti delincuencia”, que básicamente centra el debate y la discusión sobre los delitos de propiedad y una ampliación de atribuciones para las policías en materia de control de identidad.

Sin embargo, me parece absolutamente necesario preguntarnos cómo pasamos de un paquete de medidas reactivas ante las cifras de victimización y la percepción de inseguridad a una política que apunte a una sana vida en comunidad. De alguna manera el Programa de Gobierno “Seguridad para Todos” lo delineaba, aunque todo indica que ha quedado en el olvido, tal vez por su acento en la creación de estructuras e instituciones en desmedro de la acción interagencial.

Partamos por rayar la cancha, ¿qué vamos a entender por prevención del delito?,esto me parece relevante al momento de brindar una respuesta de futuro a la seguridad ciudadana. Según la RAE prevención es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.

Si asumimos esta acepción de prevención y la interpretamos desde lo comunitario, se requiere más que un trabajo sobre instituciones reactivas (PDI, Carabineros o fiscalía), sino que debiera fundamentarse en acciones concretas en las personas, para que estas se sientan miembros de la sociedad, con valores y futuro común.

Desde esa perspectiva, una agenda larga anti delincuencia, sustentable y con sentido social enfatiza el robustecimiento de la cohesión social por medio de políticas públicas orientadas a la educación y formación de personas en valores republicanos.

Esa política pública, bien comunicada, tendría especial sentido y eco en la clase media, la que mayoritariamente entiende que las policías están mitigando un problema que se extiende por desafectos y problemas estructurales en la educación y marginación (población vulnerable), elementos sobre los cuales el aumento en el consumo de drogas ha generado una descomposición social en los distintos estratos sociales (con efectos diferenciados). Este fenómeno no puede abordarse sólo desde el nivel policial y/o persecutorio, ¡con ello no creamos sociedad!

Al respecto, en el asunto de fondo están los lineamientos políticos para abordar la seguridad pública, es decir nuestras convicciones. En efecto, la prevención debiéramos situarla en un contexto de categoría sistémica ordenadora, ya que para ser eficiente debe estar situada en las esferas de Cultura y Educación, puesto que en ese nivel la intervención resulta más efectiva y consistente en el tiempo.

Por ello, mi propuesta es orientar nuestra política de seguridad pública desde un enfoque intersectorial e interagencial, es decir, que las políticas, programas o lineamientos para prevención que estén dirigidos a distintas realidades etarias y/o socio culturales se realicen en sinergia con las carteras de educación, cultura, deporte, Interior, además de otras como SERNAM, SENDA, SENAME(Ministerio de Justicia).

En tal sentido, requerimos de un Estado más eficiente y comprometido en objetivos estratégicos comunes, en una aplicación de políticas integradas (no competitivas) cuyo eje de acción se realice por medio de la coordinación, sin necesidad de crear más burocracia o entidades de gobierno, sino que aunar criterios, mejorar los estándares en las evaluaciones de programas y complementar sus capacidades.

Nuestro objetivo como sociedad es ampliar el sentido de vida, para lo cual la prevención más efectiva es por medio del afecto e integración de las personas. Es decir, levantar barrios amigables (conectados, con servicios sociales, en un entorno seguro y con espacio de encuentro para los vecinos); atender a los jóvenes y sus aspiraciones antes de que se inclinen por infringir la ley; actuar en la reforma educacional con esmero para mejor la calidad en la formación del carácter de los jóvenes, en definitiva, todo lo que apunta en la construcción del nosotros, base constitutiva de una República que quiere a todos sus hijos, y donde todos tiene cabida, incluidos quienes están privados de libertad y donde el Estado devela toda su incapacidad de reinserción.

Esta agenda anti delincuencia de largo plazo no erradicará la delincuencia, eso es una quimera, ninguna realidad política a excepción de las que proscriben todas las libertades (dictaduras) consiguen aquello, pero sí reduciría la percepción de inseguridad y sobre todo nos centraría en la discusión de fondo, que desde la política no podemos obviar y en la que la tecnocracia no tiene respuestas: ¿cuál es la sociedad que queremos crear, una centrada en la vigilancia y control social o una que intente robustecer una sociedad de personas que tienen un futuro común y compartido?

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