03 oct 2014

¿150 años de educación Parvularia pública en Chile?

Por María Victoria Peralta
María Victoria Peralta
María Victoria Peralta
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En el diario debatir sobre la educación pública en Chile, que se ha reinstalado como parte del proceso de reforma educacional en curso, una de las reacciones más frecuentes que recibimos quienes trabajamos en el sector, es la pregunta con la cual titulamos este artículo, ¿150 años de Educación Parvularia pública en Chile?

La mayoría de las personas, incluyendo las que toman las decisiones, tienen la impresión que el nivel de educación parvularia es muy nuevo en el país. De hecho, algunos hasta la ubican casi con el nacimiento de la JUNJI en 1970, por lo que tienen la idea de que poseemos poca trayectoria en el campo y por consiguiente deberíamos revisar “lo qué se hace en otros contextos”.

Siendo siempre importante conocer todo lo existente en el sector, en realidad, la educación parvularia chilena es una de las más antiguas en Latinoamérica y en el mundo,a excepción de Europa que es donde se crea; en el Reino Unido se origina la primera Sala Cuna en 1809, las primeras “salas de asilo educativas” aparecen en Francia en 1840 aproximadamente, y el primer kindergarten surge en Alemania en 1840.

Justamente es en Francia donde Domingo F. Sarmiento encomendado por el Gobierno de Chile y su ministro de Instrucción, don Manuel Montt conocen las “creches” y “salas de asilo” entre las diversas instituciones educativas que visitan e informan oficialmente, recomendándolas.

Sin embargo, tuvo que pasar cierto tiempo para que ello se hiciera realidad. Don Manuel Montt impulsa la medida desde sus diversos cargos hasta que se concreta finalmente en 1864. En efecto, el 16 de octubre de ese año en “El Araucano” se da cuenta oficialmente de su creación.

Siendo Presidente de la República, don José Joaquín Pérez y su ministro de Instrucción, don Federico Errázuriz, funcionó la Primera Escuela de Párvulos en el Departamento de Santiago, recibiendo niños de ambos sexos de tres años a ocho años. La cual fue dirigida por la hermana de la caridad Luisa, institutriz francesa, más dos maestras preceptoras chilenas: Carmen Torres y Emilia Lavín. Tanto el personal, el inmueble y los materiales se pagaron con fondos públicos.

Esta primera Escuela de Párvulos de inspiración francesa en su enfoque pedagógico, tiene una crucial importancia: significó que por primera vez el Estado de Chile asumía a través de su financiamiento y operación, la existencia de este nivel educativo.

Además a partir de la creación de este establecimiento, se empezaron a instalar otros del mismo tipo. Es así como en 1883 ya existían cuatro atendiendo siempre niños y niñas de sectores vulnerables.

Hoy, a ciento cincuenta años de este hecho histórico educacional de primer orden y en un contexto nacional de Reforma Educacional, cabe detenerse a analizar lo que implicó esta primera experiencia y derivar las consecuencias que ello involucró en el desarrollo de este nivel educativo.

Son muchos los hitos de la educación parvularia chilena: sus leyes y normativas, su temprana formación universitaria (1944), su formación de técnicos especializados, sus instituciones creadas como JUNJI e Integra, sus programas educativos, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y sus investigaciones. Pero sobre todo, la rica teoría y experiencia que ha sido referente de muchas acciones de este tipo que se han instalado en diversos países de la región.

Por ello es que estamos celebrando en este mes 150 años de existencia, reconociendo con ello las muchas iniciativas, a los gestores y a los educadores que han aportado en este nivel.

En la actualidad deseamos avanzar más, sobre todo en calidad. Sabemos cómo hacerlo mejor, pero se requieren más recursos y la confianza de la sociedad chilena y de sus representantes, en que estos 150 años nos han dejado conocimiento, experiencia y visión de lo que se requiere.

Por ello invitamos a todos a sumarse a esta celebración, apoyando a las instituciones y comunidades educativas en general, con iniciativas, educadoras de párvulos, técnicos, etc.

Entre todos podremos instalar una educación parvularia del siglo XXI, donde nuestros niños y niñas chilenos desarrollen todo su potencial acorde a los tiempos actuales y sean muy felices, que es lo que todos deseamos para los años más delicados. Pero a la vez, más llenos de oportunidades como son los primeros años de vida.

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02 oct 2014

“Casa Abierta”

Por Nicole Saez
Nicole Saez
Nicole Saez
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Cuando uno abre las puertas de su casa es para recibir a los amigos, a la familia y compartir un momento importante, o simplemente dejar el espacio para contarnos cosas, reírnos y saber del otro.

¿Por qué hago esta referencia?, sencillamente porque este ministerio del Deporte hizo algo que para muchos es altamente valorado, y que busca retomar en si los espacios de participación, de encuentro, que hemos olvidado, y que son muy necesarios para construir políticas públicas para todos y con todos.

Nuestro proceso de “Casa Abierta” es una jornada de participación ciudadana que se está llevando a cabo desde Arica a Punta Arenas, específicamente en las diez comunas donde serán construidos los primeros Centros Deportivos Integrales en 2015.

Y para ello construimos una plataforma que nos permitiera conocer la opinión de la gente, primero en regiones, para que la descentralización no fuera sólo una palabra de buena crianza.

Viajamos y logramos que cientos de jóvenes, adultos, y adultos mayores votaran por los deportes más destacados, las practicas nuevas que necesitan mayores espacios, y las actividades físicas que les gustarían se implementen en su comuna específicamente en el Centro Deportivo Integral.

La relevancia de esto radica no sólo en la actividad física como único fin, ya que según datos del ministerio de Salud, un 34% de nuestros niños y niñas hasta los 6 años, presentan algún grado de obesidad o sobrepeso. Y eso nos preocupa y nos ocupa.

Al igual que una casa, el Centro Deportivo Integral  será un punto de encuentro y participación, pero también un espacio para que nuestros niños y jóvenes formen hábitos saludables de vida, para combatir el sedentarismo, y fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo, la disciplina y una vida integral.

A eso apuntan hoy las políticas de gobierno, a través del trabajo intersectorial donde los esfuerzos mancomunados entre las instituciones y la ciudadanía, toman un rol preponderante a la hora de construir país.

Queremos un Chile donde todos tengan lugares amigables para compartir.

Para lo cual requerimos permanentemente, aunar fuerzas en función de nuestra común visión del deporte, a fin de desarrollar programas con sentido, y no sólo de impacto comunicacional.

Queremos un país más sano y con espacios para la actividad física que nos permita avanzar hacia una cultura deportiva, pues concebimos el deporte como un derecho.

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02 oct 2014

El cochino dinero

Por Andrés Rojo
Andrés Rojo
Andrés Rojo
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Mafalda:”¿Tú crees que el dinero es todo en la vida, Manolito?”

Manolito:”No, por supuesto que el dinero no es todo… ¡También están los cheques!”

Sabido es que “el que tiene la plata pone la música” y que “lo barato sale caro”.  La sabiduría popular parece tener un diagnóstico claro acerca de la gravitación del dinero en la sociedad y frente a la inevitabilidad de su preponderancia lo que cabe hacer es educar en lugar de estar prohibiendo una forma de financiamiento que va a ocurrir de todos modos.

Cuando se trata de debatir sobre el asunto del financiamiento de las campañas electorales resulta fácil argumentar pensando que las regulaciones afectarán más a los contrincantes que a los candidatos propios y, por lo mismo, se suelen proponer restricciones poco realistas mientras se planifica, casi al mismo tiempo, la manera de obtener más recursos sin que esas normas limiten la capacidad de recolectar dinero porque, al final, de lo que se trata es de triunfar en la contienda política con el respaldo de un presupuesto más abultado.

Chile es un país que se caracteriza por crear leyes para todos los problemas que se presentan, como si no se tuviera a la vez una especial capacidad para burlar las normas y, en cierta forma, eso es lo que está ocurriendo a raíz del caso bautizado como “Pentagate”, en que a partir de una situación perfectamente prevista por la legislación ya existente comienzan a pulular propuestas para cambiar las reglas del juego.

Si se trata de ser serios, hay que señalar que, hasta ahora, no se ha acreditado delito alguno en el aporte financiero que habría hecho la empresa Penta a los candidatos de la UDI salvo eventuales ilícitos tributarios en uno solo de los casos que han salido en la prensa, pero nada que corresponda sancionar mediante las leyes electorales.

Y si se trata de ser responsables, en lugar de apuntar a la mantención o eliminación de los aportes reservados a los candidatos, lo adecuado sería investigar y regular el financiamiento permanente de los partidos políticos, que es lo que marca la gran diferencia en la capacidad de competencia de los postulantes de partidos y los independientes porque es lo que permite la dedicación exclusiva a las tareas de proselitismo y organización de los operadores.

Pero no.   A propósito de una situación perfectamente definida por la legislación ya existente se promueve una discusión que, como todas las cosas en Chile, se presenta como la regulación definitiva pero que seguirá dejando un margen de acción para quienes tienen la capacidad de incumplir las leyes, que no es lo mismo que violarlas porque, hay que reconocerlo, salvo el caso del conductor del senador Iván Moreira, al que se le acusa de haber participado, presuntamente, en la emisión de facturas falsas que podrían llegar a afectar a Penta, las demás situaciones parecen estar dentro de la legalidad, lo que -nuevamente, como es propio en Chile- no coincide necesariamente con la moralidad.

Sin embargo, cuando se apela a la moralidad el debate parece dirigirse inevitablemente al campo de la pequeña batalla partidista, en la que se trata de convencer a la gente que los “otros” son los inmorales y “nosotros” poseemos el derecho a definir qué es lo moral, cuando en realidad todos buscan la forma de obtener el mayor apoyo financiero a la hora de conquistar la adhesión del electorado.

Se sabe que las empresas financian a gran parte del espectro político y se sabe también que, cuando se establecen controles demasiado estrictos, se abren los canales clandestinos para que el flujo económico no se detenga.

Entonces, en definitiva, si lo que se busca de verdad es emparejar la cancha para que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, lo que  habría que hacer es cambiar el paradigma que establece que el poder económico puede comprar poder político. O dicho de otro modo, que las elecciones se ganan con plata.  Si se confiara más en las ideas y menos en los bingos, onces y anteojos, se estaría en la senda de una transparencia real.

El problema central, en definitiva, parece radicar en la creciente convicción que el dinero permite ganar las campañas electorales y la única solución posible a ello depende de la ciudadanía.

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02 oct 2014

Cristina contra los terroristas buitres

Por Lidia Baltra
Lidia Baltra
Lidia Baltra
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¿En qué  irá a terminar el duelo entre Cristina Fernández Kirchner y los Fondos Buitres que la acosan?

La semana pasada, en su discurso de agradecimiento por el apoyo que recibió de parte de la ONU respaldando la postura de su país en esta difícil negociación de la deuda externa, la Presidenta argentina los calificó de “terroristas económicos”.

“Porque no solamente son terroristas los  que andan poniendo bombas-dijo – también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación”.

Los “buitres” son el 1 por ciento de sus acreedores que compraron bonos a precio de ganga y ahora quieren cobrar una tasa de 1.600 por ciento de intereses. Algo que en todos los idiomas se llama usura.  Se negaron a repactar la deuda, en circunstancias que la gran mayoría de los tenedores de bonos, el 92,4 por ciento, ya lo hicieron: en 2005 y en 2010.

La Presidenta afirma que tiene el dinero, que su país no está en default (cese de pagos), y quiere pagar a los tenedores de bonos que aceptaron el canje de deuda, pero no se lo permiten. Un árbitro del conflicto, el juez Thomas Griesa, de Nueva York, dictaminó hace dos años que Argentina no puede servir la deuda a los que repactaron si no lo hace con todos los acreedores devolviéndoles todo lo adeudado, intereses incluidos.

La propuesta que Cristina presentó en forma de proyecto de ley al Congreso de su país a mediados de agosto es que le permitan pagar a los bonistas con los que se ha repactado en Buenos Aires en lugar de Estados Unidos o Europa, para esquivar la sentencia. La iniciativa presentada a los legisladores como “Patria o buitres”, fue aprobada por el Parlamento argentino a comienzos de septiembre.

La deuda externa en el vecino país se arrastra desde hace mucho, pero la más millonaria nació con la dictadura de Videla, Galtieri, Massera y Viola (1976-1983) cuando el ministro de Economía Martínez de Hoz introdujo en el país el modelo neoliberal. Fernández afirma que antes de esa fecha, la Argentina debía 6 mil millones de dólares. Hasta ahora ha pagado 190 mil millones y aún sigue debiendo 140 mil millones.

Ha sido el gran tema de los gobiernos Kirchner. A Néstor Kirchner, su marido y antecesor en el cargo, le indignaba la cantidad de la deuda heredada y en un comienzo de su mandato no quería cancelarla.  Al final pagó todo lo que se debía en ese momento al Fondo Monetario Internacional como una forma de desligarse de sus directrices y seguir un modelo económico distinto al neoliberal.

Cristina, que ha continuado ese camino, ha sido más rebelde aún. Ella piensa que el verdadero foco de corrupción en los países está aquí:  empresarios privados se endeudan con créditos del extranjero y luego, cuando no pueden pagar sus altísimos intereses, estatizan la deuda.

En un artículo en el diario El País de España por esos mismos días, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz reconoce que el desembolso en los términos dispuestos por el juez Griesa, “devastaría la economía de Argentina”, ya que “cada argentino tendría una deuda de más de 3500 dólares, equivalente a la tercera parte del ingreso per cápita del país. Todo para llenar los bolsillos de algunos multimillonarios decididos a exprimir al país y dejarlo sin un centavo”.

Y junto a Robert Solow, también Nobel de Economía, y otros destacados economistas internacionales,  a fines de agosto firmaron una carta dirigida al Secretario General de la ONU Ban Ki -Moon, sugiriéndole que se cree a nivel mundial una nueva normativa para enfrentar los endeudamientos soberanos por parte de los países y que la actual disputa de Argentina con los “Fondos Buitre” sería la ocasión para ello.

El 9 de septiembre, la ONU  aprobó por amplia mayoría la resolución 68/304 que ordena la conformación un marco jurídico global para la reestructuración de la deuda soberana de los países  a partir de la propuesta argentina. Es lo que Cristina agradeció en su reciente discurso ante la Asamblea General.

El problema es que la resolución, aún con una aprobación mayoritaria de una organización mundial que integran 193 países, no es vinculante, es decir, no es obligatoria. Y lo que es más grave, Estados Unidos votó en contra.

Cristina ganó la batalla moral a nivel mundial, pero al cierre de esta edición todavía se espera el desenlace de su duelo con los Buitres.

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02 oct 2014

#Dónate

Por Leonardo Moreno
Leonardo Moreno
Leonardo Moreno
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Además de los altos niveles de desigualdad social que caracterizan a Chile, el país también se define por una inequidad territorial muy pronunciada. De hecho, como una espiral viciosa, es esa misma concentración excesiva de poder político y económico en la capital del país (y en las principales capitales regionales) la que ha reforzado nuestras desigualdades sociales. A eso se refería el académico y politólogo Joan Prats-Catalá cuando declaraba con fuerza: “Chile será descentralizado, o no será desarrollado”.

Devolver la mirada a las regiones y poner atención a las zonas más aisladas, rezagadas y vulnerables de Chile a través de políticas públicas pertinentes, es lo que nos permitirá generar un verdadero desarrollo en el país. Si comenzamos a considerar las potencialidades productivas de nuestros territorios y el talento de las personas que lo habitan, lograremos crear las condiciones necesarias para que todos los chilenos y chilenas podamos desarrollarnos en plenitud.

Eso es lo que significa, en esencia, la descentralización: el traspaso real de poder, de competencias y de recursos. Por eso es urgente que la sociedad civil, las autoridades políticas y la ciudadanía en general (principalmente la de regiones), se convenzan de que sin un mayor avance de los procesos de descentralización, el país no será capaz de reducir las importantes brechas sociales y territoriales que nos separan y bloquean nuestro desarrollo. Se trata, en definitiva, de entregar más poder a las comunidades para tomar las decisiones que afectan sus propias vidas.

En la Fundación Superación de la Pobreza somos conscientes de esta desigualdad territorial y estamos decididos a contribuir a la mejora de oportunidades en las comunas más vulnerables de Chile. Con esa intención se crea el Programa Servicio País hace 20 años. Dos décadas en las que, gracias a miles de profesionales jóvenes comprometidos, seguimos trabajando cada año por un Chile sin pobreza.

Estos profesionales que deciden entrar a trabajar al Programa Servicio País son jóvenes que están dispuestos a vivir durante un año en comunas alejadas y vulnerables de Chile para compartir conocimientos técnicos y compromiso humano con las comunidades mediante el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo.

Hasta ahora, ya son cerca de 5.000 jóvenes los que han contribuido a esta labor. Cerca del 40% de ellos al terminar el Programa, decidieron quedarse en regiones.

Nuestro país necesita de ellos; de jóvenes comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria, capaces de cambiar la mirada sobre la pobreza y construir puentes entre las oportunidades y las comunidades.

Por eso, un año más, volvemos a lanzar un llamado a todos aquellos jóvenes profesionales que deseen contribuir a esta importante labor que realizamos desde Servicio País.

A todos ellos les pedimos que se donen a sí mismos. No necesitamos su plata, pero sí su trabajo, su compromiso, su insolencia, su creatividad, su alegría.

Las postulaciones están abiertas en www.serviciopais.cl

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01 oct 2014

Mujeres en El Salvador y en Chile: criminalizadas y violadas en sus derechos

Por Ana Piquer
Ana Piquer
Ana Piquer
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No hay duda de que América Latina ha vivido un pasado reciente de dictaduras y conflictos armados internos durante el cual se cometieron espantosas violaciones de los derechos humanos.El Salvador, donde estuvo una misión de Amnistía Internacional, no es una excepción.

Si bien, como en muchos otros países de la región, todavía existen tremendas deudas pendientes con las víctimas de ese periodo, se ha logrado la paz en El Salvador y el país ha firmado numerosos tratados de derechos humanos que prometen proteger los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Sin embargo, todo los pasos por lograr la paz, y estos documentos firmados, pareciera que fueran a costa del silencio de las mujeres. Estos sin duda, no han ayudado a María Teresa, una mujer que representa las muchas caras de la injusticia en el país. Ha sido condenada a 40 años de prisión como consecuencia de la violencia institucional y la prohibición total del aborto. María Teresa tuvo un aborto espontáneo, cuando ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ella es una víctima de la profunda discriminación y criminalización de las mujeres en un contexto que limita sus decisiones reproductivas.

María Teresa hoy se encuentra en la cárcel de Ilopango, donde ha estado recluida por más de tres años, y donde no se escapa de los estigmas y las humillaciones.

El caso de María Teresa es una historia que, sin duda, es injusta y muy triste. Pero este relato no es único ni aislado. Cada día, las mujeres y niñas de El Salvador están sufriendo, gracias a una ley represiva y desfasada, la prohibición total de aborto.

La draconiana ley en el país ha tenido como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos cada año. La criminalización de esta práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel, como María Teresa.

Esta ley era la razón por la que Amnistía Internacional estuvo en El Salvador la semana pasada.El 25 de septiembre la organización lanzó el nuevo informe titulado “Al borde de la muerte: la violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador.” El informe aborda las enormes barreras culturales e institucionales que afrontan las mujeres y las niñas para ejercer sus derechos humanos, particularmente las que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo. Las mujeres y las niñas no pueden acceder a el, incluso si llevar adelante su embarazo las mata o les puede crear una incapacidad de por vida. Ellas no pueden obtener un aborto, incluso si es una niña de nueve años que ha quedado embarazada como resultado de una violación. Estos no son ejemplos abstractos, durante años Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en circunstancias similares.

Lamentablemente, las violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas son extremas en El Salvador y, peor aún, estas vulneraciones no son únicas en nuestra región.

América Latina y el Caribe van en contradicción con el resto del mundo en relación a legislación sobre el derecho al aborto. Entre 1996 y 2013, el porcentaje de países que han despenalizado el aborto por alguna causal ha ido incrementándose gradualmente.

En el mismo periodo solo ocho países lo han restringido, tres de los cuales están en nuestra región. El 98% de los países del mundo permiten el aborto por lo menos cuando la vida de la mujer está en riesgo y dos tercios lo permiten cuando la salud física o mental de la mujer está en peligro. Sin embargo, siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones expresas están en América.

Uno de estos países es Chile. Afortunadamente, acá se ha anunciado que se va a revisar esta situación. En su programa de gobierno la Presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto.

Por ello, Amnistía Internacional presentó recientemente el documento “El aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Fundamentos de los derechos humanos”, buscando contribuir al debate en Chile desde nuestra mirada. El Salvador, así como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Suriname y Haití deberían seguir este ejemplo.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una clara correlación entre la penalización del aborto y la muerte de mujeres por esta causa. La razón de muerte materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto. 

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de El Salvador, y particularmente al Presidente Sánchez Cerén, derogar las leyes que penalizan el aborto y garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de aborto, por lo menos, en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud física o mental, donde hay malformación fetal grave, y en casos de violación o incesto. También ha pedido al gobierno de Chile que cumpla con el anuncio y se inicie prontamente el debate legislativo en este sentido.

Es la misma demanda de justicia e igualdad que reiteramos con ocasión del 28 de septiembre de 2014, día mundial de la despenalización del aborto, a todos los Estados de la región.

Es precisamente en 2014 que se cumplen 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y al revisar los avances en la región, los gobiernos se comprometieron a “modificar las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.

En el 2014 también se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Para, donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Despenalizar el aborto es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de derechos humanos. El momento es ahora.

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01 oct 2014

La supuesta restricción para construir el estadio de la “U” en Pudahuel

Por Patricio Herman
Patricio Herman
Patricio Herman
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Dentro del contexto de la construcción del estadio de la “U” en una fracción del Parque Laguna Carén, área verde de 1.011 hectáreas, localizado en la comuna de Pudahuel, en la edición del diario “La Tercera” del martes 30/09/14 el periodista le pregunta a Carlos Heller, mandamás de Azul Azul, ¿siempre supieron, Azul Azul y la Universidad, de los problemas de constructibilidad en Carén?

Y la respuesta , jamás pensamos en que hubiese habido un engaño de parte de la Universidad.Hemos actuado de muy buena fe las dos partes. El tema de la constructibilidad siempre lo tuvimos claro. Sabíamos que teníamos el 1% para construir, pero después el nuevo rector (Ennio Vivaldi) se dio cuenta de que sólo podían ocupar 10 de las mil hectáreas y si se construía el estadio, no cabía nada más (por el centro tecnológico).Eso implicaba ir a la municipalidad, cambiar el plano regulador y eso lo tiene que hacer el dueño y son trámites larguísimos.

Sobre  idéntica materia, en la edición del diario “El Mercurio” del mismo 30/09/14 el periodista le consulta al presidente de Azul Azul , ¿por qué recién ahora se sabe que el porcentaje de constructibilidad es solo del 1% en laguna Carén?

Y la respuesta,  eso siempre se supo.

Hemos transcrito lo anterior pues esas respuestas son equivocadas. En efecto, todos sabemos que el gobierno de Patricio Aylwin le donó en marzo de 1994 a la Universidad de Chile este importante terreno afectado en aquella época como área verde, para que en 200 de sus 1.011 hectáreas llevara a cabo, por cuenta de una Fundación dirigida por Patricio Rojas, entonces ministro de Defensa, un ambicioso proyecto científico tecnológico,  para este loable propósito el titular de la intención obtuvo un préstamo de 20 millones de dólares con el aval del Estado.

Ahora bien, efectivamente el Parque Laguna Carén, definido como área verde en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), tiene la restricción aludida por el presidente de Azul Azul. La superficie de 10 hectáreas era considerada insuficiente para el propósito de edificar el anhelado estadio de la “U”, pero tenemos el deber de comunicar que el 13 de febrero de 2004 se había publicado en el Diario Oficial una modificación del artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ((LGUC), con lo cual, por estar localizado ese amplio terreno en un sector rural de Pudahuel, caducó automáticamente en esa fecha, 10 años atrás, su declaratoria de utilidad pública de área verde.

La consecuencia del cambio legal que generó la desafectación del área verde, ha quedado reflejada en el ORD. Nº 4249 del 27/10/08 enviado por Carlos Estévez, Seremi de Vivienda y Urbanismo, a Ricardo Gallardo, Director de Obras Municipales de Pudahuel, en donde le expresa que ese amplio terreno, por la razón antes dicha, se regula por las normas generales, asunto por lo demás ratificado en dictamen Nº 34250 del 24/06/10 firmado por Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, enviado a Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel. 

Ante tal escenario, Azul Azul siempre ha podido iniciar los trámites de los permisos para la construcción de su estadio en ese terreno rural, acogiéndose al artículo 55º de la LGUC, cuyo último párrafo dice “igualmente, las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del ministerio de la Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan”, teniéndose en cuenta que en el artículo 2.1.33 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se definen las clases de equipamientos, entre los cuales está el deporte, uno de cuyos destinos es la construcción de estadios para clubes deportivos.

El estadio de Azul Azul se puede construir en una fracción determinada de superficie, sin límite, del terreno de 1.011 hectáreas de la Universidad de Chile y esta casa de estudio superior le puede traspasar al club deportivo, incluso gratuitamente en atención a que el predio lo recibió también por donación del Estado, la superficie que sea necesaria para el emplazamiento del estadio;  bien podrían ser unas 30 o más hectáreas, asunto que conocen muy bien todos los arquitectos que se desempeñan en la Dirección de Obras de ese municipio como también los consultores privados contratados por Azul Azul. 

Ahora sabemos que el estadio se podría construir en la comuna de La Pintana, lo cual está  bien y nos alegramos de ello, pero debe quedar muy en claro que este cambio de localización en ningún caso se debe a la supuesta restricción del 1% aludida por Heller.

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01 oct 2014

¿Autoridad parental en crisis? (I)

Por Amanda Céspedes
Amanda Céspedes
Amanda Céspedes
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Existe entre los padres la penosa percepción de estar perdiendo el ascendiente de autoridad sobre sus hijos, percepción que es reforzada por las opiniones apocalípticas de los profesores y de la comunidad en general. Frente a esta situación, los padres se defienden argumentando que “ nadie les enseña a ser padres” y que los niños y adolescentes actuales se han transformado en tiranos de sus mayores, hábiles en desafiarles y a la vez someterles a sus caprichos.

Esta nueva construcción social de un “niño-empoderado” contra toda autoridad era sostenida apasionadamente por un especialista en familia en un programa televisivo español hace unos días, quien advertía que si los padres continuaban “ mostrándose débiles”, sus hijos acabarían sometiéndolos y transformándoles en marionetas sin poder sobre ellos.

Y hace dos años vimos en un programa de TV chileno a una especialista en psicología infantil forzar a una pequeña de 3 años a obedecerle a través de una actitud amenazante para mostrar a sus padres que “con esta autoridad firme no podrá manipularlos”.

¿Tienen razón estos especialistas en preparar a los padres a reforzar su autoridad para detener el avance de una nueva “raza” de niños y adolescentes inmanejables?Estamos en absoluto desacuerdo y abrigamos un profundo temor: que “la búsqueda de una solución contribuya a empeorar el problema”, simplemente porque el pretendido problema – los nuevos niños inmanejables e inmunes a la autoridad – no sólo es una falacia, sino que parece provenir de la pérdida, por parte de los padres y de los adultos en general, del verdadero sentido de la autoridad.

En otras palabras, el problema no son los niños, pretendidos “victimarios”, sino quienes son sus educadores (padres, maestros y otros adultos) y que aparecen como las víctimas.

En nuestros libros – Educar las Emociones, Educar para la Vida y Las Emociones van a la Escuela, el Corazón También Aprende ,entre otros – hemos planteado un cambio de mirada sobre la autoridad de padres y maestros, pero esta propuesta genera en muchos de ellos el temor a mostrar un flanco débil que aumente el poder desafiante de los niños y adolescentes. En otras palabras, el miedo les lleva a aferrarse a su modelo de autoridad sin percatarse que no es verdadera autoridad, es simple ejercicio de poder.

Facundo Ponce de León, uruguayo, PH. D. en Filosofía, cuya tesis doctoral abordó el concepto filosófico de autoridad y analizó la obra de Hannah Arendt, nos ha proporcionado a través de su libro “Autoridad y Poder” una plataforma sobre la cual mostrar nuestra visión de un problema inexistente y señalar algunas vías para cambiar la mirada antes que cobre existencia y sea de verdad un fenómeno devastador.

Sostiene el filósofo uruguayo que, a diferencia de lo que se estima habitualmente, no hay individuos que sean una autoridad para otros;lo que hay son personas que logran captar y transmitir la estructura temporal que da sentido a las cosas y están quienes les reconocen esa capacidad de dar sentido.

El sentido apunta a religar las cosas con la historia en la que se insertan.“Hacerse cargo de un mundo que se les entrega y planificar un mundo que quieren legar.”

En esta perspectiva, padres y maestros no son autoridad, viven acontecimientos de autoridad “centelleantes y fulgurantes” que se apagan con prontitud pero que no son constantes. Adosar a alguien una autoridad constante sería desmerecer el sentido que porta la autoridad. En esta perspectiva, padres y maestros serían “depositarios momentáneos del acaecimiento de sentido”. Si sólo hay órdenes y obediencia, entonces no hay autoridad, hay apenas una imposición, sostiene el filósofo.

La tesis de Ponce de León nos parece extraordinariamente lúcida para mostrar que los “niños-tiranos”,detentadores de un poder cruel que ejercen desautorizando, desobedeciendo, desafiando, transgrediendo, no existen como la encarnación de un nuevo mal social; ellos son apenas el reflejo de una concepción de autoridad adulto- niño errónea, sustentada en el control y la obediencia, siendo esta última la legitimación de ese control que traduce el ejercicio del poder.

Y el poder destruye la autoridad como acontecimiento de autoridad sobre la vida de un niño, es decir, como ser en un determinado momento quien “hace posible ver las cosas con los ojos de otro sin dejar de ser uno mismo”. Padre, maestro, educador, viven un acontecimiento de autoridad que se inserta en la trama de la historia de ese niño; la certeza de ser protagonista de un acontecimiento de autoridad les permite comprender y aceptar que representan un papel transitorio en una trama vital donde el otro está adquiriendo sentido.

Autoridad como apertura y no como cierre a la autonomía del otro.

Padres y educadores deben conocer las fronteras de esos “acontecimientos de autoridad” y aceptar su condición efímera y a la vez duradera.Los primeros cinco años de la vida se es autoridad para proteger al párvulo en su afán de explorar y conocer pero sin limitar su libertad; para acompañarle en la titánica tarea de colocar cauce al caudaloso río del miedo, único modo de aceptar que hay un mundo –con-sentido en el cual es preciso sumergirse para conocerlo.

Ese cauce se llama confianza y se construye a través de actos de amor. Pero cuando ese niño tiene ocho o nueve años, es otro el acontecimiento de autoridad que el desarrollo infantil plantea al adulto; ahora se trata de cultivar en ese niño el arte de la reflexión como camino al sentido; de acompañarle en la construcción de una cosmovisión y mostrarle cómo colocar en su interior el coraje, el tesón, la perseverancia, la capacidad de luchar por un objetivo trascendente.

Y si ese niño ya es un adolescente, el acontecimiento de autoridad esencial será el alejarse gradualmente, desvanecerse como “autoridad” pero sin desaparecer como interlocutor válido en el círculo de la confianza, acompañando en forma tenue al adolescente en su tránsito hacia la autodeterminación y la libertad responsable.

Y desde que ese niño comienza a asomarse al mundo hasta que ya cree conocerlo, el acontecimiento de autoridad constante, atemporal, habrá sido construir en su interior el valor humano primordial e inclaudicable: el respeto por la dignidad del otro.

En todos estos “acontecimientos de autoridad” no hay espacio para el ejercicio del poder, representado por el someter, el imponer la obediencia y el uso del castigo como recurso supremo de ese poder.

Cuando padres y educadores acepten que son protagonistas de “acontecimientos de autoridad” y se decidan a vivirlos junto a niños y adolescentes, podrán comprobar que el avance implacable de esa horda de niños “bárbaros” era apenas una pesadilla en sus mentes, y que bastaba con aprender que los niños no están aquí para ser sometidos, sino para ser liberados.

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01 oct 2014

Humanidad ¿con o sin memoria?

Por Marcelo Román
Marcelo Román
Marcelo Román
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Derecho al olvido es un concepto ligado a las tecnologías de la información que se puso en boga a partir de la molestia de un ciudadano español, Mario Costeja, quien demandó a Google para lograr que su nombre despareciera del buscador donde llegó debido a una deuda de un inmueble de su titularidad.Terminado el episodio y transcurridos varios años pidió ser borrado, pero se le negó el derecho el que fue reconocido por la justicia española. La acción motivó a más naciones de la comunidad económica Europea a reconocer este derecho legalmente.

¿Pero, existe realmente ese derecho al olvido que paradojalmente llevó al señor Costeja a pasar a la historia? Parece que, en lo real, no. Se puede eliminar de los buscadores nombres, situaciones, casos, pero éstos de forma inevitable se encuentran en la memoria histórica de algún servicio, respaldado en algún papel o escondidos en algún lugar de la nube. En mayo de este año la UE declaró que sus ciudadanos tienen derecho a pedir el retiro de información irrelevante o vergonzante que apareciera al buscar su nombre.

Varios son los conceptos y valores involucrados. El derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión colisionan cuando se invoca el “derecho al olvido”. Éste se encuentra relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales, específicamente con el derecho de un titular a borrar, bloquear o suprimir información personal.

Para ACTI, asociación gremial que cuenta con socios que manejan datos, propios y de terceros, existe un equilibrio precario entre ambos derechos: el de la privacidad y el de información, a lo que se suma el hecho real de que hoy no existe nada absolutamente secreto o confidencial.

La tierra está rodeada de satélites que escudriñan cada metro cuadrado del planeta, que pueden oír todo o casi todo. Por eso, a nuestro juicio resulta más beneficioso para todos, la existencia de reglas claras, conocidas y de fácil aplicación que resguarden este sano y justo equilibrio.Ello, por supuesto, refiriéndonos a lo que es conocido, público y forma parte de los sistemas económicos, financieros, comerciales, educacionales, de salud, policiales.

A lo sucedido en Europa, hubo una rápida reacción en Chile, específicamente de nuestro poder legislativo. Cuatro parlamentarios presentaron una indicación a la actual Ley de Datos, la 19 628 en la que se garantiza que “toda persona tiene derecho a exigir de los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos personales. La falta de pronunciamiento sobre la solicitud del requirente o denegación de la misma por parte del responsable de dichos motores de búsqueda o sitios web, le dará derecho al titular a ejercer el recurso contemplado en el artículo 16 (recurrir ante tribunales de Justicia)”.

Respecto a la ley en comento, es bueno tener presente que,dada su obsolescencia, se encuentra en primer trámite legislativo otra norma legal que busca adecuarse a la nueva realidad.

Su objetivo es “reforzar la protección de los datos personales frente a toda intromisión de terceros, ya sean entidades públicas o privadas, estableciendo las condiciones legítimas para el tratamiento de tales datos” y entre los cambios que propone la ley se encuentra el establecer el “consentimiento previo” para la entrega de los datos personales el no será necesario en caso de emergencia sanitaria o investigación policial, solicitar el bloqueo temporal de datos; un catálogo de infracciones y sanciones, así como una división especial en el Sernac.

Más allá del derecho de las personas a su privacidad, es bueno que exista una normativa clara que delimite de forma certera qué es privado y que no, dado que algunas personas tienden a confundir planos y correr el cerco de lo privado limitando el derecho a la libertad de expresión y al uso del conocimiento.

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01 oct 2014

Vamos por más para la primera infancia

Por Estela Ortiz Rojas
Estela Ortiz Rojas
Estela Ortiz Rojas
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Un nuevo organismo, que tiene como objetivo facilitar la colaboración entre los países de la comunidad iberoamericana en torno a materias de primera infancia, tendrá sede en Chile. Se trata del Instituto Iberoamericano para la Primera Infancia, que nace a partir de la reciente firma del memorándum de entendimiento entre el ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Infancia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI.

Este instituto se especializará en la creación de políticas públicas y prácticas sociales, que garanticen la supervivencia, el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas menores de 8 años, y el pleno ejercicio de sus derechos, tanto en los países iberoamericanos como en otros en vías de desarrollo.

Algunos de los objetivos del Instituto serán fortalecer las capacidades políticas y técnicas de los diferentes actores involucrados en acciones de salud, cuidado, educación y protección de la primera infancia, y promover agendas de trabajo intersectorial e interinstitucional, que permitan acciones integrales en relación con la atención y educación de la primera infancia.

La creación del Consejo Nacional de la Infancia como segunda medida de los primeros cien días de este gobierno, la nueva subsecretaría de Educación parvularia y el Instituto Iberoamericano para la Primera Infancia, dan cuenta del potente impulso que se les están dando a las políticas de niñez y adolescencia en el país, en miras de transformarnos –progresivamente- en un referente de la región en temas de infancia.

Desde el Consejo celebramos con entusiasmo que Chile sea sede de esta nueva institución, que sin duda nos permitirá promover la cooperación, intercambio y generación de redes en la primera infancia y así avanzar juntos en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

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