La semana pasada el prestigioso periódico británico TheEconomist publicó un artículo sobre Chile, su modelo económico y el descontento popular (http://www.economist.com/node/21552566/print).
Lamentablemente, en la publicación calificaron al presidente Sebastián Piñera como “un político inepto” lo que desvió la atención de los medios de prensa hacia este hecho y no hacia lo que contiene el resto del artículo.
Uno de los puntos que no me deja de sorprender es que la desigualdad continúe como hace 10 años, incluso por sobre países como México. Mucho se habla de que la pobreza ha bajado enormemente, así como el desempleo, pero la desigualdad es la que genera el descontento de los ciudadanos.
El libro The Spirit Level (R. Wilkinson y K. Pickett) muestra evidencia clara sobre la relación entre desigualdad de ingresos y la violencia, así como con la desconfianza que existe en la sociedad completa.
¿Qué esperan los políticos que ocurra cuando ellos suben sus asignaciones en 2 millones de pesos, mientras el sueldo real de gran parte de los chilenos no llega al 10% de esa suma?
¿O cuando los miles de pescadores del país ven que gran parte de las cuotas de pesca son asignadas a conglomerados industriales, y que más encima los mismos conglomerados son el único mercado para sus productos?
Sin embargo, lo que no han evaluado quienes quieren mantener el statu quo, y no tienen interés real en acortar la brecha entre ricos y ciudadanos comunes, es que la mayor desigualdad no sólo afecta a los que están “abajo”.
El mismo libro muestra cómo todos los indicadores de bienestar – tales como salud, duración de la vida y logros educacionales – son mucho más bajos en una población con mayor desigualdad, incluyendo a quienes tienen “la sartén por el mango”.
Otro punto que tocó The Economist, y que nadie acusó recibo, fue que en Chile tenemos una economía “cartelizada”, citando el ejemplo del “caso farmacias”.
Acá no puedo dejar de referirme al sector pesquero. A lo largo del país hay zonas pesqueras en las cuales los controladores del sector industrial varían entre 1 y 5, dependiendo de la pesquería. Ellos son quienes han manejado el sistema completo por años – donde incluyo a quienes debían regularlos- y que, además, son el principal poder comprador de los productos de la pesca artesanal.
¿Cómo se espera que los pescadores artesanales puedan tener un comercio justo de sus productos, cuando los compradores son carteles?
La situación pesquera se agrava aún más cuando, conociendo esta asimetría, el ministro de Economía, Pablo Longueira, sienta en una mesa a artesanales e industriales para que se pongan de acuerdo en como repartirse los recursos pesqueros, recursos que además son del Estado.
Lógicamente, en esa mesa, llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo que sólo involucra a los artesanales “dirigentes” que fueron invitados.
Aunque el ministro salga diciendo que se traspasaron más de 30 millones de dólares en cuotas de pesca del sector industrial al artesanal, los únicos que defienden el acuerdo son los que lo firmaron.
El pescador artesanal de verdad sabe que esos números los ha escuchado antes y que no se han traducido en bienestar para los suyos. El pescador tiene claro que si un cartel cede algo, necesariamente es porque les genera un beneficio. Recordemos que quien pone el precio de compra sigue siendo el cartel.
Pero el tema va más allá. La desigualdad percibida por el sector de la pesca artesanal no se soluciona con un aumento de cuota acordado entre cuatro paredes, o dinero directo o en forma de “proyectos” que reciben algunos dirigentes, como ha estado ocurriendo.
Es necesario romper los carteles pesqueros que se han formado en las distintas zonas del país.
Para esto se ha propuesto activar el artículo 27 de la Ley de Pesca que permitiría que por lo menos 50% de las cuotas industriales sean licitadas, además de poner limites a la concentración.
Esto permitiría la entrada de nuevos actores al sector industrial los que, como los actuales, necesitarán complementar sus capturas con las artesanales aumentando así la competencia por sus productos.
Al mismo tiempo, y paralelo a lo anterior, lo óptimo sería implementar un sistema en el cual los artesanales puedan vender sus capturas al mejor postor, como opera en Europa la llamada “subasta de primera venta”, de forma tal de romper los contratos leoninos con los cuales los carteles los mantienen cautivos.
Lógicamente, estas propuestas tienen el total rechazo de quienes se benefician del actual sistema “cartelizado” y que, en concomitancia con el Gobierno, han desarrollado un nuevo proyecto de Ley de Pesca para mantener el control de estos grupos sobre las cuotas de pesca y sobre los artesanales, proyecto que hoy se discute en el Congreso.
Si el Gobierno realmente quiere solucionar las desigualdades del sector pesquero y evitar conflictos, debería apuntar a mejorar las oportunidades del pescador artesanal y no llegar a acuerdos con los dirigentes que, posteriormente, salen de la mano con los dueños de los carteles gritando a los cuatro vientos que llegaron a un acuerdo, mientras los pescadores de verdad los miran desde “abajo”.