Es normal que se regalen los recursos pesqueros con los que cuenta el país sin concursos ni sorteos a un exclusivo club de los elegidos.
Es normal que luego de calcularse una cuota de pesca que apunta a la sustentabilidad de los recursos, sobre la base del conocimiento científico, tenga que existir un paso intermedio, llamado “Comité Científico”, que modifica la cuota finalmente que se asigna a los pesqueros.
Es normal que estos “Comités Científicos” sean nombrados por políticos y no reciban sueldo “alguno”, quedando expuestos a la amabilidad de quienes tengan interés en financiarlos.
Es normal que los planes de manejo, que deberían apuntar a recuperar las pesquerías y hacerlas sustentables, sean elaborados por los pesqueros y los políticos, sin participación de científicos u ONGs.
Es normal que un país pesquero como Chile no tenga un instituto de investigación pesquera autónomo y responsable del conocimiento de los recursos.
Es normal que 4 empresas amasen el 92% de las cuotas industriales de pesca de los recursos pesqueros de importancia económica.
Es normal que el 98% de la merluza austral sea asignada a una sola empresa de capitales japoneses sin que nadie más pueda participar de esta pesquería.
Es normal que, teniendo el 70% de los recursos pesqueros sobreexplotados, la ley no incluya mecanismos de recuperación de los mismos.
Es normal que bajo la ley que asignó los recursos pesqueros a privados hace 12 años, y que se supone apuntaba a la sustentabilidad –lo mismo que busca perpetuar ahora el proyecto de ley en el Congreso- se hayan sobreexplotado la mayoría de las pesquerías del país.
Es normal que la pesca artesanal esté cautiva por un oligopolio que les paga lo que ellos deciden a los pescadores artesanales por sus productos.
Es normal que los políticos digan buscar la sustentabilidad de los recursos del país mientras, en la misma ley, los asignan exclusivamente a quienes los sobreexplotaron.
Es normal que un ministro de Estado intervenga el poder legislativo, cambiando miembros de comisiones para favorecer la aprobación de medidas que, además, van en contra de los intereses del país.
Es normal que los mismos congresistas con conflicto de intereses sean quienes decidan si votan o no una ley que afecta esos intereses.
Tranquilos, como ven, el proyecto de ley de pesca es tan normal que el Gobierno no entiende por qué nos oponemos.