Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros han vuelto a alzar sus pasajes concertadamente durante este fin de semana largo, a vista y paciencia de las autoridades que permiten este abuso en contra de los consumidores.
Esta situación fue denunciada por el Sernac ante la Fiscalía Nacional Económica en diciembre del año pasado.
En abril de este año comparecí a la entidad fiscalizadora,junto a dirigentes de las organizaciones que defienden a los consumidores (ODECU, ANADEUS y CONADECUS). En esa ocasión denunciamos estas prácticas abusivas y la colusión de las empresas.
Pasó la Semana Santa, las Fiestas Patrias y ahora con este fin de semana en que se junta el Día de Todos los Santos y el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas se reitera la conducta arbitraria de las empresas.
No se ve dónde están las autoridades del Gobierno haciéndose cargo de este grave problema que afecta a más de 480 mil personas que usan habitualmente los servicios de buses interprovinciales.
El gobierno habla mucho de protección a los consumidores y usuarios, pero lo que se ve es mucho ruido y pocas nueces. A la hora de tocar efectivamente los intereses coludidos no hay una acción clara de la autoridad.
La desidia de la autoridad es más compleja, puesto que la comunidad se cansó de los abusos y exige cada vez más un Estado que la defienda de los abusos empresariales.
Como Vicepresidente del Senado, he presentado un severo reclamo al Fiscal Nacional Económico Felipe Irarrázabal, por la tardanza en la tramitación de la denuncia por colusión contra las empresas de transporte interprovincial.
Pero creo que esto no se puede quedar en las sanciones administrativas y civiles.
He presentado ante la Fiscalía Nacional del Ministerio Público una denuncia criminal por fraude, sancionado en el artículo 285 del Código Penal, que castiga a quienes por medios fraudulentos consigan alterar el precio natural del trabajo.
Creo que los ejecutivos de las compañías de buses interprovinciales deben enfrentar a la justicia, puesto que le están haciendo daños a miles de chilenos con sus prácticas abusivas.
Está claro que estas alzas no obedecen a ningún otro factor que no sea la decisión arbitraria y concertada de las empresas que manejan este mercado, ya que no median ni mayores costos de combustible, de insumos, de salarios ni de ningún otro factor que encarezca por si mismo la operación del servicio.
Solo se trata de una práctica concertada entre las empresas, que fijan una política común de alza de precios con la finalidad de aumentar su propio lucro, en prejuicio de los usuarios y consumidores.
Las empresas responsables de estas prácticas colusorias, ocupan una posición dominante en el mercado, la que aprovechan para perjudicar los derechos de los chilenos que deben usar este medio para trasladarse, y que corresponden a los sectores de mayor esfuerzo del país, ya que sus ingresos no les permiten contar con medios propios para realizar estos traslados.