El lenguaje es dinámico, va cambiando con el tiempo, el momento, la latitud y otra serie de aspectos. Palabras que hace pocos decenios tenían un significado van adquiriendo otras connotaciones y también su contenido dependerá de la entonación con que se dicen e incluso la expresión facial.
Un ejemplo ilustrativo en Chile es la palabra “huevón”, que en el pasado era un término eminentemente grosero y ofensivo, pero que en la actualidad pasó a ser de uso corriente. Este fenómeno se observa con otros vocablos del lenguaje común, como la palabra “lucro” un término muy utilizado.
Sin embargo, aparte de su connotación negativa, lucro se usa con contenidos muy imprecisos, pero todos ellos asociados a la malignidad.Por ejemplo, el diccionario de la RAE señala que lucro es “la ganancia o provecho que se saca de algo”, lo cual es bastante inocente desde el punto de vista ético. La clave puede estar en sacar provecho, beneficiarse de algo o alguien.
Aquí surge el fenómeno del abuso, característico de la sociedad chilena actual y que se ha manifestado en distintos ámbitos: la educación, la salud, la vivienda, los servicios financieros, las farmacias y, muy especialmente, el comercio o “el retail”, en términos modernos.
Las expresiones concretas son variadas, encabezadas por La Polar, el acuerdo entre las grandes cadenas de farmacias y los laboratorios; los créditos CORFO y con aval del Estado (el CAE), las AFP, en fin, el ciudadano abusado por aprovechadores poderosos. Cuando las situaciones se repiten y extreman surgen las legítimas resistencias y también las simplificaciones en el análisis.
Estas acciones han ido generando un difundido sentimiento de rechazo al abuso, que se expresa en el repudio a quienes “lucran” en la sociedad. Uno de los sectores en que se ha concentrado la reprobación es en la educación, cuestionándose la “mercantilización” de la sociedad, causada por el neoliberalismo como su fuente ideológica y expresándose en el repudio a considerarla como un “bien de consumo”, tal como lo calificó el ex Presidente Piñera y no como un derecho social. Ello, además, agudizó los conflictos.
Así, el rechazo al lucro se extendió a todos los niveles del sistema educacional y pasó al centro de la discusión, con ocasión del proyecto de ley enviado tempranamente por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que “regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”.
Entre los fundamentos del proyecto de ley se señala que “las movilizaciones sociales de los últimos años pusieron de manifiesto el problema del crecimiento descontrolado de los establecimientos con fines de lucro, impulsaron la necesidad de concebir la educación como un derecho social y no como un bien de consumo y cuestionaron que el extraer utilidades sea un incentivo de los sostenedores privados que quieren proveer educación, más aún en un contexto de recursos siempre escasos para el proceso educativo”.
El aspecto más cuestionable de esta afirmación es que se fundamenta en las “movilizaciones sociales” y no en las opiniones y estudios realizados por especialistas educacionales, en conclusiones del ministerio de Educación, de las Facultades de Pedagogía, en recomendaciones de misiones de la ONU o comisiones parlamentarias, sino la ahora sacrosanta “la calle”.
Cuando se considera que las manifestaciones estudiantiles (“la calle”) representan la voz de la ciudadanía, se pueden cometer serios errores políticos.
Es enteramente cierto que las marchas tuvieron el mérito de volcar la atención sobre una serie de temas, problemas y carencias que existen en la sociedad chilena; sumaron distintas expresiones de la desigualdad y los abusos existentes, pero también es claro que responden a diferentes intereses que se agrupan y dispersan con igual facilidad, dependiendo de la profundidad y permanencia de cada conflicto.
Los problemas del crédito universitario son muy diferentes a los del costo de la energía en Magallanes, las cuotas de pesca de Aysén, el multirut o los matrimonios homosexuales.
Es evidente que el mérito del movimiento estudiantil fue poner en relevancia serios problemas que ha arrastrado el país y reiterarlos desde 2001, hasta el extremo de cambiar la agenda política de Chile.
Sin embargo, eso no significa que represente a la ciudadanía, la cual se expresa fundamentalmente en los procesos eleccionarios, bajo el principio que cada persona tiene los mismos derechos, cada voto tiene el mismo poder, el cual es delegado tanto en la Presidencia de la República como en el Parlamento, por muchas imperfecciones que tenga el sistema binominal pero, en definitiva, ese es el fundamento de la democracia, no quien grita más fuerte, es la defensa popular fuente a los poderosos.
Volviendo a nuestro tema, hemos visto cómo la evolución del lenguaje hace que la palabra “lucro” deba asimilarse más bien a la voz “codicia”, que significa “afán excesivo de riqueza”, y que representa una motivación claramente presente en algunos segmentos de la sociedad chilena y en los incentivos que promueve el neoliberalismo para guiar la conducta humana.
En ese sentido debe diferenciarse del término y significado de “ganancia”, que es la retribución legítima de un factor productivo que interviene en los procesos de elaboración, tanto de un bien físico como de un servicio, sea la educación, como la salud o la actividad artística.
Tal como lo señaló el Cardenal de Ghana Peter Turkson, Presidente de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, “las utilidades son un buen sirviente, pero un mal señor”.
En resumen, toda actividad debe ser realizada en forma eficiente, sea ésta un negocio tradicional u otro con fines altruistas, religiosos o laicos; o que persigan objetivos sociales. Eso se observa en numerosas acciones en que interviene el Estado con diferentes fundamentos, principalmente mediante subsidios: construcción de viviendas sociales; concesiones de obras públicas, cárceles y aeropuertos; actividades artísticas; hospitales y universidades.
Lo anterior no obsta para que el Estado cumpla también con eficiencia su labor reguladora, especialmente importante en el sector educacional, donde se presentan con mayor intensidad las carencias en tareas, donde además, dada su naturaleza, ocurren abusos, imperfecciones, desigualdades y asimetrías de información, las que se constituyen en terreno fértil para la codicia o el lucro en su nuevo significado criollo. De ahí, surge la necesidad y obligación de imponer normas y controles.
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