El día de hoy, el gobierno ha consumado un inaceptable despojo de nuestros yacimientos de litio, al adjudicar la primera licitación de contratos para su explotación, mediante la modalidad de los CEOLS, nada menos que a la Sociedad Química y Minera de Chile SQM, por 19 mil 301 millones de pesos, empresa en manos de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, y Patricio de Solminihac, hermano del actual ministro de Minería.
El actual gobierno en forma equivocada, con una mirada ideológica, ha avanzando en el tema de la licitación de litio, haciendo caso omiso de la responsabilidad que como Estado le cabe en generar los mecanismos para explotar y comercializar una riqueza que será fundamental para muchas tecnologías, la cual está siendo cedida de una manera irregular a SQM.
Desde el principio de esta operación hemos cuestionado la transparencia de este proceso, el cual esperamos sea anulado por la Contraloría debido a que no respeta la institucionalidad ambiental, dado que ha ignorado la normativa medioambiental establecida en la ley N° 19.300 sobre bases generales de medio ambiente.
Oportunamente advertimos al Gobierno, que vamos a resistir esta concesión disfrazada, de una riqueza estratégica de Chile, en abierta transgresión de la Constitución y la Ley, ya que el Litio es un mineral no concesionable, sin una Ley especial que así lo permita.
Estos contratos especiales otorgan a las empresas adjudicatarias privilegios inauditos, dejando al país solo un ínfimo porcentaje de lo que produzcan con la explotación del mineral, no más del 7%.
Además, los yacimientos de litio que han sido licitados, afectan a comunidades de pueblos originarios, lo que obliga al Estado a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, a través del proceso de Consulta Previa, situación que ha sido omitida por el Gobierno, agregando una nueva causal de nulidad de los contratos especiales.
Considero que la licitación adjudicada a SQM mediante el expediente de los contratos especiales, es ilegítimo en su origen, y que junto al recurso de nulidad presentado ante tribunales por los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón y José Antonio Gómez, y los reclamos pendientes de pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República, es necesario y urgente promover desde todas las instancias que estén a nuestro alcance, la nulidad y reversión de estos contratos, para garantizar que efectivamente que el litio siga siendo una riqueza estratégica de todos los chilenos.