Si a un ciudadano se le preguntara si los derechos humanos deben ser respetados por todos, la inmensa mayoría criteriosa diría que por cierto, deben ser cumplidos y observados por moros y cristianos, las autoridades y el pueblo. Todos esos derechos sin excepción: los que se plasman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política y algunos textos internacionales.
¿El juicio justo es un derecho humano?, evidentemente, y si encadenamos este razonamiento al anterior, ¿quien debe cumplirlo? pues bien, dirían muchos, el Estado a través de sus instituciones y medios.
Pues no es así, el juicio justo, como el deber de respetar la vida y la libertad de los demás, lo cumplimos todos, absolutamente todos, monarcas y súbditos, pues si creemos que sólo a los jueces les compete aplicar el racional y justo procedimiento, a lo máximo a las policías, fiscales y defensores, el derecho a la justicia se convierte en letra muerta y el derecho a la presunción de inocencia en un saludo a la bandera.
Los hechos que conmocionan a San Fernando constituyen un permanente Trending Topic, y no me deja de impresionar como en las redes sociales se insulta a las personas imputadas del delito, al fiscal y al juez, con una virulencia que va mas allá de lo razonable, algunos piden que se difundan las fotografías de los sospechosos (a quienes se les califica de malditos y degenerados) otro pide que se elimine a la Defensoría Penal Pública y un diputado se da el gusto por twitter de emprenderlas en contra del juez, incluso un funcionario del Sernam que habla a nombre del Gobierno, lamenta el “fallo”.
Es muy cómodo ser huachaca, de hecho, todos lo somos, la cultura huachaca en este aspecto es así: fácil, visceral, fragmentaria, evasiva y no aprende.
Hacemos a cada rato lo mismo que esos opinólogos, todos los días frente al noticiario o el diario sensacionalista, nos olvidamos de que hay gente que paga caro esos insultos.
Si los sospechoso del crimen de Gabriela Marín son los responsables que duda cabe que tarde o temprano, semanas más o menos, se determinará con prueba científica y mas allá de toda duda razonable su responsabilidad y el correspondiente castigo, pero ¿si no fuera así?
¿Si fueran inocentes y víctimas de un procedimiento de detención y de reconocimiento erróneo e inducido. ¿Merecen desde ya tanta agresión y amenaza?
En nuestra región cada año un promedio de 30 personas pasa por el trámite de la prisión preventiva (se va a la cárcel mientras dura una investigación) durante meses, para luego recibir una sentencia de absolución porque la denuncia era infundada, un reconocimiento de testigos errado o la víctima simplemente mentía o no tuvo nunca la capacidad de reconocer a sus agresores.Tenemos innumerables casos que deberían enseñarnos a no emitir juicios tan drásticos y apresurados, pero, es difícil, lo reconozco.
Sin embargo, es nuestra obligación moral, social y religiosa (a quienes lo somos), prodigar justicia y ser justo comienza con nuestro juicio, (opinión o parecer, como dice el diccionario) ponderado y racional.
Por lo que hemos de cumplir con ese derecho humano fundamental, tratando a todo acusado como inocente, hasta que un tribunal no señale una verdad jurídica contraria.