Acordar un diagnóstico de lo que ocurre en el país, es sencillamente un imperativo ineludible para el mundo político, teniendo en consideración que eso no significa necesariamente compartir el método de solución al conflicto.
En este sentido, no son pocos los sociólogos, historiadores, académicos, periodistas, intelectuales y también dirigentes políticos, que coinciden en que el país vive un momento constituyente, aquellos que históricamente nuestra dirigencia política no ha podido controlar y que han derivado en violentos estadillos sociales y en ocasiones en golpes militares contra el Estado.
Si se examina la historia, nos daremos cuenta que todas las Constituciones que ha tenido el país, han sido fruto de violentos procesos sociales y de quiebres institucionales que han generado fisuras profundas, muchas de las cuales simplemente nunca sanarán.
En consecuencia, los pasos que siguen para los partidos políticos, requieren de generosidad y extrema prolijidad y sensibilidad social, no obstante eso pueda significar renuncias para cada uno de éstos.
En tal dirección, son dos los métodos o fórmulas conocidas que se han propuesto para generar una nueva Constitución para Chile. La Asamblea Constituyente y un Congreso Constituyente, a través de la instauración de una Comisión Bicameral Constituyente.
La primera, pasando de una consigna revolucionaria a instalarse ascendentemente en el vocabulario de altos dirigentes políticos y, la segunda, como una fórmula que no prosperará jamás, mientras los niveles de credibilidad del Parlamento se mantengan tan bajos como ahora.
Con todo, lo cierto es que tras ambas propuestas, existe un diagnóstico común: Chile necesita una Nueva Constitución. Por lo tanto, lo que se requiere resolver ahora es el nivel de participación que se quiere para el proceso y el procedimiento específico que se adoptará.
De esta manera, con el proceso constituyente en marcha y el estado actual de la política, pensar en un método que reserve exclusivamente al Congreso la tarea de desarrollar un nuevo texto constitucional, resulta simplemente temerario y miope.
Sin embargo, resulta perfectamente posible, armonizar el rol insustituible que le corresponde al Congreso en este proceso, con la amplia participación social que se requiere para dotar a la nueva Constitución de una legitimidad pública a toda prueba, con nuevos estándares de justicia social y que garantice estabilidad y paz social por nuevas décadas.
En tal sentido, un intento fallido desde la institucionalidad política para generar un nuevo texto constitucional, que no involucre con fuerza a la ciudadanía, implicará la marginación automática de los partidos de cualquier solución institucional al momento y la resolución definitiva se impondrá por la vía de los hechos. Sea a través de un texto 100% ciudadano, sin participación política alguna, sea a través de la insurrección o desobediencia civil al actual texto y al Estado de Derecho en su conjunto.
Así, resulta indispensable comenzar ahora, antes de las próximas elecciones presidenciales, a discutir el procedimiento para una Nueva Constitución y las condiciones que permitan participar al Congreso y a la ciudadanía de manera coordinada y responsable, antes de que la disociación entre la política y el progreso termine por socavar la democracia que tanto costó recuperar.
Una fórmula para lo anterior, puede consistir, en que sea el Congreso Bicameral, el que, mediante una reforma a la Constitución Política, incorpore la Asamblea Constituyente como mecanismo para reformarla. Dicha reforma debiese considerar: requisitos y titulares para convocarla, mecanismo para la elección nacional de la asamblea constituyente y procedimiento de ratificación ciudadana.
Asimismo, lo razonable, es que con una amplia participación de dirigentes sociales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, trabajadores, estudiantes, profesores, empresarios, académicos, etc., sea la Comisión Bicameral la que elabore una propuesta de texto constitucional, que sea fruto de un acuerdo marco con dichos actores sociales.
A continuación, dicho texto debiese someterse a discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, debidamente constituida por representantes electos democráticamente bajo la forma y procedimiento señalado en la reforma constitucional previamente aprobada.
Luego, se deberían identificar los puntos en controversia que surgieron luego del trabajo de las distintas comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, para a continuación, abrir un periodo de indicaciones y observaciones al texto, presentadas por apoderados lo suficientemente representativos de las organizaciones que componen la Asamblea.
Presentadas tales indicaciones u observaciones, éstas debiesen someterse a la aprobación o rechazo por mayoría simple de la respectiva Comisión de la Asamblea, para luego, una vez sistematizado el texto definitivo, entregarse al Congreso y al Presidente de la República para someterlo a ratificación de un plebiscito nacional, que apruebe o rechace la Nueva Constitución.
Para algunos lo anterior sonará ingenuo y para otros peligroso. Sin embargo, es tiempo de comenzar a discutir el procedimiento que utilizará el país para generar una Nueva Constitución.
Ciertamente podrán existir mejores propuestas que la anterior, no obstante, lo realmente peligroso para el país y su estabilidad institucional, es no comenzar a discutir este punto y por soberbia o miopía, se pueda caer en el profundo error de pensar, siquiera por un segundo, que la ciudadanía aceptará un mecanismo que no la considere en plenitud en la elaboración, discusión y aprobación de una Nueva Constitución para Chile.
El país está lo suficientemente maduro como para dar curso a ese proceso en paz, sin miedos y en unidad.