El Consejo para la Transparencia es una institución autónoma creada para asegurar el acceso de los ciudadanos a la información de la administración del Estado y consolidar un modelo de gestión que profundiza la democracia.
Cuando se creó esa institucionalidad, todos los sectores políticos coincidimos en que se trataba de un gran paso hacia la consolidación de una cultura de la transparencia en nuestro país.
Sin embargo, en estos días, el Gobierno ha operado en el sentido contrario, al impedir la continuidad del presidente del consejo, lo que pone en serio riesgo la autonomía de esa entidad.
La decisión del Presidente de la República, Sebastián Piñera, de rechazar la continuidad de Raúl Urrutia, pese a que su gestión cuenta con apoyo transversal en el Senado, es mirada con preocupación.
A Raúl Urrutia lo conocemos desde hace muchos años. Es un destacado abogado, académico, que fue diputado de la República y es militante de Renovación Nacional. En su gestión en el Consejo para la Transparencia, ha dado muestras de profesionalismo y autonomía en la toma de decisiones.
En el Senado, encargado de ratificar los nombramientos, valoramos lo que Urrutia ha hecho en el Consejo y vemos con preocupación que su salida aparezca vinculada precisamente al hecho de que cumplió con la función que se le encomendó.
Como presidente del Consejo, Urrutia votó a favor de que la subsecretaria del Interior fuera obligada a entregar copia de los correos electrónicos de algunos de sus funcionarios, referentes a la devolución por parte de la Gobernación de Melipilla de 300 millones de pesos destinados a la emergencia producida por el terremoto de febrero de 2010.
El Consejo para la Transparencia se pronunció también obligando a que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entregue la información sobre los lugares en que hay cultivos transgénicos en Chile. Eso todavía no ocurre y recientemente desde el Senado oficié para que el ministerio de Agricultura cumpla con lo resuelto.
También el Consejo ofició a la Fundación Integra para que entregue información sobre remuneraciones y el destino de recursos donados para la reconstrucción de jardines infantiles.
Es evidente que en todos estos casos, el Consejo para la Transparencia no hizo más que cumplir con sus funciones legales. Por eso es que resulta más grave que el Gobierno quiera cambiar a su presidente.
Más sorpresa nos provoca que se busque sacar a Urrutia, militante del partido del Presidente y que cuenta con el reconocimiento de muchas personas no sólo en la derecha, sino que también en la oposición. Su salida parece más un ajuste de cuentas que una decisión republicana.
Curiosamente, como consecuencia de la decisión contra Urrutia, el Gobierno pidió también el cargo al consejero Juan Pablo Olmedo, abogado y magíster internacional en Derechos Humanos, cuya actuación también ha sido valorada por todos los sectores.
Lo que ocurre es muy negativo, puesto que pone en tela de juicio la autonomía del organismo encargado de velar por la transparencia del Estado y demuestra que este Gobierno, que prometió una nueva forma de ejercer el mando, lo que intenta es que los ciudadanos no hagan uso de los derechos que les concede la ley consensuada y aprobada durante la anterior administración.