El Estado de Chile invierte dineros, generosamente, en las distintas instituciones que trabajan en sectores de gran vulnerabilidad y pobreza, en la esperanza de ir construyendo un país, en donde las brechas entre ricos y pobres sean cada vez menores y seamos una nación más inclusiva.
En este sentido las fundaciones respectivas presentan proyectos con metas y objetivos claros y definidos, para obtener un financiamiento que permita a estas organizaciones desarrollar programas exitosos, en las áreas sociales, familiares y personales.
Consecuente con lo anterior, la subsecretaría del Trabajo, perteneciente al ministerio del Trabajo, nos entregó resultados de un análisis que da cuenta que Fundación Paternitas obtiene un 71% de logros, respecto a la tasa de inserción laboral de sus beneficiarios. Cifra, desde luego positiva y muy por encima de los estándares de otros organismos que desempeñan labores similares a la nuestra.
En este aspecto creo que se precisa conocer los índices, de reinserción de todas las instituciones que obtienen dineros del Estado, en otras palabras transparentar los porcentajes de las metas propuestas de quienes presentan programas y proyectos para manejar estas platas, que por de pronto nos pertenecen a todos los chilenos.
Cae de su peso y corresponde a justicia, que la inversión de estos ingresos debe ser entregada a quienes realmente cumplen las metas planteadas en sus objetivos iniciales. No hacerlo así es malversación de los recursos fiscales, máxime cuando muchas de estas organizaciones, pueden ver en la mantención de la pobreza un negocio.
Cabe recordar que en promedio un delincuente avezado, realiza entre dos y tres asaltos al día, si consideramos que la Fundación Paternitas, el año recién pasado, tuvo 257 intervenciones multiplique usted cuántos delitos se evitaron.