Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, dos de los presos de la Coordinadora Arauco Malleco, acaban de iniciar huelga de hambre. ¿Otra más? Se hacen necesarios algunos elementos para un análisis justo.
Antes de eso, recordemos que por esta misma causa judicial, durante la huelga de hambre del 2011, los senadores Jaime Quintana (PPD), Soledad Alvear y Andrés Zaldivar (DC), José Antonio Gómez (PR) y Hernán Larraín (UDI) plantearon el indulto para Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical.
Sin duda que ésta sería una solución razonable antes de que esta huelga recién iniciada pase a mayores. Veamos.
Creo que resulta evidente para cualquiera que haya seguido con detención las causas judiciales mapuche en los últimos 10 años, que la huelga de hambre del Bicentenario marcó un giro no sólo en el rol del Poder Ejecutivo –el Gobierno de turno– como parte querellante en las causas, sino en las resoluciones de los jueces.
Sin embargo el proceso fue gradual, y me parece que ese es el motivo por el cual los dirigentes de la CAM están presos. Otros piensan que hubo una voluntad política explícita por dejar preso a un dirigente en concreto: Héctor Llaitul.
En las últimas semanas hemos visto salir absueltos a una decena de comuneros de Temucuicui y José Guiñón en el Caso Peaje Quino, que se desmoronó en tribunales después de que el gobierno le quitó el piso a la fiscalía en su acusación por ley antiterrorista.
También vimos que 4 comuneros de Wente Wingkul Mapu, tras 2 meses de huelga de hambre, recibieron de la Corte Suprema resoluciones judiciales que, en el caso de 2 de ellos, les evitaron 10 injustos años de cárcel.
Pero Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, teniendo motivos tan razonables como los comuneros que han ido quedando libres, están condenados a altas penas. Y es que en el “Caso Cañete”, el primero tras la huelga del 2010, las cosas fueron distintas. Recordemos.
Llaitul, Llanquileo, Huillical y Huenuche fueron absueltos por la justicia militar, lo que fue confirmado por una Corte de Apelaciones, y luego condenados por la misma causa en otro tribunal.
En el tribunal civil (Cañete) el rol del ministerio del Interior como querellante fue sumamente ambiguo, pues avaló que todo el juicio oral fuera con ley antiterrorista, y pidió que sólo al final del juicio se recalificara como delitos comunes. Lo que se obtuvo así fue “pruebas” acordes a la ley antiterrorista (que baja mucho el estándar probatorio) pero una condena por delito común. La Corte Suprema sólo rebajó las condenas, que de todas maneras son desproporcionadas.
Respecto a este juicio, la exigencia de la huelga de hambre actual es que se repare el hecho de haberlos juzgado dos veces, lo que permitiría rebajar la condena de Llanquileo, Huillical y Huenuche de 8 a 4 años, y la de Héctor Llaitul de 15 a 11 años.
Recordemos que la CAM nunca negó el hecho de que en Octubre de 2008 hubo un enfrentamiento en Puerto Choque, entre comuneros que reclaman el derecho a la autodefensa en su territorio y las Fuerzas Especiales de Carabineros.
Pero se plantea que a través de mecanismos judiciales torcidos se dirigió un proceso -en el que hubo 14 absueltos y otras líneas de investigación desechadas arbitrariamente- para condenar a los dirigentes emblemáticos de la Coordinadora Arauco Malleco. Es necesario decir que durante el proceso judicial, El Mercurio difundía la opinión del Instituto Libertad y Desarrollo de que la conflictividad en territorio mapuche disminuiría si se encarcelaba a Héctor Llaitul.
No podemos dejar de decir que el Estado de Chile tiene una nueva oportunidad para dejar de “administrar” este conflicto a través de distintos órganos, y que es el Gobierno el que debe liderar los pasos para una solución, en la línea de:
1. Recuperar para las comunidades los territorios mapuche que en su gran mayoría se encuentran en manos de las forestales Arauco y Mininco.
2. Promover con urgencia -y para ello alinear a quienes en su sector político se opondrán- una ley de amnistía o un indulto a los presos por este conflicto territorial.
Nos parece que todo intento de diálogo por parte de algún organismo del Estado u oficina del Gobierno, por bien intencionado que sea, no llegará a buen puerto sin estos dos puntos, porque no se hace cargo de la demanda principal del movimiento, y no repara el daño causado con la criminalización de esta demanda.
Tarde o temprano un gobierno de turno tendrá que tener el valor de caminar en esa dirección.