No hay que ser experto en derecho para entender que quien dice ser víctima de un delito, no tiene la objetividad para estar a cargo de la investigación del mismo delito.
Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el caso por la muerte de Hugo Albornoz, efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales caído en un confuso incidente en el interior de la comunidad mapuche Wente Wingkul Mapu.
La tragedia que hoy enluta a la familia Albornoz fue totalmente evitable. El fiscal Luis Chamorro dijo que se había producido en una emboscada en el camino, saliendo de la comunidad donde habían realizado el allanamiento.
Sin embargo el peritaje realizado por la PDI el martes pasado respaldó la versión de la comunidad, de que el carabinero había caído en el patio de una vivienda y no en el camino.
El werken Daniel Melinao, que no se encontraba en la comunidad ese día, pidió una investigación objetiva, apuntando a la posibilidad de que la bala que mató a Albornoz hubiera salido del arma de otro carabinero. La comunidad abrió sus puertas a la PDI, mostrando transparencia y pidiendo transparencia.
No estamos en condiciones de plantear una u otra versión, pero sí parece evidente que el fiscal Chamorro, que estuvo a cargo del operativo, y que alega ser víctima de una emboscada, no puede ser quien esté a cargo ahora de investigar lo que ocurrió en ese mismo operativo. No se puede ser supuesta víctima, testigo y persecutor de un delito a la vez.
Sin embargo, el fiscal regional Francisco Ljubetic confirmó a su subordinado Chamorro en la investigación.
El tema de fondo es que desde hace años el ministerio del Interior respalda fuertemente cualquier procedimiento de la fiscalía, sin atender al derecho a un debido proceso, porque la represión policial y la criminalización han sido la respuesta a un movimiento mapuche que levanta justas demandas de restitución territorial, que afectan en su mayoría a dos de los grupos económicos más grandes del país: el grupo Angelini y el grupo Matte.
El Estado de Chile en su conjunto se pone al servicio de los intereses de las grandes empresas forestales. Y es que, como reconoció públicamente un diputado UDI hace pocos días, las grandes empresas forestales financian a todos los partidos políticos.
El parlamento y el poder ejecutivo son interlocutores de los ricos. En cambio, para los pobres, la represión y la criminalización. El poder judicial y las fuerzas policiales son el modo de hacer política en territorio mapuche.
Es por eso que, como ya se dio cuenta la familia del joven que quedó detenido en Collipulli después de ese allanamiento, la justicia no está siendo confiable para los mapuche.
Esa familia, evangélica, ni siquiera participa del proceso de recuperación territorial.
Hoy en la mañana me confesaban: “Ya no confiamos en nadie. Nosotros dejamos que carabineros entraran a nuestra casa, porque el que nada hace nada teme, pero ya no más. Nosotros nunca nos metemos en nada, nunca pensamos que nos iba a pasar algo así”.
Otra familia me planteaba que “para nosotros nunca llegó la democracia, la democracia a territorio mapuche va a llegar cuando se vayan las forestales que nos invadieron con la dictadura”.