El paro del Registro Civil ya superó toda línea de cordura. El caso de una abuela que estaba haciendo una fila eterna para conseguir un certificado de defunción de su nieto muerto a las pocas horas de nacer, rompe la dignidad que el Estado debe asegurar a las personas, sea cual sea su condición.
Del mismo modo, se supo la historia de un comerciante, una micro empresa, que fue castigado severamente por el SII por no emitir boleta en una venta de 300 pesos. Si es verdad o no o si hay antecedentes previos o no, son recurrentes los casos de gran celo del SII en contra de pequeños empresarios, mientras el país ve grandes escándalos como el de Johnson o SMQ y la papelera.
En gobiernos anteriores, tanto en el de Eduardo Frei como en el de Ricardo Lagos, se levantaron proyectos de largo plazo para modernizar el Estado, de modo de dar más garantías de imparcialidad, eficiencia, impecabilidad y transparencia en las actuaciones del aparato público. Esto parece estar en deuda cuando vemos arbitrariedades, incongruencias, excesiva demora en las respuestas a los usuarios o incluso actos de verdadero “secuestro” de la función pública como es lo que pasa ahora mismo con el Registro Civil.
Urge que el Estado se modernice al punto de dar garantías plenas de atención continua y permanente, transparencia total y celeridad en sus actuaciones para con la ciudadanía.
Se están haciendo esfuerzos por dar autonomía a entidades como el INE, SII, el Sernac y otras reparticiones, pero es evidente que situaciones anómalas como las que se ven a diario en los servicios básicos, no pueden ser tolerados. Es deber constitucional del Gobierno garantizar la entrega de servicios esenciales a todo evento.
Y esto no tiene nada que ver con atentar contra la dignidad o derechos de los trabajadores del sector público. Para eso están los mecanismos de coordinación, negociación y reconocimiento.Pero estamos hablando del Estado de Chile, del imperio del derecho, de garantías que son irrenunciables para las personas y eso no puede perder continuidad.
No nos sirve que el Gobierno mire con impotencia cómo pasan semanas tras semanas mientras funcionarios llevan adelante un paro. No nos sirve que el Gobierno insista en lo obvio: que es una paralización ilegal que afecta gravemente los derechos de las personas. Lo que nos sirve es que el Gobierno tome el control de la situación.
Reconocemos la labor de los funcionarios públicos, en todo ámbito y en cada región. Pero es evidente hace años ya, que se requiere una cirugía profunda para dar certezas al país de una atención que dé cuenta de las urgencias actuales, de la celeridad que se requiere para distintos tipos de trámites, para aprovechar las ventajas y los enormes avances tecnológicos y de redes que hoy dominan el mundo, y para ponerse a tono con una sociedad que ya ha avanzado lo suficiente como para dejar atrás el indignante concepto de lista de espera.
La tasa de penetración de internet, teléfonos inteligentes, sistemas móviles de pago, redes sociales y tecnología en general en nuestro país, son altísimas. ¿Tenemos que esperar décadas para que el aparato público se ponga a todo con esta modernidad? Esta disociación entre el papeleo que se lleva en las reparticiones públicas versus la disponibilidad de aprovechar la tecnología para dar un mejor servicio, es un tema que alguien debe asumir como proyecto país.
La dignidad afectada de cientos de personas que día a día se enfrentan a actuaciones dudosas de parte del Estado, puede ser reparada con un plan decidido de modernización que nos ponga como país modelo de buena atención a sus ciudadanos. Para eso hay que empezar ayer.