En diciembre del 2011, siendo aún senador de la República, presenté un proyecto de ley contra la colusión que, lamentablemente, no tuvo el trámite parlamentario que hubiese permitido su aprobación y que, en consecuencia, está pendiente en alguna de las comisiones del Congreso Nacional.
También presenté una moción que terminara con la entrega de las concesiones para la explotación del litio, las mismas que posibilitaron e indujeron a las malas prácticas por SQM, al entregarle elevadas utilidades y propiciar el uso de parte de ellas para el financiamiento irregular de las campañas electorales de algunas figuras políticas, con el evidente propósito de contar con el respaldo necesario para mantener tales franquicias.
Estos temas en que se topan política y negocios no están resueltos, como se acaba de comprobar una vez más. Ahora, ha explotado el caso del “cartel del confort”, que vuelve a estremecer el debate nacional por sus extensas e incluso insólitas formas de ejecutarse, con encuentros secretos y destrucción de evidencias, como se ha conocido debido a la investigación de la Fiscalía Nacional Económica a la colusión entre el holding cabeza del grupo Matte, la CMPC y el consorcio PISA- SCA.
La repercusión de este enorme fraude a la fe pública vuelve a colocar en el centro del análisis, el descrédito profundo que atraviesan los grupos corporativos, círculos políticos o redes amicales que, desde posiciones dominantes, adoptan conductas o decisiones reñidas con el bien común, que movidas por la codicia, revelan un inaceptable doble discurso, a través del cual se sostiene en público una cosa y en los asuntos privados se hace otra, opuesta y antagónica a los fines y afirmaciones del discurso público.
En efecto, se dice y subraya que la competencia es la clave para el buen funcionamiento del sistema y la fortaleza de los mercados y se hace, exactamente, lo contrario. Se pone el énfasis en los derechos y el respeto a los consumidores y luego se les viola flagrantemente. Se reclama probidad y transparencia para, a renglón seguido, hacer uso de acciones clandestinas que concretan una colusión ilegal para controlar el mercado e imponer precios y abusivas acciones monopólicas.
Además, vuelve a operar una nefasta ligazón entre negocios y política, entre la codicia del dinero y perversas malas prácticas. Ante ello, no puede sino producirse un aumento del cansancio hacia los temas públicos y una mayor distancia ciudadana hacia el sistema de toma de decisiones, por su ineficiencia e ineptitud, tanto hacia el establecimiento de las regulaciones que deben aplicar las instituciones, como hacia el orden público económico que debiese asegurar la buena marcha del país.
Hay quienes intentan de forma temeraria, acrecentar sus fortunas y hacerse de más activos y poderío mercantil, tanta ambición parece suicida, al punto que su avidez pone en entredicho su propia influencia y cuestiona operaciones bursátiles cuyas prácticas impresentables las tornan insostenibles. La lista es larga. Fue el caso Inverlink y después las llamadas repactaciones unilaterales de La Polar, hasta que se hicieron presente las colusiones.
En cortas palabras, la sed de ganancias con sus prácticas ilegales socava la legitimidad de la gobernabilidad democrática y, por esa vía, se pone en riesgo el propio futuro de Chile.
La colusión de las farmacias, de los pollos y ahora del papel viene a caldear una marmita de líquidos altamente corrosivos, cuyo contenido esencial, es el descrédito social de quienes hacen de sus negocios, una especie de vulgares asaltos a los usuarios que, por lo mismo, provocan un incalculable repudio nacional.
Cuando se pierde la ética social en el plano privado, no se puede esperar que esta perdure y se mantenga en el ámbito público. No se puede pensar que mientras unos violan las normas básicas, los demás deben seguir cumpliéndolas obedientemente.
Por eso, estas conductas reprobables pierden de vista el futuro y requieren ser drásticamente sancionadas.