El Senado aprobó el nombre del nuevo Fiscal Nacional, en la práctica, por unanimidad.Esto demuestra que la normalidad democrática y la responsabilidad de las instituciones del Estado son clave para la vida cotidiana de las personas. Chile necesita continuidad y certeza en la labor persecutora del delito y en ese esfuerzo, participaron los tres poderes del Estado, dando así todas las garantías de independencia que la Fiscalía requiere, para ejercer sus funciones completamente empoderada.
Lamentablemente, hubo una innecesaria confusión respecto de supuestas inhabilidades y conflictos de interés que no tienen ningún sustento en la Constitución o ley alguna. Hay que tener cuidado con el rol que juegan algunos actores que han levantado tesis que no se sustentan en ninguna reglamentación; una cosa es velar porque no haya irregularidades, ni malas prácticas, pero otra cosa muy distinta es erguirse como juez moral o juez prejudicial. Para eso están los tribunales.
Muchas veces, el exceso de entusiasmo o el afán por ganancias políticas de corto plazo, hace que la maledicencia guíe el discurso público y se debilite el funcionamiento de las instituciones, sin que haya sustento para tanta sospecha.
La bancada de la DC respaldó la propuesta de la Presidenta para nombrar a Jorge Abbott como Fiscal Nacional. Y esto obedece no sólo a los méritos de la persona propuesta, obedece también a la coherencia que el Estado quiere darle al tema de la lucha contra la delincuencia y al hecho de que los cinco candidatos tenían los méritos y van a seguir teniéndolos para ejercer sus actuales cargos.
Como partido nos alegramos profundamente de que Abbott inicie su trabajo con altas expectativas y con un respaldo unánime de los tres poderes del Estado. Hay tareas demasiado urgentes que no pueden esperar y para eso, el Fiscal debe tener el voto de confianza y no esa triste estela de sospechas que ha teñido el debate público últimamente.
Debemos garantizar más seguridad para los ciudadanos y combatir de manera eficiente el delito. Para responder a los desafíos que tiene Chile en seguridad ciudadana, se requiere una política de Estado para enfrentar los fenómenos de la criminalidad, cuestionando directamente a quienes intentan transformar este asunto en una bandera populista electoral.
Una política consistente, consensuada y de largo plazo en materia de delincuencia, requiere abordar principalmente la prevención con más educación, mejor entorno de cuidado y trabajo a los jóvenes, una labor potente y eficiente de las policías, una mejor administración de justicia, mejores cárceles y lo más importante, rehabilitación y reinserción de lo cual no hablamos nunca.
Para todo esto, no sirve una nación que vive en la desconfianza, la sospecha, que presta sus oídos únicamente al populismo y que es incapaz de ver la nobleza de las instituciones.
Chile es un país serio y está bueno que empecemos a creernos este cuento y no abrazar fábulas de conspiración que minan nuestra institucionalidad.