No cabe duda que la crisis de confianza que hoy arrojan todas las encuestas y estudios sociales afecta, profundamente, a la política, sus instituciones y protagonistas. Sin embargo, no cabe duda, también, que los partidos son esenciales en un sistema democrático.
Su desprestigio se origina en múltiples factores, entre los que destacan la escasa adaptación de estas instituciones –los partidos- a los cambios sociales y a una importante autonomía ciudadana; la poca transparencia y algunos casos que revelan conflictos de interés y problemas de probidad. Se han ido acumulando hechos, se han sumado decepciones y, para ser honestos, la política no ha estado a la altura. Ha escaseado la empatía, ha faltado humildad y, no se percibe una real sintonía con las nuevas necesidades de millones de ciudadanos empoderados y cansados de abusos y ausencias de respuestas efectivas.
Poco se sabe, además, de las estructuras internas, de su financiamiento y, también, de cómo adoptan algunas decisiones.
Es en este contexto cuando la tramitación de la nueva ley de partidos cobra especial relevancia y me refiero a la iniciativa que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos en Chile, que forma parte de la Agenda pro Transparencia y Probidad, agenda a la hemos comprometido nuestro apoyo desde la Cámara de Diputados.
Ello, porque si será el Estado el que financie a los partidos, o sea, todos los chilenos y chilenas, obviamente, el colectivo está en su legítimo derecho de exigir estándares más altos, transparencia y normas que permitan no sólo abrir puertas y ventanas, sino asegurar un mejor funcionamiento de los partidos, esenciales en una democracia donde los ciudadanos tienen el derecho a saber qué financian, cómo y por qué.
¿Se soluciona todo con leyes tolerancia cero a la corrupción o malas prácticas? Lo más probable es que no. Pues ello de poco sirve si no hay voluntad de cambio, si no entendemos que la vara es más alta para quien dice tener vocación de servicio; que la política y el dinero no van de la mano; que los conflictos de interés existen y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad.
Por eso, el proyecto que actualmente se tramita en la comisión de Constitución de la Cámara, debe ser analizado en detalle y con rigor. La reciente Encuesta CEP arrojó como resultado que la confianza en los partidos políticos apenas se instala en un tres por ciento, mientras que el Congreso en seis puntos .Qué esperamos entonces para intentar por lo menos, cambiar el rumbo?
La ciudadanía siente que los partidos están configurados para que respondan a una élite, donde el poder se reparte entre unos pocos. El financiamiento público nos obliga, y en buena hora, a replantearnos y a dar señales claras de modernización y transparencia en estas instituciones.
Este proyecto, si lo tramitamos bien, puede modificar sustancialmente el funcionamiento de los partidos. Reitero, si la sociedad en su conjunto, a través de fondos y recursos públicos, va a financiarlos, tiene todo el derecho a exigir altos estándares en cuanto a funcionamiento y transparencia, separando definitivamente política y dinero.
La organización interna debe asegurar espacios para las minorías; las mujeres deben tener un lugar acorde con el Chile real; las órdenes de partido, si es que se aprueban, deben ser claras y conocidas por todos; el manejo de los recursos exige transparencia y accountability; la constitución de partidos requiere procedimientos y exigencias previamente explicitadas; hay que normar qué tipo de inversión podrán realizar los partidos, la información relativa a cada uno de los militantes, la publicación de intereses de los candidatos; los umbrales para la constitución de los partidos regionales y, regular bien quiénes serán los beneficiados del financiamiento público.
Las reglas del juego deben cambiar y la invitación es a no temer, sino a estar a la altura de los tiempos, estos que se ven complejos y donde recuperar la confianza puede parecer una utopía.
Para quienes creemos en la política, esto no debe ser un obstáculo, sino un apasionante desafío. Colaborar para reinstalar la gran política, basada en las convicciones y no en las conveniencias, pensando en los votantes y no en los aportantes.