Hace algunas horas conocimos la buena noticia del término de la huelga que realizaban 69 mineros del carbón, quienes estuvieron 14 días a más de 700 metros bajo tierra, para lograr que les paguen sus sueldos y cotizaciones. Sí, es un caso extremo que afortunadamente comienza a solucionarse, gracias a la intervención del gobierno en un conflicto directo con una empresa de la región del Bío Bío. Sin embargo, no es un hecho aislado.
En diversas regiones del país, han sido varias las movilizaciones de trabajadores, quienes han salido a protestar por sus condiciones laborales. Y si bien esperamos que la reforma laboral, una vez aprobada, contribuya efectivamente a equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, con relaciones más simétricas y justas, hay otros hechos que no forman parte de esta reforma y que están sobre la mesa.
Me refiero a la subcontratación, a la externalización de servicios o proceso conocido como outsourcing; una experiencia que se ha ido multiplicado y que, en muchos casos, ha generado trabajadores de primera y segunda categoría, con una precaria condición laboral.
Empleados que, trabajando para la misma empresa que el resto, viven cotidianamente situaciones absolutamente distintas y no sólo en materia de remuneraciones, sino de lugares de trabajo, acceso a beneficios, lugares para alimentarse y vestirse que distan mucho de la dignidad que todos aspiramos para cada uno de los trabajadores del país. Hay que recordar que las primeras demandas de los subcontratados del cobre eran, precisamente, condiciones mínimas de seguridad e higiene.
Si hemos luchado incansablemente para que no existan ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría –con importantes reformas al respecto- no cabe duda que este desafío se extiende, también, al mundo laboral. Cosa no fácil, cuando observamos que cada vez más, las empresas tienden a externalizar muchas de sus actividades, levantando una muralla entre las condiciones y beneficios de quienes forman parte de la empresa y los subcontratados.
Se trata, por cierto, de un fenómeno extendido en la gran mayoría de los sectores productivos del país; pero, es en la minería donde se concentra la mayor cantidad de subcontratados a nivel nacional, con un 58,3%. Sólo en Codelco, 7 de cada 10 trabajadores son externos.
En la comisión de Trabajo hemos coincidido en avanzar en forma paralela a la reforma.Estamos revisando varias mociones que buscan, precisamente, llenar los vacíos legales de una ley, promulgada en el 2006, que requiere de cambios. Y no se trata de estar en contra de la subcontratación; pero, ésta, debe realizarse bajo ciertos parámetros y normas que garanticen que no estaremos frente a una precarización laboral.
De hecho, hay que precisar que, hoy, las movilizaciones de los subcontratistas no cuentan con normas que protejan a los trabajadores, ni con el reconocimiento de la autoridad, invisibilizando la legitimidad del conflicto.
Sin embargo, no basta con agilizar las leyes si no hay voluntad política ni conciencia en el empresariado. Si no comprenden que avanzar en mayor justicia laboral se traduce en beneficios directos para las empresas; mientras más modernas, transparentes y equilibradas son las relaciones, mayor es el crecimiento, la productividad y la lealtad de los trabajadores con su fuente de trabajo. Mejor, por lo tanto, para el país.
Quienes insisten en mantener los principios del Plan laboral de 1979 sólo creen en monólogos e imposiciones. La externalización no puede ser un fenómeno sin límites; menos, si Chile se propone a avanzar laboralmente con una legislación más justa y moderna.