Debido a la profunda crisis política que atraviesa el país resulta evidente que la Presidenta de la República en su segunda Cuenta Pública a la Nación priorizará referir las medidas legislativas con que el Gobierno espera revertir los graves problemas de falta de probidad, corrupción y regular la relación entre dinero y política. Asimismo, atención preferente se otorgará a los anuncios sobre el proceso constituyente que se impulsará para contar con una nueva Carta Fundamental y, especialmente, la medida en que la ciudadanía participará de estas definiciones.
No obstante, la prioridad que revisten las reformas políticas para la transparencia, probidad y calidad de la política no puede excusar mantener retrasadas las numerosas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Chile ha asumido, que los organismos internacionales sistemática y reiteradamente le reprochan su tardanza y que el propio Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría contempla.
Tras haberse presentado al Parlamento el Mensaje presidencial para la despenalización del aborto en tres causales, se espera que la Presidenta reafirme su compromiso y anuncie urgencia legislativa para acelerar el debate.
Asimismo que se impulsará la reforma a la sociedad conyugal, que el Senado no ha debatido pese a que por ocho años se mantiene incumplido el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego que se denunciara la violación de las garantías de igualdad de derechos y no discriminación (caso Sonia Arce contra Chile).
La recientemente aprobada reforma electoral aplicable a la elección de diputados/as y senadores/as (Ley Nº 20.840) que instituye mecanismos para la participación equilibrada entre hombres y mujeres debe ser complementada con nuevas propuestas para la inclusión de la paridad en el conjunto del sistema político (elección de alcaldesas/as, concejales/as, consejeros/as regionales, en los órganos de los partidos políticos y en nominación de autoridades gubernamentales, embajadores/as y representantes ante organismos internacionales y directivos de empresas públicas). Y también se espera conocer anuncios sobre legislación integral frente a la violencia contra las mujeres.
Igualmente se espera que la Presidenta reafirme su compromiso con una legislación que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes y un sistema de protección integral a la infancia. Y en materia de derechos humanos de personas migrantes, conocer la nueva propuesta sobre Ley de Migración y Extranjería en reemplazo de la actual normativa, vigente desde el primer año de la dictadura cívico militar.
En cuanto a la institucionalidad en derechos humanos que el país requiere, se confía conocer la propuesta sobre Defensoría de las Personas que la Presidenta ha comprometido, institución fundamental para la protección y defensa de los derechos de las personas; que se respaldará la tarea del Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante la correspondiente asignación de recursos y que se continuará apoyando la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos para contar al interior del aparato gubernamental con un ente coordinador de las iniciativas sectoriales.
Pero también se requiere conocer si se impulsará el establecimiento de un mecanismo permanente para la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, contemplando medidas especiales para el registro, calificación y reparación de mujeres que sufrieron violencia sexual.
Tras la dictación de la Ley que crea el acuerdo de unión civil (Ley Nº 20.830) que reconoce y protege la diversidad de familias en el país se requiere conocer cómo el Gobierno impulsará el debate de las mociones sobre matrimonio igualitario y la necesidad de contar en el país con un estatuto jurídico para los hijos e hijas de parejas del mismo sexo.Asimismo, el apoyo que se otorgará a la Ley de identidad de género que se debate ante el Senado.
En tanto, se espera conocer las propuestas que desde el Ejecutivo se presentarán para reformar la Justicia Militar de modo que se garantice el debido proceso y únicamente se reserve al conocimiento de delitos de función militar cometidos por militares, asegurando que jamás conozca de delitos cometidos contra civiles. Que se proseguirá apoyando el debate de la nulidad del Decreto Ley de Amnistía de 1978 y de las iniciativas para garantizar la imprescriptibilidad, no amnistía e improcedencia de indultos y prescripción gradual respecto de los crímenes de lesa humanidad, como asimismo el debate sobre tipificación e imprescriptibilidad de la tortura que tantos años se ha retrasado.
La necesidad de legislar en estas materias ha sido persistentemente relevada por los numerosos organismos internacionales que vigilan al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de los tratados de derechos humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De ahí que numerosas organizaciones de la sociedad civil –como las que se articulan en el Observatorio Parlamentario que coordina Corporación Humanas–desde hace años plantean sus demandas ciudadanas en torno al cumplimiento de las obligaciones pendientes y de los compromisos programáticos, constituyendo la Cuenta Pública Presidencial un hito crucial para conocer cuanto de ello se asume desde el Gobierno.