La Presidenta M. Bachelet ha anunciado que dará prioridad a la agenda de probidad y transparencia. Es, sin duda, una buena noticia. El país estaba esperando que el Gobierno asumiera los problemas que han surgido en esta materia y que planteara un camino para avanzar. El país no puede quedar prisionero de los escándalos habidos.
Esa agenda tiene un contenido bien definido, que se ha ido materializando en diversas iniciativas legislativas, como la reforma constitucional que consagra el principio de transparencia del Estado, el proyecto de ley que regula el fideicomiso ciego y perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades, el proyecto que refuerza al Consejo para la Transparencia y regula la publicidad de los correos electrónicos de las autoridades o el que regula el financiamiento de la actividad política y robustece el papel del SERVEL como órgano fiscalizador, entre otros.
Ciertamente esta lista debería ser complementada con medidas destinadas a mejorar también la probidad en el sector privado. En este campo es necesario revisar la sanción del delito de colusión, el proyecto que refuerza al SERNAC para garantizar los derechos de los consumidores, evaluar la aplicación de la ley de acceso a la información pública a las universidades privadas que reciben fondos públicos, mejorar la información que las empresas colocan a disposición del público, seguir el actual proceso de reforma de la Bolsa de comercio.
Será también muy relevante ver como se aplica la reforma tributaria y cuanto se pueda reducir la elusión a la hora del pago de los impuestos.
La lista de medidas podría continuar. Lo importante es la señal política, que debiera traducirse no sólo en la aprobación de nuevos cuerpos legales, sino también en un cambio cultural y de mentalidad capaz de dar origen a buenas prácticas. Es fundamental recuperar la fe pública en las instituciones públicas y privadas.
Para lograrlo partimos de una buena base. Chile es un país bien ubicado en el Índice de Transparencia Internacional en cuanto a percepción de la corrupción: ocupa el lugar 21. En general es un país probo. Los escándalos recientes remecen la conciencia ciudadana y sirven para recordarnos que no podemos dormirnos en los laureles y que la lucha contra la corrupción es una tarea constante.
El peligro acecha por doquier, muchas veces en niveles intermedios de la Administración del Estado o de las empresas. La Contraloría General de la República ha advertido de los peligros que existen en el ámbito municipal, por ejemplo con la desviación de fondos de la subvención preferencial hacia fines ajenos a la educación. También en esos puntos se debe poner la atención y cuando sea procedente, ejercer el poder punitivo.
Nadie debería restarse al llamado presidencial. Mientras fiscales y jueces hacen su tarea juzgando los ilícitos cometidos, el país debe sacar lecciones de lo ocurrido y avanzar hacia nuevos estadios de ética pública. Es una tarea que a todos debe convocar.
En los próximos días se pondrá a prueba la eficacia del llamado presidencial y la generosidad con que respondan los diversos actores políticos, de la empresa y de la sociedad civil.