En el país, uno de los temas que ha generado mayor debate es la gratuidad de la Educación Superior (ES). En un extremo se presentan los que exigen que se concrete ahora, pues constituye un derecho social y, por el otro, los que sostienen que una iniciativa en ese sentido es abiertamente regresiva, ya que con recursos públicos se estaría favoreciendo a los segmentos de mayores ingresos de la sociedad.
En los últimos decenios el énfasis en los derechos individuales ha tenido una expansión creciente, mientras los deberes de las personas tienden a olvidarse o menospreciarse, con ello el país ha ido perdiendo su vigor para enfrentar los obstáculos que le impone su propio desarrollo y se han acumulando una sucesión de problemas de desigualdad, abusos y concentración productiva; inequidades en todos los niveles educacionales, en los servicios de salud y en las pensiones; creciente inseguridad ciudadana y desaire a la mayoría de los inmigrantes; concentración del poder en la capital y postergación de las regiones. Para solucionarlos, se necesita hablar con crudeza y asumir obligaciones, algo muchas veces olvidado por el sistema político y la ciudadanía.
Los derechos constitucionales son una expresión de los valores básicos que busca otorgar un país a sus ciudadanos, son finalistas y, por lo tanto, por definición no establecen límites. Sin embargo, ellos aparecen en el momento de ejercerlos.
Yendo al campo educacional, se menciona el derecho a la educación. El artículo 19, N°10 establece el derecho a la educación, y dice que “para el Estado es obligatorio proveer la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito”. Agrega que “la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito”, repitiendo el compromiso anterior. Por otra parte, señala que “corresponde al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles…”, sin otra responsabilidad adicional.
De ahí nace el legítimo derecho a pedir que tenga un mínimo de calidad y en condiciones equitativas para todos. Ahora, si alguien no quiere ejercer su derecho en la entidad que el Estado provee tiene la libertad de buscar una alternativa, en este caso, sin una exigencia de gratuidad, debe pagar por ello.
En el caso de la ES el Estado no ha demandado la obligatoriedad de la enseñanza y, por lo tanto, no existe el derecho a exigir su gratuidad. El trato es diferente, su deber se limita al fomento de su desarrollo y a la regulación de una actividad que debe ejercerse en condiciones de equidad, sin discriminación, con plena información a quienes se educan, asegurando un buen nivel de lo que ofrecen los planteles e incluso garantizando la calidad de quienes se incorporan a una actividad laboral.
Pero, no hay derecho a la gratuidad desde el momento que es una decisión voluntaria de la persona. La lógica constitucional es implacable, no constituye un derecho social, para ello se requeriría una reforma constitucional.
Otro aspecto que se debe considerar está en el campo de los límites que tiene todo derecho. Al igual que todas las actividades productivas, el servicio educacional tiene costos, se deben usar recursos para entregarlo, básicamente humanos.
Esos recursos humanos y financieros tienen usos alternativos en otras tareas, ya sea en los diferentes niveles de la enseñanza o en otras responsabilidades del Estado como otorgar o financiar salud, previsión social, obras de infraestructura o seguridad pública.
Es decir, la ES compite con mejorar la cobertura y calidad de los parvularios, donde básicamente se define el porvenir de quienes se educan, o con la cantidad de ambulancias disponibles en los consultorios de salud. En estos casos, entregar gratuidad a los estudiantes de los sectores del 5% de más altos ingresos de la población, corre en seria desventaja.
¿No se realizó para ello una Reforma Tributaria? Efectivamente, se espera que la reforma Tributaria genere el equivalente a US$ 8.200 millones en régimen en 2.018, siempre que el PIB crezca en los próximos años al 4,5% anual, lo cual es improbable con el escenario de desaceleración que se observa.
Además, el principal objetivo que enfrenta el país es reducir la desigualdad, la cual tiene numerosas y variadas expresiones. Si se examina la opinión ciudadana, aparecen como primera prioridad la seguridad y la salud, a la cual se deberán entregar cuantiosos recursos para mejorar la atención primaria y hospitalaria.
La comisión designada por la Presidenta Bachelet debe entregar su informe sobre la situación previsional, que significará destinar significativos fondos para las pensiones asistenciales a jubilados y montepiados, ya que están entre los más pobres del país. En el próximo semestre se iniciará la tramitación de la reforma laboral, que requerirá un presupuesto especial.
Pero, lo más importante está en el propio sector educacional, señalado en el programa como la prioridad del Gobierno. En esta materia, la preferencia está clara: con una visión de futuro, de largo plazo, los esfuerzos deberían concentrarse en los primeros niveles de la enseñanza, pues ellos definen la vida de los ciudadanos y dan comienzo a las posibilidades de mayor equidad en el largo plazo.
Son conocidas las serias limitaciones de cobertura, de recursos humanos y presupuestarios de la educación pre escolar, a pesar del compromiso del Estado cuando se hizo obligatoria y, por lo tanto, de entregar enseñanza de calidad a todos los niños. Algo similar ocurre con los problemas en los niveles básico y medio, que presentan deficiencias y desigualdades.
Por otra parte, la masificación de la ES, que quintuplicó en menos de una década el número de estudiantes, el logro más significativo del sector en el último cuarto de siglo, constituye un proceso que todavía no ha terminado y que requiere de ajustes y cambios significativos, tanto en la institucionalidad como en las etapas de la trayectoria educativa.
En un cuadro como el descrito, parece fuera de lugar estar proponiendo otorgar recursos estatales para financiar la educación de los sectores de mayores ingresos del país. ¿No resulta absurdo que a un contingente de estudiantes cuyos padres están desembolsando $ 3 millones anuales o más a un colegio particular pagado, el Estado le financie la educación superior?
¿No será una nueva muestra de la capacidad de los más ricos de acceder otra vez a los privilegios del Estado, como otro abuso adicional a los que han marcado la concentración en Chile?
Además, en la ES hay numerosas e importantes tareas pendientes, entre ellas, si no alcanzan los recursos para la gratuidad, ¿cómo seleccionar entre los postulantes, si no se pueden otorgar becas para todos? La respuesta obvia es que hay que continuar con los créditos para parte de los de ingresos medios por un lapso difícil de prever, en esta materia hay mucho que revisar, modificar y regular.
Al tema de financiamiento para todos los estudiantes que cumplan los requisitos de ingreso a la ES, se suma el asunto de establecer esas condiciones mínimas, pues la ES está hecha para una parte de la población, no es obligatoria. Las experiencia en varios países latinoamericanos de la “universidad para todos” es lamentable. El mejor ejemplo está en Argentina que, después de encabezar tradicionalmente este nivel de enseñanza durante más de un siglo, perdió posiciones de tal forma que dio origen al creciente surgimiento de planteles privados.
La gratuidad de la educación superior debe ser una aspiración legítima, pero alcanzable cuando Chile logre seguir creciendo con rapidez, reduzca la desigualdad y consiga satisfacer otras carencias más importantes y prioritarias. Lo otro es regresivo y desalentador para la mayoría del país.
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