Sabido es que cualquier debate sobre impuestos tensiona el ambiente. Se habla de algo muy concreto que afecta potencialmente a muchísimas personas, que se preguntan: ¿cuánto tendré que contribuir, con los cambios propuestos, a las arcas fiscales?
Nadie afirma oponerse a la idea de subir los impuestos razonablemente para financiar una mejor educación, pero a la hora de la verdad, cada cual hace sus cálculos, en especial en un país donde la inmensa mayoría se define de clase media y donde se ha ido diluyendo – salvo en las catástrofes – el espíritu de solidaridad.
Una encuesta reciente revela que casi la mitad de los entrevistados manifiesta no estar dispuesto a pagar más impuestos para beneficiar a los más pobres.
Y la encuesta del Bicentenario de la UC y Adimark muestra que “la valoración en torno al rol del Estado y del mercado en la sociedad se haya levemente inclinada hacia el mercado.El 38% de los encuestados tomó una posición pro mercado y mientras que el 33% manifestó su opinión en favor del rol del Estado”.
Pese a que la reforma fue anunciada hasta la saciedad durante la campaña electoral, este proyecto ha crispado los ánimos más de lo previsible, especialmente entre los empresarios de todo tipo. Tal vez se deba a que afecta a diversos sectores sociales y económicos.
El proyecto no es escueto. Pareciera que sus autores quisieron aprovechar la oportunidad para introducir correcciones al sistema tributario en el convencimiento que no se presentaría en un futuro cercano otra ocasión propicia para hacerlo.
Y así se dispersó el debate.Unos alegan por la reducción de las franquicias a la construcción, otros por el alza de impuestos a las bebidas azucaradas, otros por las nuevas facultades del Servicio de Impuestos Internos o el término del beneficio de la renta presunta para el agro y el transporte.
La prensa se ha encargado de magnificar las críticas difundiendo la idea que directa o indirectamente todos seremos afectados.
Ayer un empresario mediano del agro me decía que las empresas ajustarán el efecto o subiendo los precios o reduciendo los costos en personal.Sólo he leído poquísimos artículos en favor de la iniciativa del Gobierno, fuera de las entrevistas a las autoridades.Me imagino que no les dan cabida. Son contados con los dedos de una mano.
Mientras se gasta tinta hasta la saciedad en señalar sus defectos. ¡Incluso se reparten panfletos alarmando a la población!
No soy economista, ni tampoco experto en materias tributarias, pero el buen sentido me indica que la Presidenta Bachelet tiene razón cuando se esfuerza en recordar algunos puntos esenciales para volver a centrar el debate: el alza de impuestos tiene como objetivo prioritario financiar la reforma educacional y el mayor gasto público en otros rubros sociales, ahora aumentados por efecto del terremoto en el norte y el incendio de Valparaíso.
Los que más pagarán son los que más ganan; además los nuevos fondos deben servir para restablecer el equilibrio presupuestario.
Todos son fines no sólo atendibles, sino impostergables. Sería conveniente que el Gobierno especificara hasta donde sea posible el destino específico en materia de educación de los nuevos recursos recaudados. Así la gente tendría mayor claridad sobre lo que está en juego.
Por experiencia parlamentaria sé que ninguna iniciativa de ley sale del Congreso igual que como entra. Así sucedió, por ejemplo, con la reforma procesal penal o con el AUGE, por señalar dos ejemplos.
No sorprende, entonces, el actual debate sobre diversos aspectos del proyecto. Lo que preocupa es su tono airado, las posiciones de “negro o blanco”.
El debate en curso se animará sobre todo durante la discusión particular del proyecto, luego de aprobada la idea de legislar, cuando se analice cada artículo por separado. El primer tiempo será en la Cámara de Diputados, pero luego el Senado retomará el asunto.
La propia Presidenta ha dicho que el Gobierno está abierto a los cambios siempre que no disminuya la recaudación y no se desvirtúe el propósito fundamental de la reforma.
Para que se cumpla ese propósito sería de esperar que los ánimos se calmaran y los parlamentarios pudieran escuchar todos los puntos de vista y buscaran con el Gobierno las mejores fórmulas en cada caso.
Incluso quienes se manifestaron contrarios a la idea de legislar, una vez que ésta haya sido sancionada, deben aportar a que la iniciativa se enriquezca y perfeccione.
Por ejemplo, respecto a las mayores atribuciones del SII para evitar la evasión, sería recomendable que ese servicio tuviera una función fiscalizadora y que la decisión final correspondiera a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, evitando así que sea a la vez juez y parte como ocurría antes de que se creara esa nueva judicatura especializada.
¿Será mucho pedir que se formulen las observaciones en la forma más objetiva posible y los legisladores puedan debatir sin descalificaciones pensando en el bien del país, sin cálculos pequeños?
De la aprobación de una reforma equilibrada y razonable dependerá en parte el curso de la economía y la viabilidad de los cambios que el país necesita en áreas muy sensibles para las personas, como la educación, la salud y la vivienda.