En pocas semanas experimentaremos un gran alivio: no tendremos que soportar más las desagradables vocerías de Cecilia Pérez, Ministra saliente de la Secretaría General de Gobierno.
Sus intervenciones se caracterizaron por la descalificación sistemática de los opositores, de las movilizaciones ciudadanas y de las demandas de las Regiones y los pueblos originarios, amén del permanente culpabilizar a otros de casi todos los males del país y por un lenguaje belicoso que enturbió las posibilidades de un diálogo de alturas con la ciudadanía.
Entonces, por oposición ¿Cómo debería ser la nueva vocería de la Nueva Mayoría?
¿Basta con decir “todo lo contrario”? No.
¿O reeditar las antiguas vocerías de la Concertación? Por muy ingeniosas, irónicas y entretenidas que hayan sido, tampoco.
Si estamos inaugurando un nuevo ciclo de la política en nuestro Chile comprometiendo profundas transformaciones, toda la acción gubernativa de la Nueva Mayoría tiene que ser novedosa y diferente, especialmente sus comunicaciones.
La vocería de la Nueva Mayoría debiera ser, en primer lugar, fiel reflejo del proceso de reformas anunciadas, ubicando cada acontecimiento en el contexto del proceso transformador.
Sus mensajes permanentemente deben informar y, valga la redundancia si es que la hay, también formar acerca de las características, desafíos, proyecciones y beneficios de las nuevas políticas públicas.
Su estilo debe ser respetuoso de la ciudadanía, de los opositores y de la misión informativa de los periodistas y su actitud debe ser inclusiva, buscando siempre sumar voluntades e incrementar la participación de todos y todas.
Su liderazgo en los equipos comunicativos del Gobierno tiene que realizarse mediante una acción integradora y armónica.
Su pro-actividad debe demostrarse a través de una constante anticipación a los acontecimientos.
La nueva vocería tiene que ser considerada fuente de noticias interesantes, amigables y útiles por las audiencias de los medios de comunicación tradicionales y ciudadanos.
Pero todo esto tiene destino si re-barajamos los naipes de la industria de la información y la comunicación. O sea, que asumamos el carácter sustantivo de las comunicaciones, consagrando en la Nueva Constitución Política el Derecho a la Información y la Comunicación con una Ley Orgánica que lo garantice.
El vocero, al igual que todo el Gobierno, debe servir al Bien Común y la Verdad.