Las movilizaciones de funcionarios municipales se originan por cuatro demandas no resueltas desde hace años. Primero, la homologación de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, PMG, con los de la administración pública centralizada. Segundo, solución al incremento previsional. Tercero, asignación profesional, técnica y de responsabilidad. Y cuarto, readecuación de las plantas municipales. Este último punto es el más significativo y por el que se ha trabajado desde el mundo municipal hace casi 20 años, aunque sin éxito todavía.
En el año 1994 se publicó la Ley Nº 19.280, que nace con el objetivo de modernizar las plantas municipales a través del establecimiento de los requisitos para el ingreso y la promoción en los “cargos de planta” del personal de las municipalidades.
Enseguida, cada una de las municipalidades existentes en el país, en virtud de la norma citada y de acuerdo a la necesidad y realidad de las respectivas comunas, modificaron las plantas de su personal.
Desde entonces, los ansiados “contratos estables” en las municipalidades se mantienen sin cambios y, en consecuencia, los alcaldes están imposibilitados de crear nuevos cargos porque esa facultad es exclusiva del Presidente de la República.
Posteriormente, en el año 1997, se publica la Ley Nº19.526 que reformó la Constitución Política en materia de administración comunal.
En ese entonces, el Ejecutivo señaló que uno de los objetivos de la iniciativa era “otorgar a las municipalidades mayor autonomía en la determinación de sus propias plantas, autorizándolas para crear los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva prevea, así como para crear los empleos rentados que estimen necesarios, suprimirlos y asignarles remuneraciones, con arreglo a lo contemplado en la ley correspondiente, y dentro de los límites de la propia Carta Fundamental”.
Según la misma modificación, estas facultades se ejercerían “dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de municipalidades”.
Lamentablemente, la reglamentación de la reforma constitucional no prosperó durante la tramitación del proyecto de ley sobre la modernización de la planta municipal.Por ende, las autoridades locales están, hasta hoy, imposibilitadas de implementar nuevos cargos de trabajo al interior de los municipios.
En Chile existen hoy 345 comunas y de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, al año 2010, 258 de ellas cuentan con directores de Desarrollo Comunitario, 242 con directores de Planificación, 115 con directores de Finanzas, 81 con directores de Control, 129 cuentan con directores Jurídicos y 263 municipios tienen directores de Obras Municipales.
En resumen, en total existen 1.403 cargos directivos, pero faltan 1.012, sólo considerando los cinco cargos directivos más relevantes en las administraciones locales, a saber, direcciones de Dideco, Planificación, Jurídica, Obras, Finanzas y Control.
Como la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades lo señala, las municipalidades son órganos de la administración del Estado, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.
Sin embargo, a las municipalidades se le hace imposible cumplir cada una de las tareas que se les encomienda, si no modernizan las plantas funcionarias.
La realidad de las comunas del país ha cambiado notoriamente desde 1994, año de la anterior modificación de las plantas municipales.
Valga el ejemplo de la comuna de Maipú, donde su población para el año 1992 era de 256.550 habitantes, mientras que en el año 2002, el total de los habitantes era de 463.103, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas.Hoy se estima que el total de los habitantes supera las 600 mil personas.
Se requiere voluntad política para modernizar la administración comunal. Órganos que con el paso del tiempo, asumen cada vez más funciones, sin el debido financiamiento y, lo que es más relevante, es que estos organismos estatales necesitan fortalecer su actual dotación de recurso humano, ya sea en su condición de funcionarios y su relación laboral con su empleador, como en su condición de auxiliares, administrativos y profesionales y su entrega laboral al municipio en el que se desempeñan.
Modernizar las plantas municipales, conjugando el respeto por los derechos laborales y la carrera funcionaria y, de paso, evitando la precarización del trabajo, es una de las tareas de futuro que tenemos los municipalistas, comprendiendo en ellos a Alcaldes, Concejales y Funcionarios.
Nos asiste la convicción de que es imposible construir un mejor Estado si no construimos mejores municipios para Chile. Y los municipios y sus funcionarios no debiesen seguir siendo los parientes pobres del Estado Chileno.