Durante los últimos 15 años, uno de los temas recurrentes al inicio de las campañas presidenciales ha sido la descentralización de Chile, con el propósito de transferir el poder concentrado en Santiago hacia las regiones. Sin embargo, los avances han sido pocos.
Después de mucho tiempo, finalmente se aprobó la elección popular de los Consejeros Regionales (Cores), la cual se concretará conjuntamente con la próxima elección presidencial y parlamentaria de noviembre, pero las modificaciones a la ley sobre Gobierno y Administración Regional, aún se encuentra en tramitación en el parlamento. Sin ella, es muy difícil lograr una profunda y real descentralización.
La concentración del poder en Santiago tiene variadas consecuencias, pues influye de una manera importante en la estructura política, social y económica de Chile, pero lo más importante, determina la cultura nacional, el elemento más difícil de modificar, especialmente en plazos breves.
Sobre las causas de esta concentración y las dificultades para revertirla, se pueden encontrar varios factores que actúan reforzándose mutuamente y en diferentes momentos en el tiempo.
En primer lugar, tiene un origen histórico, presente a partir del período colonial, fuertemente influido por el Estado hispánico. A lo anterior se suma -en la época republicana- las derrotas de los esfuerzos regionales, que incluso llevaron a serios conflictos bélicos al interior del país.
Pero, para algunos no fue negativo, pues sostienen que la primacía de Santiago unida al presidencialismo, impidieron la anarquía que marcó a tantas repúblicas latinoamericanas. La Constitución de 1925 terminó por consolidar esta estructura centralizadora.
A estos factores, se suma una suerte de círculo vicioso, donde actúan simultáneamente fuerzas de atracción y expulsión que tienden a agudizar la reunión en la capital de los recursos humanos del país.
El proceso de regionalización y sus peculiaridades
El tipo de regiones. El proceso de regionalización que se ha implementado no ha contribuido a la descentralización del país, incluso puede haber sido una traba adicional: 15 regiones, un número desmedido para el tamaño y población del país, a lo que se suma la excesiva heterogeneidad en su interior, lo que –a su vez- ha estimulado la presión de otras zonas que también desean convertirse en nuevas regiones.
Los avances en la descentralización requerirían ordenarlas en unidades mayores y más homogéneas. Frente a los intereses creados, parece una “misión imposible”.
Elección popular de los intendentes regionales. Muchos expertos sostienen que el real comienzo de la descentralización es la elección popular de los intendentes regionales, ya que los designados carecen de visión local y no se someten al control ciudadano. Además, plantean que las visiones encontradas que se pueden producir entre el Gobierno central y el regional -sobre todo cuando entre en vigencia la elección popular de los Cores- se atenuarían con la actuación de un intendente que representara a la región.
Sin embargo, esta herramienta tiene un doble filo, pues ellos podrían enfrentar situaciones críticas si fueran de un signo político diferente al del Gobierno, pues no les facilitaría las cosas al ser de oposición, especialmente en un régimen presidencial.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo se encontraría en dificultades para implementar sus iniciativas, pues el brazo ejecutor a nivel regional tendría otros intereses y objetivos.
Ámbito de acción de los Gobiernos Regionales. Este aspecto va más allá de un mero problema de coordinación de políticas. En un régimen presidencial existe bastante consenso sobre una serie de políticas que no se deben descentralizar, como son las de relaciones exteriores, defensa, seguridad interna, macroeconomía y previsión social.
También hay relativo acuerdo que el campo más eficaz para iniciar un proceso de descentralización es el de las políticas sociales en sus diferentes expresiones: salud, educación, trabajo y vivienda. Para llevar a cabo esta transformación, el proyecto de ley en elaboración contempla la llamada transferencia de competencias como un aspecto clave en el proceso de desconcentración y establece los planes pilotos y definitivos para llevarla a cabo.
Lo que es claro es que al Gobierno Central debe entregarse la potestad de formular las políticas generales y no como ocurre en la actualidad, en que invade no solamente la estrategia global del país, sino muchas veces asuntos meramente operativos.
Principio de la doble subsidiaridad. Aplicar este principio implica que aquello que pueden realizar las entidades intermedias mejor que el Estado, debe ser de su competencia y, lo que puedan hacer las personas, debe quedar en su espacio de acción.
Es cierto que si dentro de esta lógica, no se elabora e implementa una política decidida a retener los talentos en las regiones y promover la localización de personas con liderazgo en ellas -tarea que además requiere de una estrategia de largo plazo- los esfuerzos por descentralizar el poder de la capital serán vanos.
Fomento, regiones o cadenas productivas. Hasta ahora, los limitados esfuerzos en la línea del fomento productivo se han encaminado a establecer mecanismos centrados en las regiones, como es el caso de los fondos de fomento regional, especialmente desde que en el gobierno de Piñera se desactivaron los tímidos esfuerzos iniciales por apoyar los “clusters” o cadenas productivas, bajo el cuestionable argumento que constituían una intervención estatal en la libre asignación de los recursos de inversión a través de los mercados.
Una medida pro regiones podría ser aplicar una especie de “castigo” a las iniciativas localizadas en la Región Metropolitana. Por ejemplo, gravar las actividades que se desarrollan en Santiago, con impuestos territoriales o al capital físico instalado en la capital, lo que además tendría la ventaja de allegar recursos adicionales al presupuesto fiscal en momentos de escasez de recursos públicos, incluso para ser destinados a las regiones.
Descentralización y desarrollo económico. A la concentración del poder en Santiago se le suele asignar la responsabilidad de todos los males que sufre Chile, y muchos aseveran que se ha transformado en un cuello de botella para el desarrollo económico del país y si no se resuelve será una traba creciente, partiendo de la base que el centralismo genera menos crecimiento; además constituiría la principal causa de la desigualdad existente. Santiago tendría los peores indicadores de calidad de vida y de problemas psicológicos de su población y también se sostiene que posee serios problemas de seguridad de sus ciudadanos.
Cada una de estas afirmaciones podría dar origen a interesantes debates, porque se pueden encontrar argumentos en contrario, que explicarían porqué el flujo migratorio de las regiones hacia la capital -si bien se ha atenuado en los años más recientes- no se ha detenido ni menos revertido, lo cual muestra el poder de atracción de la capital.
Finalmente, no se debe perder de vista que la concentración del poder en la capital también ocurre de una manera parecida al interior de cada región, donde la acumulación de recursos -políticos, sociales y económicos- se da en la principal ciudad de la zona en perjuicio de los pueblos de tamaño mediano y pequeño.
Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2013/08/el-poder-de-santiago-y-la-resistencia-a-la-descentralizacion/