Desde 2010 la búsqueda de culpables, y por qué no decirlo, a mi juicio excesiva concentración en defenderse de lo hecho o no hecho durante la madrugada del 27F, ha marcado parte importante del discurso político de los últimos años.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados fue una de las primeras acciones que vinieron luego de la catástrofe. Una instancia importante, pero que rápidamente terminó por ser un espacio donde se profundizó más en la contienda política, que en la búsqueda real del aprendizaje y mejoramiento del sistema.
De esta manera, y como si eso fuera insuficiente , el año pasado una nueva Comisión Investigadora se abrió en el Congreso Nacional, cuyo resultado no sólo fue similar a la anterior, sino que más aún, no contribuyó en nada al aprendizaje necesario tras ocurrida una emergencia.
Cada Comisión, así como en parte el proceso judicial que se lleva a cabo, han sido espacios desde donde se ha contribuido más a la pugna política pequeña que a la real preocupación por la gente, quienes han sufrido no sólo con el 27F, sino que con otras situaciones como la inundación en Punta Arenas o las lluvias en el norte de Chile.
Todas las catástrofes que han puesto a prueba nuestro sistema de emergencias no se han transformado en una motivación suficiente para que se realicen cambios básicos en la forma en que se gestionan estas situaciones. No hemos sido capaces de poner en el centro de las preocupaciones el interés de los ciudadanos, construir una comunidad más resistente y resiliente a las emergencias, y por cierto una más segura.
Las primarias, no sólo permitieron elegir los candidatos de cada coalición, sino que sirvieron para hacer una evaluación de la comunidad más afectada por el tsunami.Muchos esperaban que la ex presidenta Bachelet fuera duramente castigada en esas zonas, sin embargo la gente respondió con un rotundo apoyo a su opción.
Sin embargo, ¿es posible atribuir este apoyo a un cambio de opinión de la comunidad sobre lo ocurrido? Probablemente no. De esta manera, es posible afirmar que estamos frente a la primera expresión real, clara y directa de las víctimas más afectadas por la tragedia, quienes aún sufren diariamente la pérdida de un ser querido.
La opinión a nivel nacional, probablemente ha estado construida sobre la base de los argumentos difundidos a través de los medios de comunicación más que por el testimonio real de los afectados.
Cabe peguntarse entonces si ¿no será mejor acercarse más a las víctimas, sin prejuicios, dejando de lado las posiciones personales, escucharlos y poner en el centro de nuestro actuar sus intereses? Hasta ahora, el mensaje dado por las comunidades más afectadas por la tragedia nos dice que nos queda mucho por mejorar. Probablemente, en estos momentos existe alegría en el comando de la ex presidenta Bachelet, y confusión en la Alianza.
Es de esperar que en esta oportunidad el árbol no impida ver el bosque, y que la alegría de la Concertación se transforme rápidamente en responsabilidad y deber por proponer cambios en un sistema de gestión de emergencias que está lejos de lo que merecemos.
También que la confusión de la Alianza se traduzca (incluyendo a la Concertación) en comprender que una tragedia no puede ser utilizada como arma política, sino que por el contrario, ante el dolor se debe actuar con empatía, compasión y por sobre todo cautela para no causar más daño.
Los votantes de las comunas afectadas por el tsunami, han actuado con una madurez y responsabilidad digna de imitar. Es de esperar que esta señal sea asumida por ambos candidatos como un compromiso, haciéndose cargo de una deuda que sigue pendiente, tener un sistema de gestión de emergencias acorde a todos aquellos indicadores de los cuales solemos hacer gala.
Finalmente, seguimos con el mismo sistema y el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso es simplemente, más de lo mismo. Después de las primarias, pareciera que el discurso se agotó y se abre una ventana para aprender y mejorar.