El Servicio de Impuestos Internos condonó pagos tributarios por 125 millones de dólares a la empresa Johnson, cuando los dueños de esta firma, la familia Calderón, negociaba su venta al holding Cencosud, propiedad del millonario alemán Horst Paulmann.
Los beneficios otorgados por el SII a Johnson, y sus dueños pasados y presentes, superan en miles de veces los recursos estatales que recibirá cualquier familia pobre o de clase media a lo largo de toda su vida.
Es decir, en este caso el fisco ayudó a elevar la desigualdad en Chile, país donde ya la diferencia entre el ingreso laboral per cápita entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre es de 80 veces.
La operación fue aprobada por el director del SII, Julio Pereira, quien arrienda hace años un terreno a Paulmann en miles de millones de pesos y es accionista en empresas de la familia Calderón. Peor aún, otro de los artífices de la condonación fue el subdirector jurídico del SII, Mario Vila, ex abogado de Johnson.
La Contraloría General de la República ya emitió un informe adverso para Vila.Extraoficialmente, las autoridades señalaron que Pereira fue exculpado administrativamente por esa entidad fiscalizadora. El presidente Sebastián Piñera opinó que “Pereira es un hombre honesto”, en medio de las discusiones.
Pero el problema no es la honestidad o correción administrativa. La pregunta es por qué dos de las fortunas más grandes del país perciben (y rentan) beneficios tributarios millonarios que superan con creces lo que decenas de familias pobres recibirán del Estado en toda su vida.
¿Cuántas becas universitarias pueden financiarse con esos 125 millones de dólares? ¿Cuántas escuelas pudieron construirse con esos fondos?
¿Cuántas miles de casas básicas pueden erigirse? Es un monto enorme que equivale a la mitad de toda la Reforma Previsional realizada por la presidenta Michelle Bachelet.
Probablemente, estos polémicos hechos ocurrieron porque nuestra democracia es débil, sin control ciudadano. Finalmente, lo principal no es que existan instituciones, sino capacidades ciudadanas para controlarlas.
Pero hubo y hay otras razones y circunstancias para que estos hechos existieran e incluso sean aún defendidos por algunos.
Es simple, los pobres no financian campañas electorales, ni compran medios de comunicación.Tampoco contratan a los directivos públicos cuando estos abandonan la administración del Estado.
La millonaria condonación del SII apunta directo a la desigualdad y abre debates mayores sobre políticas públicas y desarrollo social.
¿Sabían, por ejemplo, que cada año las grandes empresas eluden pagos tributarios por miles de millones de dólares gracias al FUT, un mecanismo que les permite aplazar sus impuestos?
¿Sabían que Codelco aportó los últimos diez años más de 10.000 millones de dólares a compra de armas? ¿Sabían que las Fuerzas Armadas tienen más de 4.000 millones de dólares ahorrados para futuras y eventuales adquisiciones de material bélico?
Si un gobierno eliminara el FUT y declarara una moratoria por sólo cuatro años en la compra de armas, el presupuesto fiscal podría crecer anualmente en al menos 8.000 millones de dólares.
Ello permitiría una revolución social y educativa. Pero sobre todo, comenzar a tener una democracia socialmente responsable. Una democracia ciudadana.