La discusión de la ley de pesca se vota esta semana.Lo que está en juego es cambiar un modelo de uso y abuso de los recursos pesqueros por uno que sea sustentable, que resguarde el futuro de los recursos y que establezca competencia en la industria para el desarrollo de las comunidades asociadas a la producción.
La discusión de esta ley ha estado marcada por diversas polémicas. En la tramitación del proyecto hemos logrado avanzar en ciertos aspectos de los que presentó en el articulado original el Gobierno. Sin embargo, sabemos que todavía hay trabajo por hacer y hay que fijarse en aquellos aspectos que están en la categoría de “letra chica,” además se han identificado los temas más cruciales que tenemos que defender en el Senado.
Entre los avances podemos resaltar que esta normativa tiene por objetivo la conservación y el uso sustentable de los recursos del mar mediante la regulación de la pesca y un enfoque integral que permite proteger los ecosistemas marinos.
Otro punto a destacar es que existiría una mayor injerencia de los científicos, cuyas consideraciones de conservación deben primar sobre los intereses de los pesqueros.
Esta Ley restringirá el uso de la pesca destructiva que afecten el ecosistema marino y en ese sentido logramos un artículo que establece que el Estado de Chile tiene la soberanía y los derechos soberanos sobre el mar.
También, es un punto a favor, la ampliación de la reserva para la pesca artesanal de cinco millas marinas desde Arica hasta el sur de Chiloé.
Hemos avanzado en establecer la incorporación de normas que protegen a trabajadores de la industria pesquera, como asimismo, se logró avanzar en la incorporación de un presupuesto permanente para la investigación a través del Instituto de fomento Pesquero y el gobierno se comprometió a crear el INDAP pesquero lo que ha sido muy bien recibido en el sector. A esto se suma que se integran medidas de fiscalización (como el uso de los GPS y las certificaciones de embarque).
Por último, por primera vez se asegura un mecanismo para el abastecimiento de PYMES procesadoras de alimentos de consumo humano mediante la entrega del 1% de la cuota de captura.
Ahora, al analizar ciertos aspectos nos encontramos que deben ser esclarecidos.
Se declara que los recursos del mar son de todos los chilenos, sin embargo la naturaleza de las licencias que el mismo proyecto entrega a los industriales pesqueros deja en entredicho esa afirmación,al tratarse de licencias que se establecen por veinte años renovables por otros veinte años, sin límite.Frente a esto hemos propuesto que las licencias de la fracción industrial tengan carácter temporal, con una duración máxima de 10 años no renovables, sino un proceso de licitación transparente en el que todos puedan participar y que sean transables. Del mismo modo, deberán tener causales estrictas de término por incumplimiento a normas ambientales, laborales y de la propia normativa pesquera.
Sería muy conveniente establecer para las fracciones no licitadas un royalty equivalente al valor pagado por cuotas licitadas en la pesquería y así aumentar la recaudación para el Estado.
Respecto de los comités científicos (el proyecto habla de ocho), se deberá dar un peso institucional potente, porque al estar compuesto por miembros ad honorem, se coloca en riesgo que estas personas terminen perdiendo su autonomía. Por ello hay que fortalecer esta institución creando un solo gran comité del más alto nivel científico y técnico, que cuente con recursos y que sus miembros, con dedicación exclusiva, tengan una remuneración.
Respecto del 1% de la cuota global para las PYMES procesadoras, el proyecto actual no asegura el 100% del suministro necesario y además, solo lo limita a sardinas y anchovetas (que en la realidad no se destinan a procesamiento para consumo humano). Por ello, proponemos que se debe establecer que la cuota sea de 1,5%, sin distinción de especies, y que solo la puedan pescar pescadores artesanales.
Hay un avance al establecer las cinco millas para los pescadores artesanales, sin embargo quedan fuera las regiones de Aysén y Magallanes y por eso planteamos que la zona de protección artesanal debe extenderse a dichas regiones. Asimismo, se acuerda que las perforaciones o ventanas de las 5 millas artesanales en las regiones XV, I, II y IV se autoricen sólo con el acuerdo de la pesca artesanal de la región y pesquería respectiva.
Por último, la ley actual debe reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho en el ámbito pesquero. Por lo que se debe asegurar su acceso a los recursos marinos de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales.
Es de relevancia nacional tener una ley de pesca que sea justa y sustentable. Mi compromiso es defender los intereses del país y así asegurar que el mar y sus recursos sean de todos los chilenos.