Día a día aumentan las certezas sobre lo ocurrido durante dos años y medio en la cartera de Interior.
Suman y siguen las críticas y denuncias. Esta vez, ha sido un informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales el que ha vuelto a poner el tema en la agenda, confirmando la violencia del Estado en contra de las manifestaciones sociales, entre otras categóricas conclusiones.
Efectivamente, éste era uno de los temas que la interpelación al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, buscaba aclarar; una interpelación acordada por la Cámara de Diputados, pero fallida al generarse un rápido cambio de cartera del ex ministro desde Interior a Defensa. Una salida abrupta, a días de ser interrogado en el poder legislativo.
Se fue Hinzpeter, pero no del Gobierno, por lo tanto sus responsabilidades políticas, por lo que fueron más de dos años y medio de gestión, aún pueden revisarse. Por ello, espero que no sólo prospere la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, sino que todas las querellas presentadas fructifiquen y la justicia hago lo suyo para no quedarnos con una sensación de impunidad.
El cambio del ex ministro no puede frenar la búsqueda de la verdad y del esclarecimiento de una serie de denuncias de abuso, negligencia, e incluso “cohecho y fraude al fisco” en el bullado caso sobre precios.
Sobre las manifestaciones sociales, el informe de la UDP es categórico en cuanto a los criterios, límites y formas en la utilización de la fuerza estatal contra de miembros de la comunidad. Se ratifica que las movilizaciones ciudadanas registradas en los años 2010, 2011 y en lo que va del 2012, sufrieron de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal.
A ello, se suma el cuestionamiento al proyecto conocido como “ley Hinzpeter”, que tal como lo hemos afirmado, no es otra cosa que la criminalización del movimiento social, pretendiendo generar fundamentos para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes.
Así las cosas, el capítulo Hinzpeter no está cerrado y es de esperar que todas las acciones ya iniciadas, con solicitudes en la Contraloría y querellas en Tribunales, prosperen.
Esperamos que el antiguo dicho que asegura que “soldado que arranca sirve para otra guerra”, esta vez no se concrete y, mucho menos en Defensa, pues nuestro país no quiere guerras, sino entendimiento, paz y respeto a los derechos civiles.
Señor Ministro, está en deuda y usted lo sabe.