Finalmente, y tal como lo había planteado antes de su anuncio, la primera licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) fue adjudicada a Soquimich (SQM). Su principal propietario es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, y su subgerente es el hermano del actual ministro de Minería, Hernán de Solminihac. Un traje a medida para una licitación que no es tal, sino que es una concesión encubierta, que pone en tela de juicio la legalidad de la misma.
A fines de julio, junto a la Senadora Ximena Rincón (DC), los senadores José Antonio Gómez (PRSD), Pedro Muñoz (PS), Jaime Quintana (PPD), Jorge Fierro, Presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo, Raimundo Espinoza, Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, presentamos una acción de nulidad de derecho público en contra del Decreto Supremo de la licitación.
Como lo hemos reiterado, todos los yacimientos son propiedad del Estado y las concesiones a privados están permitidas, con excepción de aquellos minerales que han sido declarados como estratégicos. Este es el caso del litio, que en un Decreto Ley de 1979 fue declarado no concesible.
Si el gobierno quería realizar esta concesión debió haber recurrido al Parlamento, vía iniciativa de ley, en un debate abierto a toda la sociedad. Optó por la vía administrativa, que en definitiva ha sido una manera de obviar el diálogo que tanto reclama la ciudadanía actual.
¿Por qué insistimos en que es una concesión encubierta? Primero, no hay una asignación concreta, y en este caso SQM podría explotar donde quiera.Tampoco se le impone obligaciones específicas e incluso la empresa puede permanecer inactiva, cuando la lógica de este tipo de contratos es que el interés del Estado está en que el socio explote el recurso.
En este caso, el gobierno pretende quedar satisfecho con un contrato por el que recibe el 7% de las utilidades, lo que en ningún caso cumple con el objetivo de sinergia público-privada que está en la base de los contratos especiales de operación.
Si comparamos los CEOP que se promovieron con la ex Presidenta Bachelet, y los CEOL de este gobierno tienen una diferencia importante: no cuentan con una contraparte como es el caso de ENAP, porque no existe una Empresa Nacional del Litio.
A su vez, este gobierno no fue capaz de detectar que SQM tiene al menos veinte juicios pendientes con el Estado a través de la Tesorería, la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud, correspondiente a patentes y servidumbres mineras, y las propias empresas competidoras han pedido su descalificación. Es decir, SQM, además, trasgredió las bases de la propia licitación que exigió una declaración jurada de no tener ningún impedimento para participar.
Nos encontramos frente a un vicio legal, pues se usan normas para un propósito distinto. Se está pasando a llevar la finalidad del decreto de manera ilegal y contraviniendo la propia Constitución.
Nuevamente, este gobierno se equivoca en las formas, pero sobre todo en el fondo, vulnerando los derechos de todos los chilenos, reforzando un oligopolio y tensionando las instituciones.