La situación de la crisis de Aysén se hace insostenible, tanto por la torpeza del Gobierno para resolver las justas demandas del movimiento social, como por la actitud del Ejecutivo de pretender solucionar un conflicto social sólo con medidas de fuerza.
El Gobierno y en particular el Ministro Hinzpeter no comprenden que el movimiento social y sus demandas son una oportunidad de diálogo, por el contrario, actúan con la lógica del enemigo interno al que hay que derrotar, al que se debe ganar.Esa es una forma muy equivocada de entender a los actores y a los movimientos sociales.
La relación establecida con los movimientos sociales, no puede estar mediada por la fuerza, ni tampoco fundada como si fuera una negociación, en la que una parte gana y la otra pierde.
Se trata de reclamaciones sociales justas e históricas de una región altamente aislada y abandonada, que lo único que pide es respeto, dignidad y tener mayor calidad de vida. La Constitución asegura a todos los habitantes el derecho de petición y de manifestarse libremente. Por tanto el deber de un Estado democrático es proteger a sus habitantes y otorgarles los medios necesarios para su desarrollo como ciudadanos.
En este contexto, rechazamos categóricamente el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros en medio de las protestas fundamentalmente en Coyhaique y Puerto Aysén, no es posible que el Gobierno con el argumento de proteger el Estado de Derecho y el orden público desaten una inusitada violencia en forma indiscriminada, en contra de la población civil.
La actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros ha sido denunciada, por medios de prensa, por los dirigentes del movimiento social y por los observadores de derechos humanos que han estado presentes en la Región.
Según esas evidencias ha habido uso excesivo de la fuerza, con uso de balines metálicos, que han herido a manifestantes como sucedió con una persona que perdió un ojo, disparos hacia las viviendas de los pobladores, uso masivo de gases lacrimógenos, ingreso de carabineros a las casas de los pobladores, pateando y destruyendo cercos.
Asimismo, es inaceptable y a la vez inconducente que frente a las movilizaciones sociales, la única respuesta sea, el envío de un contingente inusitado de carabineros a la Región, y la presentación de querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado, en contra de pobladores, que no son violentistas, ni ponen en peligro la seguridad del país.
Lo que ha sucedido en Aysén, implica una clara violación a los Derechos Humanos, que amerita, una profunda investigación sobre el proceder de carabineros, que no se limite solo a reconocer excesos, sino que se adopten las medidas disciplinarias y penales que correspondan, que se tomen las resoluciones necesarias, que ayuden a descomprimir la situación, entre ellas, el retiro de las Fuerzas Especiales que han sido trasladadas exprofeso para labores represivas.
Esperamos que el Gobierno recapacite y se comprometa de inmediato a arbitrar las medidas conducentes para normalizar la situación en Aysén y aceptar el diálogo, que es el único camino posible para avanzar en la solución de las reivindicaciones planteadas, por un movimiento social que tiene el apoyo mayoritario de la población del país.