¡Le pondremos candado a la puerta giratoria! ¡Se les acabó la fiesta a los delincuentes!Esos fueron parte de los compromisos asumidos durante la pasada campaña presidencial por el entonces candidato de la derecha.Veinte meses después, las autoridades parecen haberse quedado sólo en el discurso.
Así al menos lo reflejan los datos estadísticos entregados recientemente por el propio ministerio del Interior, los que demuestran que la “tolerancia cero” en el combate a la delincuencia ha sido un estrepitoso fracaso. Las cifras son elocuentes: durante el tercer trimestre del presente año se registró un incremento de un 10,1% en los delitos graves, mientras los casos de asaltos, tales como robos con violencia o intimidación, tuvieron un alza de casi un 18%.
Pese a la gravedad del asunto no he escuchado ninguna autocrítica de las autoridades. Más bien la reacción ha sido culpar a otros.
Primero, el ministro de Justicia se puso al borde de la constitucionalidad al manifestar que el Ejecutivo consideraría los fallos de los jueces de garantía antes de decidir su promoción.
Por su parte, el ministro del Interior dijo que el aumento de los delitos era producto de las movilizaciones de los estudiantes y luego propuso elegir democráticamente a los jueces y fiscales, lo que equivaldría a politizar el sistema judicial de nuestro país. Y luego se ha dedicado a arremeter diariamente y de manera irracional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Este es un debate que daña nuestra institucionalidad democrática, no le sirve al país porque no resuelve el problema y deja en la más absoluta indefensión a millones de ciudadanos que en cualquier momento pueden ser víctimas de un delito en las calles o en su propio hogar.
Lo que Chile necesita son soluciones y no polémicas artificiales.
Le hace mal al país cuando el encargado de la seguridad ciudadana se desliga de sus propias obligaciones criticando a otros poderes del Estado y al Ministerio Público, cuya autonomía está garantizada constitucionalmente.
Podremos debatir acerca de la eficacia de los organismos encargados de investigar y de hacer justicia, pero seamos claros: el orden público es una competencia exclusiva del ministerio del Interior y quien ejerce esa cartera, el ministro Hinzpeter en este caso, no puede lavarse las manos y esperar que sean los jueces y fiscales los que respondan ante la ciudadanía por el fracaso de las políticas públicas que él mismo diseña y dirige.
Me pregunto qué tipo de justicia quiere este gobierno. Acaso la que había en dictadura, cuando existía un poder judicial servil al Ejecutivo, que se olvidó de sus deberes cuando miles de chilenos eran perseguidos por los organismos de seguridad y cuyos juicios carecían de transparencia, se demoraban años en terminar y no existía el debido proceso.
A mí me hubiera gustado que con el mismo celo que ha criticado la actuación de órganos del Estado que gozan de autonomía, el ministro hubiera alzado la voz para criticar la decisión de la corte marcial que la semana pasada dejó libre, mientras dura el proceso, al carabinero Miguel Millacura, quien fue el autor del disparo que mató a Manuel Gutiérrez, de sólo 15 años, durante los incidentes ocurridos en la comuna de Macul el 25 de agosto de este año, represión que él mismo ordenó.
La señal es peligrosa: los delincuentes comunes deben esperar el inicio del juicio en la cárcel, pero los que dan muerte a menores producto de la represión que el mismo ministro ordena pueden andar libres por las calles mientras el proceso llega a su fin.Yo prefiero que todos queden tras las rejas.
En definitiva, pienso que aquí estamos ante una nueva demostración de la confusión y pérdida de rumbo que sacude a esta administración. En vez de dialogar, amenaza; en vez de asumir los errores, culpa a otros; en vez de buscar acuerdos, genera nuevos conflictos.
En lo personal, creo que esta situación es la consecuencia lógica de cuando un tema tan sensible para la ciudadanía se enfrenta con más demagogia que destreza.
En la campaña presidencial dijimos que una política seria y efectiva de seguridad ciudadana se hace involucrando a todos los organismos públicos y privados con competencia en el tema sumando esfuerzos y conocimientos.
Además, señalamos que para disminuir los delitos, más que centrarse en la represión y en las medidas punitivas, se debía poner el foco en la prevención de los fenómenos que gatillan la actividad delictual, como la marginalidad, el alcoholismo y la drogadicción.
Nos acusaron de ser permisivos y criticaron los indultos entregados por los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, hoy –cuando tienen la responsabilidad de conducir el país- resulta que no sólo la delincuencia ha crecido sin control, sino además impulsaron un proyecto de ley para indultar a condenados a penas de cárcel con el objetivo de reducir el hacinamiento existente en los recintos penitenciarios.
La seguridad ciudadana incide directamente en la calidad de vida de las familias chilenas.
Por ello, debe enfrentarse con seriedad y efectividad. La mano dura no basta. Más que eso necesitamos mano firme con las causas que originan la delincuencia. De lo contrario, acabar con la fiesta de los delincuentes seguirá siendo una promesa sin cumplir.