Durante el último mes hemos estado discutiendo la ley de presupuesto para el próximo año y la atención ha estado, naturalmente, en Educación. Sin perjuicio de estar de acuerdo con que nuestro sistema educativo necesita más recursos para avanzar hacia más equidad y calidad, creo que hemos perdido el foco de la discusión.
Al igual que en nuestras familias, el presupuesto de nuestro país es limitado y por ello es necesario hacerse la pregunta en qué debemos gastar.
Evidentemente, lo primero que debemos hacer es cubrir nuestras necesidades más básicas, pero lo que ha ocurrido en nuestro país es que empezamos a cuestionar cuál es el mínimo que el Estado debiese garantizar.
Esta discusión es válida y necesaria porque nuestros estándares han cambiado producto del desarrollo que hemos alcanzado como país. Por supuesto que necesitamos hacer mucho más en pobreza, salud, vivienda y educación, pero en cada uno de estos ámbitos también hay que priorizar. La pregunta es en qué.
Aquí es donde yo creo que nos hemos perdido. Las movilizaciones sociales nos dan luces de dónde hay necesidades que no están siendo satisfechas y debemos poner atención a ellas.
El rol que estas movilizaciones han desempeñado en el mundo es indesmentible y nos han hecho avanzar en temas tan relevantes como la esclavitud, la discriminación racial, religiosa y de género y también nos han hecho tomar más conciencia de los derechos humanos que se vulneran hasta el día de hoy en distintas partes del planeta.
Sin embargo, no hay que perder de vista que hay quienes no marchan y cuyas necesidades son tan o más importantes que las que están en la portada de los diarios.
En este sentido, reconociendo que hay que hacer un esfuerzo mayor en educación, el cuestionamiento que debemos hacernos, es dónde es más rentable socialmente invertir ese dinero.
La educación técnica y universitaria facilita la movilidad social y permite acceder a un estándar mejor de vida, por ello es importante fortalecerla y garantizar el acceso a ella a las personas que, teniendo el interés y las capacidades, no puedan ingresar por falta de recursos.
Pero, el salto a la gratuidad, como algunos han postulado, implicaría una inyección de recursos mucho mayor, los que, desde mi perspectiva, debiesen ser invertidos en algo de mayor rentabilidad social como lo es la educación preescolar, donde efectivamente puedes hacer una diferencia.
Este cuestionamiento no sólo existe en el ámbito educacional. En términos generales, nuestro país tiene que escoger dónde va a invertir más.
Me preocupa enormemente que hay sectores de nuestra sociedad que permanentemente están siendo postergados: discapacitados, adultos mayores y niños.
Me resulta injustificable la lista de espera que existe para que más de 6 mil niños que han sido vulnerados en sus derechos sean ingresados a los programas del Sename, que en muchos hogares estén expuestos a los mismos abusos de los cuales fueron protegidos porque al no haber suficientes cupos se mezclan niños con problemas delictuales con niños abusados, maltratados y abandonados.
No tienen tratamiento psiquiátrico, ni psicológico, y tampoco hay suficientes programas de rehabilitación por drogas o alcohol. Invertir en sacar adelante a estos niños vulnerados no sólo es de una alta rentabilidad social, sino que también es un deber en miras a la sociedad que queremos construir a futuro.
Las necesidades de nuestro país son muchas y los recursos limitados. Cuando hablamos de formar una sociedad inclusiva e integradora, no sólo estamos hablando de terminar con la desigualdad, sino que también de incorporar a las distintas personas que integran nuestra sociedad.
Chile somos todos, y eso no debemos olvidarlo.