La semana pasada, el Intendente de la Región del Bío-Bío declaraba en un seminario académico que: “con espanto se empezaba a decir que el 40% de los niños nacía al margen del matrimonio, de un matrimonio constituido tradicionalmente, con padre y madre.
Entonces, uno empieza a pensar cuál es el ambiente en cuanto a valores, en cuanto a estabilidad emocional y afectividad que va a tener un niño que nace con esos déficit”.
Para luego agregar: “Chile es un país sin familia. Yo auguraba que esto iba a traer trastornos sociales para Chile. Lo más extremo es llegar al anarquismo. Un niño que no recibió nada, no recibió afectos, no recibió el cariño de un padre y una madre y la protección de ellos, se manifiesta en las calles con odio”.
Estas lamentables declaraciones no pasarían de ser una anécdota si no fuera porque se trata de una autoridad que tiene a su cargo recursos, personas y la ejecución de políticas públicas que están -o al menos debieran estarlo- orientadas a la discriminación que afectan a los ciudadanos de nuestro país.
Pero por otro lado, las declaraciones del Intendente reflejan lo que piensa una parte importante de los personeros de la derecha hoy gobernante, pero que tienen la prudencia como para no expresarlo públicamente.
En la matriz cultural de la derecha tiene especial importancia los componentes valóricos asociados a lo que podríamos denominar la “recta sociedad”; familias formadas por papá y mamá, unidas en “santo” matrimonio, con la cantidad de hijos que la divina providencia aporte; idealmente, la mujer dedicada a las cosas del hogar, a la reproducción valórica de la prole mientras el macho se dedica a proveer.
Esta se constituye en la única y auténtica familia. Si los datos estadísticos y sociológicos dan la espalda a este marco conceptual y valórico, peor para la realidad.
El 67% de los hijos/as nace fuera del matrimonio; la tasa de nupcialidad ha bajado dramáticamente en nuestro país: según la Casen 2009 “del total de familias nucleares, el 45.6% de los jefes de hogar están casados, el 18.2% es soltero, el 15.1% es conviviente o pareja y el 10.4% es viudo.
Desde 1990 se observa una disminución del porcentaje de casados y, como contrapartida, aumentan las familias con jefes solteros y convivientes, el 30% de los hogares reales tienen a una mujer como jefa de hogar.
En esa matriz conservadora de la derecha, esos datos no son realidades que hay que reconocer, ayudar a que puedan salir adelante ampliando el foco de las políticas públicas; desde esa perspectiva, una familia constituida de las múltiples maneras en que hoy se constituyen las familias en Chile es más un problema a solucionar.
Las políticas públicas operan como un mecanismo de castigo premiando a las familias correctas. Esto no es mero discurso.
Allí están las reformas propuestas en la Ficha de Protección Social por el ex ministro Kast que ya no considera como vulnerable a un hogar con jefatura femenina, que tiene los hijos a su cargo; el bono “bodas de oro” que solo es para los matrimonios, o la Ley de Fonasa que no permite ni a los hombres ni a las mujeres tener como carga de salud a sus convivientes.
Todo ello evidencia la miopía de la derecha; la miopía de no ver con claridad cuanto ha cambiado nuestro país; la miopía de no poder aceptar que las distintas familias pueden tener los mismos defectos y virtudes; la de no aceptar la libertad de los sujetos para tomar sus propias decisiones y la de no reconocer que el deber del estado no es “premiar” a la familia correcta sino apoyarlas a todas, para hombres y mujeres, para que puedan realizarse plenamente.
Por ello no nos sorprende el rechazo de la derecha a reformar la legislación de matrimonio civil abriendo la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero el Intendente va un paso más allá.
No solo las familias “raras” son malas porque van en contra del derecho natural sino que además, ellas están integradas de tal manera que no es posible tener las condiciones adecuadas para formar personas íntegras, civilizadas, que aporten a la sociedad.
La evidencia está en la calle: niños y niñas carentes de afecto, tirando piedras, destruyendo la propiedad pública, sin formación, vagando por la vida, prisioneros de la droga, alterando la convivencia social. En síntesis, puros problemas.
Olvida el Intendente reflexionar en las otras razones que explican de mucha mejor manera esta situación: falta de oportunidades, injusticias sociales estructurales, discriminaciones; es más sencillo responsabilizar a las familias “anormales” privatizando el problema.
Cabría preguntarse en qué tipo de familias se han formado los empingorotados e ilustrados gerentes de La Polar y de otras empresas que cotidianamente abusan de los ciudadanos y trabajadores.