¿Será esta la hora de los otros?
¿De aquellos hijos de temporeros que contra toda racionalidad protagonizaron una huelga de hambre en Buin?
¿Será este instante de los estudiantes y también el momento de los trabajadores?
¿O será esta revuelta sólo el estallido que empuja a Chile a otro pacto político que ahoga a los actores sociales?
La movilización por educación gratuita y de calidad, que el pasado domingo reunió a cientos de miles de personas en la capital, comenzó ya a rodar pactos políticos y equipos de trabajo en gobierno y oposición.
Con las municipales de 2012 ad portas, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista acordaron un apoyo mutuo en la lista de alcaldes. Sólo falta incluir al Partido Progresista de Marco Enríquez-Ominami.
Los centros de pensamiento de esas agrupaciones, de forma inédita, comenzarán a trabajar una plataforma programática común, reveló el presidente del PC, Guillermo Tellier.
En el gobierno, con muchos pensando que la presidencial de 2013 está resignada, la unidad es un imperativo sin discusiones, aunque las fisuras valóricas y económicas parecen no cesar en temas como las uniones civiles y la reforma tributaria.
Los ministros Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Andrés Allamand, en medio de la altisonancia de otros líderes oficialistas, intentaron los últimos días dar señales de diálogo y regreso a la normalidad, aunque desechando cambios electorales o plebiscitarios.
Pero ¿resolverán estos reacomodos y nuevos escenarios, el problema de un desarrollo más integral para Chile en los planos educativo, político, territorial, social, energético, ambiental y económico?
El actual modelo de desarrollo, algunos de cuyos excesos a nivel internacional derivaron ya en dos crisis económicas desde 2007, hace persistir en Chile inequidades que nadie niega.
Algunas cifras impresionan. Un estudio de la Universidad de Chile, revela que el ingreso per cápita de los más pobres es 78 veces (sí, setenta y ocho) menor que el de los más ricos.
Que mientras la mitad de los hogares vive con menos de 450.000 pesos (unos mil dólares), las diez familias más ricas acumulan un patrimonio de unos 75.000 millones de dólares, tres veces el PIB de Bolivia.
El economista Joseph Ramos, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, planteó que si Chile sigue creciendo a tasas de seis por ciento logrará alcanzar el PIB de Portugal, el más bajo de Europa, recién en 2022.
Pero también alertó que los chilenos, dada la estructura de distribución del ingreso, seguirán teniendo más pobres que Portugal. Para resolver ese “detalle”, Chile debe reducir a la mitad de desigualdad, dijo Ramos.
El desarrollo, por tanto, no es sólo un problema de alza del PIB. A fines de la década podrían ser desarrolladas las empresas chilenas transnacionales, no la sociedad y sus territorios.
Cambios profundos a esta realidad requieren transformaciones mayores en el actual modelo de desarrollo, el que favorece la concentración política, económica y también medial.
Una concentración que permite incluso que entidades financieras, las AFP, obtengan lucro de las imposiciones de los trabajadores. O que la televisión estatal deba armar sus programas en función del mercado, buscando lucro y no contenidos.
Modificar esto requiere más que nuevos pactos políticos, necesita de una sociedad permanentemente movilizada. Los intereses son muy grandes.
Ello supone fortalecer los movimientos sociales en términos estratégicos. Son ellos los que deben levantar centros de pensamientos, los proyectos país. O caeremos en una nueva inamovilidad.
Hay que fortalecer el espacio público y la democracia. Y ese no es siempre el interés estratégico de los partidos políticos, por desgracia.
Las reformas, necesariamente graduales, deberían apuntar en un plazo razonable a devolver a la ciudadanía su soberanía económica, política, medial y social.
Por ello, es indispensable pensar no sólo en una educación gratuita y de calidad, que no deje al mercado los desafíos de la investigación y formación, sino también en otra serie de reformas.
Las más urgentes son la constitución de una AFP estatal, un modelo solidario de financiamiento en salud, una reforma tributaria que mejore la distribución del ingreso, una reforma electoral y por cierto una nueva constitución que nazca por primera vez de un acto soberano y no de una asonada.