Profunda fue mi sorpresa, cuando un joven me informó, que el juez que sustancia su causa le pidió un contrato de trabajo para otorgarle la libertad.
Me pareció retroceder en el tiempo, casi 20 años atrás, ya que como Capellán Nacional de Gendarmería, proveí de cientos de estos certificados a petición de los interesados que justamente alcanzaban la libertad cuando ostentaban dicho documento.
Creí que esa práctica ya estaba obsoleta, pues en la actualidad la inmensa mayoría de las personas, ajenas al mundo delictual, saben que mucho antes que un puesto de trabajo, para los que han incurrido en delitos, es preciso prepararlos y capacitarlos para integrarse con éxito a la sociedad.
Por otra parte, si las instituciones encargadas de la socialización de quienes han pasado por los centros de privación de libertad, no cumplen con su cometido y un simple certificado laboral es suficiente para alcanzar la libertad, se comprenden los altos índices de reincidencia, que otra vez condena a quien delinque, ya que no tuvo las herramientas necesarias para encontrar nuevas oportunidades para su vida.
Invito a los señores jueces a conocer experiencias rehabilitadoras eficientes, que hacen efectivamente posible, a quienes cometieron delitos, tener nuevos horizontes , en donde se ofrecen caminos de esperanza junto a sus familias, de manera de cerrar, de una vez y para siempre, a quienes transitaron por sus veredas, el círculo infernal de la delincuencia.
Consecuente con lo anterior, ¿no sería mucho más oportuno y ajustado a los tiempos modernos, que la promesa de libertad descansara en la derivación hacia algún programa de acompañamiento post-cárcel, más que en un certificado de trabajo que se puede conseguir por una módica suma de dinero?