El Programa de Gobierno de la derecha, nos prometía un Gobierno para el Cambio, el futuro y la esperanza, teniendo como eje principal en la construcción de este “sueño” una sociedad de seguridades.
“No abandonaremos el sueño de construir una Patria libre, grande y justa y haremos realidad el desafío de una sociedad de oportunidades para todos, una sociedad de seguridades para todos y una sociedad de valores para todos”.
Suponía que para construir una “auténtica sociedad de seguridades” era fundamental ocuparse de:
a) La situación económica que afecta a la mayoría de los chilenos –la que a juicio de ellos se vio agravada en los últimos años “por un debilitamiento en la capacidad de crecimiento y generación de puestos de trabajo de la economía chilena”;
b) Trabajo, principal preocupación de los chilenos; y
c) Mayor cobertura y calidad en educación, en la salud, en la previsión social y en la vivienda.
En efecto, un Estado que se asume benefactor transmite seguridad a quienes componen una determinada sociedad. Pero esta puede convertirse en una sensación transitoria, cuando el discurso no va acompañado de señales, léase políticas concretas, coherentes y consistentes con lo meramente declarado.
Tal es el caso del anunciado Postnatal de 6 meses. En el discurso, aparentemente era una política pública que ampliaba derechos a las mujeres trabajadoras, cualquiera fuera su condición contractual.
Sin embargo, cuando una iba al proyecto enviado al Congreso, se encontraba con algo muy distinto, muy confuso y que terminaba por hacernos retroceder en derechos, cuestión que va contra toda convención y/o tratado internacional de derechos humanos de las mujeres.
Era un proyecto cargado de prejuicios en torno a la participación laboral femenina y con una clara intención de legitimar los trabajos “inestables, no formales, indecentes” a los que “debemos” aspirar las mujeres.
Muy contraria a la labor histórica de las organizaciones de mujeres que han intentado –mediante un sin número de estrategias- de mostrar que: no es más caro contratar a una mujer que a un hombre; que las mujeres valoran sus trabajos remunerados tanto como o más que el trabajo de cuidado de sus hijos-as y otras personas dependientes; y que nos merecemos trabajos estables, con contrato, con iguales remuneraciones que los hombres, con las mismas oportunidades de desarrollo y ocupación de cargos de poder, etc.
Finalmente era un proyecto que no se hacia cargo de la discriminación histórica que han experimentado las mujeres a partir del mandato socio-cultural que las piensa como las únicas y principales responsables del cuidado de los-as hijos-as y de lo doméstico.
Las consecuencias de este tipo de acciones son feroces y se pueden visualizar en distintos planos: en lo personal, las mujeres nos sentimos engañadas y violentadas institucionalmente. En lo colectivo discriminadas y vulnerables frente a un Gobierno que busca quitarnos derechos.
La conclusión es obvia. Frente a la promesa y/o sueño de una sociedad de seguridad para todos, la realidad de la acción gubernamental nos golpea y nos hace sentir engañadas, violentadas, discriminadas y vulnerables, en síntesis INSEGURAS.
Seguramente el segundo piso de La Moneda se preguntará cómo reponerse frente al 56% de la población chilena que dice que el Presidente Piñera le genera poca o nada de confianza, y que es poco o nada creíble (57%).
La respuesta no está en la política de los acuerdos, donde los derechos de las mujeres siempre fueron moneda de cambio “transables” por otros temas que no podían esperar.
La respuesta está en hacernos sentir más seguras, ¿cómo? Ni un paso atrás en lo conquistado y mil pasos más por más derechos y oportunidades.