La aprobación de la construcción de las cinco centrales de Hidroeléctricas en Aysén constituye una vergüenza nacional. El gobierno ha demostrado el poco valor que le otorga a la preservación de nuestra Patagonia, prefiriendo favorecer a los grandes negocios eléctricos, sin detenerse ante el enorme daño que se hará al patrimonio natural del país.
Estas megas centrales, la mayor inversión de este tipo en nuestra historia, fueron aprobadas por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) en un proceso repleto de irregularidades. Incluso el mismo día en que los seremis debían pronunciarse, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró públicamente que era bueno para Chile que HidroAysén se aprobara, ejerciendo de este modo una presión brutal sobre autoridades subordinadas al Ejecutivo.
Tanto las autoridades gubernamentales como la empresa dueña del proyecto han faltado a la verdad al afirmar que si no se construye HidroAysén se pondrá en peligro el suministro eléctrico para la población; tal afirmación constituye una repudiable campaña del terror. La verdad es que este proyecto pretende destruir la Patagonia para llevar energía a los proyectos mineros del norte, que serían los principales beneficiados por HidroAysén.
Es verdad que el país necesita energía, eso no lo dudamos. Pero es fundamental que de una vez por todas seamos capaces de definir una política nacional energética sustentable y eficaz. Somos los chilenos y no el mercado quienes debemos tomar las decisiones.
Desde mi posición en el Parlamento, voy a impulsar un gran debate ciudadano para que seamos los chilenos quienes construyamos una política nacional energética, que no deje este tema en manos de las iniciativas depredadoras de los intereses económicos privados.
Más allá de esa discusión de proyectos, lo que este gobierno ha hecho a la Patagonia es una aberración. No se trata de una central más, se está minando un patrimonio no sólo de Chile, sino que de todo el mundo, porque no existe otra reserva natural igual en el planeta.
La irregular aprobación de este proyecto deberá enfrentar un camino que no se ve despejado. Las organizaciones que se oponen al proyecto anunciaron que recurrirán al Consejo de Ministros que tendrá que enfrentar toda la presión ciudadana. También se continuará con demandas ante los tribunales de justicia, y existe la opción de recurrir ante organismos internacionales para detener esta aberración que se pretende cometer contra la Patagonia chilena.