Quiero comenzar esta columna agradeciendo a Radio Cooperativa por este nuevo espacio de opinión que pone al servicio de quienes visitan su página web. Valoro y destaco este esfuerzo, en especial porque se da en un contexto en que el derecho de información está desvirtuado en nuestro país dado el alto grado de concentración que existe en los medios de comunicación. En este escenario, resalta el ejemplo de esta emisora, uno de los pocos medios realmente democrático y que hace un periodismo de calidad y pluralista, dando cabida a todos los sectores.
En esta ocasión, quisiera comentarles algunas cosas acerca de una de mis mayores inquietudes. Me refiero al centralismo. En nuestro país el proceso de descentralización está paralizado y si algo ha avanzado, en ningún caso cumple con las expectativas que las regiones y las comunas se habían creado con la llegada del nuevo gobierno. Lo veo a diario en mi circunscripción: municipios empobrecidos, disminución de recursos, ausencia de proyectos nuevos relevantes, postergación de otros que venían de arrastre y todas las decisiones se toman unilateralmente en Santiago. Raya para la suma: el centralismo sigue siendo una característica medular del Estado de Chile.
En este ámbito, sobre todo me preocupa la severa crisis financiera que afecta a buena parte de los 345 municipios del país. Sería largo explicar aquí las causas del déficit municipal. Más bien prefiero centrarme en las soluciones. Y en este sentido, creo indispensable dar pasos más audaces, ya que lo realizado en los últimos veinte años está lejos de ser satisfactorio. Para mí la cosa es muy clara: si queremos que las municipalidades sean verdaderos gobiernos locales promotores del desarrollo, entonces Chile no puede seguir tratándolos como el pariente pobre del aparato estatal. Por eso estimo que es urgente impulsar una reforma que asuma la modernización integral del sistema municipal, favoreciendo una mayor autonomía de los municipios y reconociendo la heterogeneidad de los gobiernos comunales, de manera de promover la equidad territorial.
En la práctica, esta iniciativa debiera dotar a las municipalidades de una mayor profesionalización de sus recursos humanos y adecuar sus estructuras institucionales a las nuevas realidades; entregar a los municipios los recursos que requieren para cumplir tanto sus obligaciones propias como las que le son encomendadas y otorgarles mayor flexibilidad en su gestión; ampliar y racionalizar sus facultades y mejorar los métodos de servicio para lograr una mejor calidad y constituirse en agente de desarrollo local; y fortalecer las facultades edilicias y del Concejo, así como también promover una mayor transparencia, participación y control ciudadano.
Respecto al tema del financiamiento, esta reforma debe atacar su principal falencia: ser un constante generador de inequidades y brechas entre las comunas más ricas y aquellas que son más vulnerables. Los gobiernos se han acostumbrado a adoptar medidas transitorias, generalmente por la vía de inyectar ingresos excepcionales al Fondo Común Municipal, para resolver fallas estructurales. Los hechos demuestran que esta tendencia no ha solucionado los problemas de fondo para financiar a los municipios. Por ello, creo que debemos avanzar hacia una nueva modificación redistributiva al interior de los territorios comunales de nuestro país. Me refiero a una Ley de Rentas Municipales III, que profundice la redistribución desde las comunas de mayores ingresos hacia las demás por la vía del Fondo Común Municipal y que permita reunir unos 50 mil millones de pesos adicionales.
Asimismo, el Estado no puede ser socio de los municipios otorgándoles apenas el 1,3% de los recursos del Fondo Común Municipal. Este debe incrementarse para llegar al menos al 5%, pasando de los 8 mil millones de pesos actuales que entrega vía Presupuesto a unos 40 mil millones de pesos. En la práctica, esto significa unos 12 mil millones más al año, pues los gobiernos generalmente hacen aportes extraordinarios del orden de los 20 mil millones de pesos que se suman a los 8 mil citados anteriormente.
En definitiva, no podemos seguir con esta descentralización a medias. Chile necesita que sus municipalidades sean promotores del progreso local, que cuenten con capacidades financieras suficientes para poder cumplir con la amplitud de sus competencias y que tengan la mayor autonomía posible.
Sinceramente, creo que esto no es ninguna utopía. Es más, pienso que están dadas las condiciones para hacerlo y así poder aprobar una de las asignaturas pendientes de nuestro proceso de desarrollo.