Opinión en Cooperativa

Víctor Maldonado

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Las audiencias de formalización del caso Penta y su trasmisión diaria en una virtual cadena nacional cambiaron drásticamente la percepción que tenemos sobre el poder. Los televidentes fueron más conscientes de este cambio que sus mismos actores directos. Antes que nada está claro que el poder fáctico se maneja mejor ente bambalinas que a plena luz.

Para quien miró desde su televisor las escenas de las audiencias y escuchó las declaraciones de los inculpados más locuaces, queda en evidencia que los querellados no terminan de hacerse a la idea de que sus días de esplendor e impunidad han quedado en el pasado. La exhibición de su convencimiento más completo de pertenecer a una casta especial a la que las leyes comunes no tocan, no dejó de sorprender nunca.

Por sobre todo, destacó el rechazo ofendido a ser catalogado de delincuente. Sin embargo, cometer un delito no es una apreciación sino un hecho. Es un delincuente quien es culpable de quebrantar la ley. Eso lo sancionan los tribunales y por eso se paga con distintas penas. Pero aquí tenemos personas que jamás se han arrepentido o disculpado por hecho probados, pero que encuentran del todo atendible que se les siga brindando el respeto y la consideración social de la que siempre han gozado. En su concepto, no importando lo que hagan, ello han sido deben seguir siendo intocables.

Por eso, la imagen que siempre trasmitieron es la de incredulidad. Por eso, también, de este episodio quedarán para la historia frases notables por su arrogante ingenuidad. Hasta el momento, la declaración más desatinada que ha logrado la primacía para quedar en el recuerdo es la de Délano: “Penta es una máquina para dar trabajo”. Tenemos aquí una demostración casi insuperable de un poderoso desubicado, que recurre como última defensa a su costumbre inveterada de corregir a un representante del poder judicial, aclarándole cómo es que tiene que ver las cosas. Quien nunca se tuvo de que defender sólo sabe atacar. El problema estriba en este caso en que aquí no le sirve para nada los desplantes. Él es el juzgado, no el juez.

Sin embargo, hay una declaración que, perfectamente pudiera disputar el primer lugar y es la de Carlos Lavín quien –con sinceridad- se lamentaba que toda una vida dedicada a los negocios fuera ensuciada por gente que “hurgaba en la basura de la casa”. Una traducción libre de estas declaraciones sería algo así como “¿porqué se preocupan de estas pequeñeces?”  y jamás como “pido perdón por mis errores”.

En forma permanente los inculpados se sorprenden de ser tratado como malhechores. Da la impresión que, justo al borde de que fueran sancionados, los inculpados seguirán teniendo la imagen de un delincuente como un sujeto mal vestido, con una cicatriz en la cara, casi con seguridad con un diente de oro y portando un arma de fuego o escondiendo un cuchillo entre sus ropas. En otras palabras, en esta concepción el delincuente es por definición un delincuente pobre. Los demás recibían otros nombres y otro trato. Habla bien de este país que haya dejado de ser así y, finalmente, todos lo terminarán por entender.

La diferencia que media la realidad judicial de los imputados en el caso Penta y lo anticuado de su manera de comprenderlo es la misma distancia que existe entre la forma actual en la que la opinión pública procesa las faltas a la ética en la política y los negocios, comparada con lo que era común hace pocos años. La diferencia es notable y ha de ser motivo de esperanza más que de frustración.

En estos momentos el estado de ánimo más común es predominantemente negativo. Combina la desconfianza, la desilusión, el desanimo y la rabia. Dados los hechos conocidos, no hubiera sido saludable que ocurriera de otro modo. Hubiera mostrado una ciudadanía insensible en lo político e impávida en lo ético. Afortunadamente la reacción colectiva es sana y vital.

Ahora lo que hay que lograr es poner al día nuestras instituciones, conseguir una renovación de nuestros liderazgos políticos acorde a las nuevas exigencias y cambiar prácticas hoy inaceptables a la luz de evaluaciones éticas más exigentes.

Cuando se quiere hacer frente a una verdad difícil de asimilar, lo que se hace es fijar la atención sobre un aspecto lateral. En este caso, lo que más fue destacado de las formalizaciones por el caso Penta –por parte de la defensa- fue el show mediático al que han sido sometidos los que hoy se encuentran en prisión preventiva o arresto domiciliario.

En el fondo, saben que no se podía esperar otra cosa. A un exceso de oscuridad y ocultamiento, ha seguido un exceso de exposición. Lo único que mostró la cantidad de cámaras y tiempo dedicados por los medios de comunicación a cubrir el proceso es, simplemente, el interés ciudadano en ver en detalle un hecho inédito: los poderosos pueden caer y caen.

Más vale preocuparse de no cometer ilícitos que en quejarse de los inconvenientes que les acarrea el trasgredir la ley. Además, todos debiéramos advertir para los más diversos efectos, que este es el primero, pero no será el último episodio de esta naturaleza para quienes sigan el mismo camino irregular de los que hoy empiezan a ser sancionados.

No puede haber borrón, pero sí puede haber cuenta nueva. Los juicios en curso, y los que se puedan abrir en estos días, han de seguir su camino hasta sancionar a quienes resulten responsables. Proteger instituciones no es proteger personas, por destacadas que sean. Lo imprescindible es legislar para que se perfeccionen las normas existentes; agregar y endurecer penas; permitir fiscalizaciones efectivas; actuar sobre las dos puntas del camino, es decir sobre el sector público y también sobre el sector privado; hacer de la transparencia una práctica todavía más amplia y consolidada.

En otras palabras, se requiere demostrar -ante los ciudadanos- que se ha sabido reaccionar ante situaciones escandalosas, y que eso ha dejado huella permanente en nuestras instituciones. Sin embargo, esto no basta. No han de cambiar únicamente las normas sino también los comportamientos.

Se necesita un cambio en los liderazgos políticos y empresariales. Es tan simple pero tan decisivo como aceptar que ya no existen intocables. Que las reglas corren para todos, y que las puertas de la cárcel se abren para todos los infractores, tengan o no cuello y corbata. El que no lo entienda debe apartarse de los puestos de responsabilidad.