Basta escuchar el relato de Andrés Jara, periodista de Radio Cooperativa agredido y esposado injustificadamente por Carabineros mientras cubría el incendio de Huechuraba, para darnos cuenta de que se está instalando en nuestro cuerpo policial una cultura de irrespeto por los profesionales de la información.
Transcribo el relato tal como informó Cooperativa: “Andrés Jara, quien ya está en libertad, relató que se acercó hasta el límite de la zona de seguridad fijado por Carabineros donde se identificó como periodista de Cooperativa”.
“Allí un funcionario de Carabineros le permite pasar a la zona; sin embargo, un uniformado en moto lo increpa y le dice que no puede estar en el lugar. El periodista explicó que no salió de la zona de seguridad, por lo que el carabinero lo reduce agarrándolo de uno de sus brazos y lo esposa mientras está recostado en el suelo junto a la moto de la institución”.
“A raíz de que Andrés Jara comienza a moverse, la moto cae por lo que el carabinero toma al periodista, lo lleva a un poste y lo esposa a un cable diagonal poniendo un paño sobre las esposas para taparlas. Después de ello, el periodista fue trasladado a constatar lesiones, quedando detenido en la 54 Comisaría de Huechuraba bajo el cargo de maltrato a obra de Carabineros. Según testigos en el lugar, nunca existió una agresión del periodista.” Hasta aquí el relato.
Los contactos habidos entre el Colegio de Periodistas y la Dirección General de Carabineros para terminar con esta aberrante conducta represiva y obstruccionista desgraciadamente no han fructificado, pese a los protocolos acordados por ambas partes.
En el maltrato a los periodistas de parte de los funcionarios policiales se está reproduciendo la misma conducta denunciada por los ciudadanos de Aysén.
Nos impresiona la imagen de impotencia del Director General de Carabineros haciendo un reconocimiento implícito de que en las Fuerzas Especiales se podrían estar produciendo incluso delitos que ameritarían la comparecencia de algunos de sus miembros ante los tribunales.
Si la sociedad chilena le entregó a los periodistas la misión de informarla veraz y oportunamente, así como le encargó a los médicos velar por su salud física y mental, el Estado debe garantizar el libre ejercicio del periodismo.
Es más, en el Estado democrático, el periodista debe ser protegido por las autoridades. De esa protección depende la calidad de la información de la ciudadanía, en pocas palabras, depende la Democracia.
Por eso, las agresiones policiales a los periodistas son un problema de Estado que debe ser resuelto con sentido de urgencia por sus máximas autoridades.