Recientemente se aprobó en el Senado, en el marco de la agenda corta de seguridad, una indicación que faculta a las policías a realizar controles preventivos de identidad, incluyendo a niños entre 14 y 18 años, lo que resultó controversial dado que podría vulnerar los derechos de los niños y niñas, algo que a 26 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, resultaría un retroceso.
Sin embargo, este punto logró ser abordado a tiempo ya que se incorporaron una serie de medidas para asegurar la protección a los menores de edad: el control será sólo a mayores de 14 años; para este tramo etario la retención podrá durar como máximo una hora (a diferencia de las cuatro horas que están definidas para los mayores de edad); este control se podrá realizar en espacios públicos o privados con acceso público y por último, los jóvenes podrán presentar cualquier medio de identificación que sea emitido por una institución pública.
Todos estos elementos serán de mucha relevancia a la hora de prevenir la vulneración de los derechos que todas las personas, y muy especialmente los niños, tenemos ante la Ley.
Sin duda, la incorporación de estas medidas constituye un avance en la protección a los niños y niñas, ya que una de nuestras preocupaciones es que se les tratara igual que a los mayores de edad, algo que ya habíamos logrado alcanzar a partir de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, momento en que se reconoce la importancia que tiene distinguir a una persona que es mayor de edad respecto de un niño, niña o adolescente, que se encuentran en una etapa de desarrollo distinta y con recursos psicosociales y emocionales muy distintos a los de un adulto, lo que implica un tratamiento diferenciado para los menores de 18 años.
Ahora, uno de los puntos más relevantes es el rol que tenemos como padres ante este tema, como por ejemplo, saber dónde están nuestros hijos, asegurarnos que cuenten con algún documento identificatorio desde el minuto en que se movilicen solos (más allá de su edad), que cuenten con contactos de emergencia para que, en caso de tener un accidente o al ser controlados y trasladados a una unidad policial, puedan contactarse a la brevedad con un adulto responsable para que estén acompañados mientras dure el procedimiento.
Es decir, que todos nos hagamos parte de la solución y después no tengamos que lamentar un efecto adverso de una ley que, si es bien aplicada, esperamos sea un avance para nuestro país en materia de seguridad ciudadana.
Una vez que sea publicada la Ley, como Servicio daremos a conocer masivamente todas las herramientas que tendrán a disposición los jóvenes para ejercer sus derechos.