Hoy fue necesario llamar a un amigo abogado para poder aclarar una duda que no dejaba dormir a mi abuela.
Ella me había preguntado si el requerimiento por Ley de Seguridad del Estado presentado en Aysén por el ministerio del Interior era “serio”.
Yo le contesté que era evidente que, si bien esta es una medida “política”, no me cabía duda que el ministerio del Interior debió haber acompañado pruebas y antecedentes para pedir a los Tribunales se aplicara esta ley a los “requeridos”.
Mejor les relato tal cual se produjo la conversación entre nosotros, no sea cosa que me quieran requerir por omitir alguna frase o agregar algo.
Mi abuela, luego que yo sostengo que no es posible pensar que el ministerio del Interior hubiese “inventado” los antecedentes que entregó al tribunal para requerir a 22 personas por Ley de Seguridad del Estado (por los actos de violencia en Aysén, entre los más importantes la quema de un bus de carabineros y de un carro lanza agua o lanza gases), me interrogó de la forma siguiente:
Dime entonces ¿cómo se explica que en ese listado los que aparecen son dueñas de casa, pequeños empresarios y simples pobladores?
Bueno abuela, no sé cómo explicarlo. Sin embargo, todos fuimos testigos de situaciones muy complicadas: un número importante de pobladores heridos con perdigones, varios con daños oculares de diferente magnitud, y la quema de estos vehículos policiales por parte de los protestantes.
Una respuesta así no es suficiente para ella, y por eso insistió.
¿Entonces en Aysén se cometieron actos que requieren ser castigados?
Claro abuela. En nuestro país si alguien comete una falta a las leyes debe ser castigado. Lo que ocurre es que la “Ley de Seguridad del Estado” aumenta el rigor de la aplicación de la ley y aumenta las penas.
Me miró y me dijo, déjame ver si entiendo: las faltas hay que castigarlas igual, lo que ocurre es que la Ley de Seguridad las hace más graves.
Muy bien abuela. Así es. Si es posible identificar a quienes cometieron las faltas, es necesario someterlos a juicio y castigarlos.
Gracias me dijo. Ya entiendo. O sea lo que ha hecho el ministro Hinzpeter al retirar las denuncias contra este grupo de ciudadanos ¿es perdonarlos?
Abuela. Mucho me parece que el ministro no tiene derecho a perdonarlos. Digamos que lo que puede hacer es retirar el requerimiento.
A ver, a ver, me dijo. Esto se me está confundiendo: él retira el requerimiento y ¿la investigación continua?
Así es. El Ministerio Público debe investigar. Y me imagino que utilizará los antecedentes que fueron entregados a los tribunales en el requerimiento del ministerio del Interior. ¡Porque imagino que estos datos eran serios y no un montaje o un invento!
Se quedó pensando unos segundos. Qué complicado es esto, me dijo, fíjate que he escuchado que el delito de incendio es uno de gran gravedad. ¿Me estás diciendo que las 22 personas pueden seguir siendo investigadas y luego procesadas?
Parece que así es. Es un hecho objetivo que “alguien” quemó un bus de carabineros y un carro policial, y lo es también que el ministerio del Interior pidió que se procesara a 22 personas y para ello presentó pruebas.
Bueno, pero ahora las retiró. Entonces, ¿no debe quedar todo en cero y así se cumple la palabra del ministro de retirar el requerimiento?
Abuela, el ministro Hinzpeter cumplirá su palabra de retirar el requerimiento. Lo que quiero que sepas es que el Ministerio Público, dirigido por Sabas Chahuán debe investigar y encontrar a quienes cometieron estos desaguisados; usará -creo yo- los antecedentes que el ministro le entregó al tribunal cuando requirió a los 22.
Se sonrió y me preguntó: ¿Sabas Chahuán es ese señor que fue tan maltratado por el ministro del Interior? ¿Ése al que el ministro acusaba de no hacer lo suficiente para detener a los que cometen delitos?
Bueno abuela, yo creo que tuvieron un par de controversias pero nada que no sea normal cuando se ocupan estos cargos.
En eso estábamos cuando llegó mi amigo abogado. Él, mi amigo, es muy apreciado por mi abuela y ella lo considera uno de los sujetos más inteligentes que conoce. Se pusieron a conversar mientras yo buscaba una copa de vino (de 127 cc., para no sobrepasar lo que la nueva ley establece como límite para conducir).
Cuando regresé ya lo tenían todo conversado. No me enteré en detalle de lo que hablaron ni de los juicios emitidos. Lo único que puedo decir es que ella estaba sonriente.
Lo poco que alcancé a escuchar fue que mi abuela decía: “Menos mal que Chahuán usará los antecedentes que le entregó el ministerio del Interior al tribunal. Por un instante, me llegué a preocupar de que alguien pudiese ser condenado”.
Mientras degustaba mis 127 cc. de vino pensaba que lo que realmente me quiso decir, fue que le preocupaba que alguien podía resultar “injustamente condenado”.